Indignación en la Guardia Civil por la baja fianza que pide el fiscal en el 'caso Barbate'
Tres imputados por el asesinato de los agentes han solicitado libertad provisional frente a la oposición de las acusaciones
Los juzgados de Barbate, en una imagen de archivo. | EP
Las defensas de tres de los imputados por el asesinato de los dos agentes de la Guardia Civil en el puerto de Barbate en febrero de 2024 han solicitado al juez del caso su puesta en libertad provisional. Una petición que se ha encontrado con el rechazo frontal de las acusaciones particulares personadas en la causa, especialmente la de las organizaciones mayoritarias del instituto armado, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y Jucil. Ambas han mostrado su indignación también con la Fiscalía después de que haya planteado fianzas de 10.000 y 15.000 euros a los investigados que tripulaban la embarcación que arrolló mortalmente a los agentes, en caso de que el juzgado acuerde sacarlos de prisión. Un depósito «muy bajo» que deja la puerta abierta a la excarcelación, a juicio de estas asociaciones.
La AUGC alerta de la «extrema gravedad de los delitos investigados» —dos delitos de asesinato, cuatro en grado de tentativa por los cuatro agentes que viajaban en la embarcación del instituto armado y sobrevivieron, uno de contrabando y otro de organización criminal—, así como de la elevada petición de penas a las que podrían enfrentarse los imputados para justificar el mantenimiento de la prisión provisional. Considera además que existe un alto riesgo de fuga, teniendo en cuenta que todos ellos estuvieron en busca y captura en el país alauí, lo que pondría en peligro la celebración del juicio oral.
Niegan el riesgo de fuga
De confirmarse la petición de libertad provisional, el único que continuaría en prisión sería el presunto autor de los hechos, Karim El Baqqali, al que acusan de ser el piloto que embistió a la zodiac y fue detenido en septiembre de 2024. Los otros tres investigados, Abdennour El Hichou, Mohamed Laachiri y Yassine El Morabet, rechazan el riesgo de fuga porque tienen arraigo en España y niegan haber cometido el asesinato de los dos guardias civiles, según transmiten fuentes jurídicas. Una versión que han mantenido desde su primera declaración. Admiten que estaban en la embarcación que causó la tragedia, pero justifican que todo fue «un accidente» provocado por el cansancio que acumulaban todos ellos tras permanecer muchas horas en el mar.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles considera «insuficiente» la fianza de «10.000 o 15.000 euros por cada uno de los acusados» que les impondría el Ministerio Fiscal en caso de que fuesen excarcelados y, por este motivo, ha solicitado al titular del Juzgado de Instrucción número uno de Barbate que se les imponga una fianza no inferior a los 30.000 para quienes han solicitado la libertad; todos ellos, advierten, vinculados a redes de narcotráfico y con un algo riesgo de evadir la justicia.
Entre tanto, el letrado de la AUGC también ha recordado al magistrado que aún está pendiente la elaboración de un informe pericial de navegación marítima que determinará el grado de participación que tuvo cada uno de los investigados en los hechos, por lo que consideran «apresurado» cualquier movimiento que pudiera afectar al avance del procedimiento antes de que se sume ese dosier al sumario del caso.
«No podemos permitir que la muerte de nuestros compañeros caiga en el olvido, ni que dentro de un año estemos lamentando una nueva tragedia. El narcotráfico representa un problema de extrema gravedad que debe ser combatido con firmeza y urgencia. Para ello, es imprescindible que todo el peso de la ley recaiga sobre los responsables de este crimen. Estamos ante un asunto de la máxima seriedad, por lo que nos oponemos firmemente a la concesión de su libertad, dadas las consecuencias y riesgos que esta podría implicar», censura Jucil.
Giro en la investigación de la Guardia Civil
La detención del cuarto y último tripulante de la narcolancha, Abdennour El Hichou, el pasado mes de mayo, puso el broche a una compleja investigación que tuvo un giro de guion a los tres meses de que se produjese el suceso en el recinto portuario de Barbate. Hasta entonces, la Guardia Civil se habían centrado en seis personas, detenidas y posteriormente puestas en libertad, que en realidad no eran los autores del crimen, tal como adelantó THE OBJECTIVE.
Un informe de la Guardia Civil en el que se analizaron numerosas imágenes testimonios de testigos y un vídeo clave, aportado por la defensa de uno de los investigados, José Antonio G.C., que sitúa a los imputados por el asesinato a unos 600 metros de donde se produjo la embestida, probó que los citados detenidos no eran los responsables del choque mortal.
«Consecuentemente, es posible descartar la participación de los actualmente investigados en la perpetración de los delitos de asesinato y atentado agravado objeto de las presentes pesquisas, sin que ello afecte a la presunta comisión de un delito de contrabando», señaló el dossier, elaborado por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz y de la Sección de Homicidios, Secuestros y Extorsiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.