La nueva secretaria de Organización del PSOE infló una obra de la trama con un millón de euros

Rebeca Torró, actual secretaria de Organización del PSOE y una de las figuras de máxima confianza de Pedro Sánchez tras la caída de Santos Cerdán, aprobó en 2023 un sobrecoste millonario en una obra ferroviaria en Benidorm adjudicada al empresario José Ruz -investigado en la trama Ábalos-Koldo-Cerdán– durante su etapa al frente de la Consejería de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana.

La obra, financiada con fondos europeos, consistía en la ejecución del paso inferior de la avenida Beniardá de la población de la Costa Blanca, dentro del tranvía metropolitano de Alicante dependiente de la actual secretaria de Organización. El contrato, inicialmente licitado a finales de 2021 por 5,1 millones de euros sin IVA, fue adjudicado a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), propiedad de Ruz, por un importe de 4,3 millones, es decir, con una rebaja del 15% respecto al presupuesto base, lo que le permitió superar por puntuación a otras empresas con mejor valoración técnica.

Aunque la adjudicación formal fue firmada el 13 de abril de 2022 por la entonces directora gerente de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV), Anaïs Menguzzato, el contrato definitivo con LIC se rubricó días antes de que Rebeca Torró asumiera oficialmente su cargo como consejera en mayo. Fue a partir de su entrada cuando se sucedieron dos modificaciones al contrato que acabaron elevando el coste final de la obra por encima del presupuesto inicial, dejando la factura total en 5,2 millones de euros, superando en un 19,80% la adjudicación de un primer momento.

Modificación clave tras la derrota electoral

La clave está en esa segunda modificación presupuestaria, aprobada por la Consejería de Obras Públicas a través de Menguzzato el 7 de junio de 2023, diez días después de la derrota electoral del PSOE en la Comunidad Valenciana y a escasas semanas de que Torró dejara el cargo. Esta variación supuso un incremento de 865.313,07 euros (IVA excluido) a favor de la constructora de Ruz, una de las principales beneficiarias de contratos amañados en la red investigada por el Tribunal Supremo.

El cambio presupuestario levanta serias dudas legales. Fuentes expertas en contratación pública consultadas por este medio señalan que «el sobrecoste no estaba justificado porque en el propio pliego administrativo no se contemplaba ninguna modificación prevista del contrato. Añaden que «cuando no se prevén las modificaciones en el pliego, se pueden realizar según el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), pero con unos motivos bien tasados: circunstancias imprevisibles, que no se altere el objeto del contrato, y que no se superen unos límites porcentuales».

En este caso, la resolución de modificación se basaba en un informe técnico de supervisión, pero, según estos expertos, «en muchas de las partidas solo se enumeran las nuevas necesidades y no se señala si se eliminan otros conceptos económicos, ni se detalla por qué no se tuvieron en cuenta en los pliegos iniciales».

La empresa LIC tampoco fue la mejor valorada técnicamente en un primer momento. En la licitación inicial, Aldesa Construcciones obtuvo mayor puntuación en la parte técnica. Sin embargo, el sistema de valoración económica otorgó una ventaja determinante a la empresa de Ruz, lo que permitió que se alzara con la adjudicación al sumar 86,39 puntos frente a los 77,20 de su competidora. Se presentaron 16 empresas, lo que hacía más importante la idea de garantizar la igualdad de trato y la transparencia.

La presencia de LIC en este contrato había pasado inadvertida hasta ahora, a pesar de que fue firmada por Menguzzato, una dirigente socialista de la máxima confianza de Torró, exconcejal en el Ayuntamiento de Valencia. La firma del nuevo contrato entre la empresa pública bajo la directriz de Torró con José Ruz se formalizó el 27 de junio de 2023, ya en funciones, con la legislatura socialista agotada.

Además, el caso encaja en un patrón de comportamiento sistemático por parte de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), que ha recurrido de forma reiterada a la presentación de modificaciones de obra en diversas adjudicaciones públicas. La dinámica habitual consiste en ofrecer bajas agresivas en la fase de licitación para resultar adjudicataria y, una vez obtenido el contrato, recuperar márgenes a través de sobrecostes aprobados posteriormente por la administración concerniente.

Otros contratos polémicos de Torró

No es la primera vez que Rebeca Torró aparece vinculada a adjudicaciones públicas que han favorecido a Levantina Ingeniería y Construcción, la empresa de José Ruz investigada por su presunta implicación en la trama Ábalos-Koldo-Cerdán. Tal como reveló THE OBJECTIVE, durante su etapa como consejera de Obras Públicas, Torró adjudicó también a la constructora un contrato de 476.000 euros para unas obras en el puerto de Santa Pola. La licitación estuvo marcada por la exclusión fulminante de las otras tres empresas competidoras, en un proceso plagado de anomalías técnicas y criterios de valoración opacos.

Aunque presentó la oferta más cara, LIC obtuvo la puntuación técnica más alta gracias a valoraciones inusualmente favorables que le aseguraron la adjudicación. Pese a ello, la obra quedó empantanada sin ejecución ni justificación oficial, y sin que conste modificación alguna registrada en la Plataforma de Contratación del Estado. El expediente replicaba un patrón recurrente: exclusión milimétrica de ofertas más competitivas, informes técnicos escasamente motivados y ausencia de consecuencias tras los incumplimientos.

Este caso se suma al contrato ahora revelado en Benidorm, consolidando una secuencia de adjudicaciones sospechosamente favorables a la empresa de Ruz. La hoy también secretaria de Estado de Industria fue nombrada el pasado 5 de julio secretaria de Organización del PSOE tras la dimisión de Santos Cerdán, señalado por la UCO como uno de los vértices de la presunta red de comisiones ilegales. Su ascenso a la dirección del día a día del partido se produjo, paradójicamente, en pleno estallido de la crisis interna que afecta a su entorno político más cercano tras el demoledor informe de la UCO y la entrada en prisión de su predecesor.