Marlaska se olvida de los cuarteles afectados por la dana: «En Paiporta no tenemos ni muro»

La catástrofe que causó la dana en la provincia de Valencia perdura todavía en algunos de los cuarteles de la Guardia Civil que resultaron arrasados por las riadas. Ocho meses después de la tragedia que causó la muerte de más de 200 personas, distintos puestos del instituto armado continuan sin estar completamente operativos y sus instalaciones tienen un estado lejos del deseable. Una situación que, según denuncia la asociación mayoritaria del cuerpo, Jucil, está afectando directamente a las condiciones laborales y de seguridad de los agentes destinados en las unidades, así como a la calidad el servicio prestado a la ciudadanía. Las obras y reformas de estos puestos se tramitaron por la vía de urgencia, pero desde la Dirección General de la Guardia Civil se han ido retrasando los plazos, critican fuentes de la citada asociación.

En el caso de Paiporta, uno de los municipios más afectados por la dana, las obras para la rehabilitación del cuartel están previstas, en un principio, para el mes de septiembre, es decir, casi un año después. Mientras tanto, en estas instalaciones del instituto armado hay algunos servicios como el de Intervención de Armas que se han estado haciendo en una furgoneta, aparcada en la vía pública y sin ningún tipo de ventilación. Ocurría hasta hace unos días. Tras la quejas de los guardias civiles por las altas temperaturas a las que tenían que hacer frente, la Guardia Civil ha decidido trasladar esta unidad a las dependencias policiales de Albal. 

Las armas se manipulaban a la intemperie y se depositaban en el suelo del vehículo o en plena calle, con los evidentes riesgos que eso conllevaba para los agentes encargados del control como para los ciudadanos que acudían a la furgoneta oficial a realizar los tramites pertinentes, denuncia Jucil. El resto de servicios —atención al ciudadano, denuncias, etc— se están realizando por ahora en unas instalaciones antiguas de la Guardia Civil de Paiporta, que «tampoco son las más adecuadas porque al final estás trabajando en un sitio de prestado», denuncian distintos agentes.

Barro y muros caídos en los cuarteles

Barro, paredes destrozadas, muros caídos y pavimentos levantados son, por otro lado, algunos de los elementos que componen el garaje y la primera planta del cuartel de Paiporta. Un escenario que describe más a un edificio en ruinas que uno en el que viven decenas de familias de la Guardia Civil al tener el puesto integrados distintos pabellones de viviendas. Lo más grave, según cuenta a THE OBJECTIVE Vicente Cazorla, delegado de Jucil en Valencia, es la ausencia de muro perimetral, que quedó reducido a la nada tras el paso de la riada y que hoy sustituyen unas vallas, con la pérdida de seguridad que ello supone, como puede advertirse en la imágenes que ilustran este artículo.

«Cuando el Ejército vino, se sacó el barro, se desescombró y desde entonces todo sigue igual. No se ha hecho nada más. En el cuartel no hay muros, hay unas vallas de obra, tampoco hay cámaras… Al final, esto siguen siendo unas dependencias oficiales, está el armero, las oficinas para todo el tema burocrático, viven muchas familias… No podemos seguir así», denuncia Cazorla. Esta situación ha derivado, además, en que tenga que haber agentes comisionados para vigilar el perímetro del cuartel. «Las plantillas en estas zonas son limitadas y están quitando patrullas para vigilar el cuartel, además de otro compañero de seguridad estático. Al final, todo va en detrimento del servicio que se da al ciudadano», advierte este guardia civil. 

Otros puestos afectados por la dana

Además de Paiporta, hay otros acuartelamientos del instituto armado en la provincia de Valencia que también presentan daños relevantes por las inundaciones, entre ellos, Alfafar, Benaguasil, Chiva, Llombai, Requena y Utiel. Todos ellos, según el informe oficial de la Guardia Civil sobre esa estado de las instalaciones, presentan desde problemas de humedades y deterioro estructural Sin embargo, critica Jucil, «no se ha especificado un calendario de ejecución realista ni se han evidenciado avances concretos, a pesar del tiempo transcurrido y del riesgo operativo que supone mantener abiertas estas infraestructuras en condiciones deficientes».

La situación no es mejor en el Puesto Principal de Llíria, donde los agentes del Área de Atención han denunciado una «sobrecarga laboral inadmisible». En numerosas ocasiones, un solo guardia civil se ve obligado a gestionar simultáneamente la atención ciudadana, la recogida de denuncias, la vigilancia de calabozos y la custodia de detenidos. Las condiciones en las que se recogen denuncias sensibles —como casos de violencia de género, agresiones sexuales o desapariciones— vulneran la privacidad y seguridad de las víctimas. A esta situación se suma la carencia de medios técnicos, como impresoras o escáneres, que agudizan aún más el colapso operativo.

La asociación mayoritaria de la Benemérita alerta de que la falta de planificación, la opacidad en los plazos y la ausencia de medidas preventivas contribuyen a una sensación generalizada de abandono institucional entre los agentes y las comunidades afectadas. Por ello, se exige al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil una actuación inmediata, transparente y coordinada que garantice el retorno a la normalidad en estos puestos y con ello, de unas «condiciones de trabajo seguridad y dignas para los agentes».