El Gobierno toma el control de las obras del primer puerto de España tras el 'caso Cerdán'

El Gobierno de Pedro Sánchez ha asumido el control técnico de las obras millonarias en ejecución en el Puerto de Valencia, el primero de España y del Mediterráneo en tráfico de contenedores. La medida entró en vigor el pasado 12 de junio, apenas unas horas después de la publicación del demoledor informe de la Guardia Civil que implicaba al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y a varias empresas en una presunta red de mordidas a cambio de adjudicaciones. Una de las compañías más señaladas en el informe es Acciona, que precisamente se ha convertido en la gran beneficiaria del recinto portuario durante los últimos años, con más de 600 millones de euros en contratos.

A las 17.32 de ese mismo día, la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, firmó el encargo a Ineco, la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, para que asumiera la inspección, control y supervisión técnica de todas las obras y concesiones estratégicas del recinto hasta 2027. La operación llegaba, además, tras la consolidación de Acciona como adjudicataria principal del puerto, en pleno foco judicial por su presunta implicación en una red de amaños liderada por el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el propio Cerdán.

Según el documento oficial al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Autoridad Portuaria de Valencia ha adjudicado a Ineco un contrato de 678.709 euros que le permite controlar todos los trámites vinculados al dominio público portuario: proyectos, obras, valoraciones económicas, informes vinculantes y documentación técnica clave. Los técnicos de la sociedad estatal podrán operar desde dentro del puerto, con funciones de verificación, validación de obras y control de inversiones, en una intervención que desplaza competencias antes gestionadas directamente por el organismo portuario.

El uso de Ineco como «medio propio» evita que el puerto tenga que licitar públicamente el servicio y permite al Gobierno colocar a su operador técnico dentro del núcleo operativo de la infraestructura. El encargo, con una vigencia inicial de dos años, afecta a proyectos de gran envergadura como la nueva Terminal Norte de contenedores, valorada en más de 545 millones de euros.

Lejos de ser una coincidencia, la entrada de Ineco se produce un año después de que la UTE liderada por Acciona se adjudicara precisamente esa terminal, afianzando su posición como mayor contratista del puerto bajo los gobiernos del PSOE. Desde 2018, la constructora ha recibido 613 millones de euros en contratos, ocho veces más que ACS, su principal competidora. El Ejecutivo busca ahora proyectar una imagen de supervisión sobre decisiones ejecutadas durante su propio mandato.

Un exdirectivo de Acciona

El refuerzo del control técnico con Ineco coincide con otro episodio especialmente sensible: el nombramiento de Luis Fernando Sánchez Villena, exdirectivo de Acciona durante más de 16 años, como director facultativo de las obras adjudicadas a su antigua empresa. Su designación se produjo en octubre de 2024, apenas dos años después de dejar la constructora y pocos meses tras la firma del contrato con la UTE ganadora, encabezada por la firma de la familia Entrecanales.

Sánchez Villena fue fichado por la Autoridad Portuaria en 2022 como jefe de Dominio Público. Tras la adjudicación a Acciona, Mar Chao reconfiguró el órgano de dirección de obra, incorporándolo junto a Manuela Gras, subdirectora general de Infraestructuras, también cuestionada judicialmente por un caso de presunto enchufismo. El técnico que había liderado el proyecto desde el inicio, Marcelo Burgos, fue cesado sin explicaciones el mes pasado, dejando la dirección en manos de un exdirectivo de Acciona y una directiva bajo investigación.

La figura del director facultativo es clave, dado que autoriza certificaciones, valida materiales, aprueba modificados y da luz verde a pagos millonarios. Que este papel recayera en un profesional históricamente vinculado a la empresa adjudicataria levantó serias dudas sobre la imparcialidad del proceso, especialmente cuando la constructora está en el punto de mira por su presunta implicación en una trama de contratos amañados.

De Koldo a LIC: la red que acecha al Puerto

La intervención de Ineco se produce además tras conocerse a través del informe de la UCO que Koldo García intentó amañar un contrato de 20 millones de euros en el Puerto de Valencia. Según la investigación, el exasesor de Ábalos trató de beneficiar a LIC, la empresa de su amigo José Ruz, en la adjudicación de una planta solar. Aunque la operación no prosperó, los agentes documentaron presiones desde el entorno del PSOE para orientar concursos públicos en favor de empresas cercanas.

La Guardia Civil sitúa a Acciona, LIC y otras compañías adjudicatarias en el epicentro de una red en la que los intermediarios cobraban comisiones y colocaban a personas afines en órganos técnicos clave. En el caso de LIC, incluso se ha acreditado que Koldo cobró nóminas ficticias a través de empresarios vinculados al constructor valenciano mientras maniobraba desde la sombra para posicionarse en futuras licitaciones.

Desde el 12 de junio, Ineco —que depende del mismo ministerio al que pertenecía Ábalos y que ahora encabeza Óscar Puente— tiene el encargo de revisar, validar y controlar las obras de empresas como Acciona, tanto en el plano técnico como administrativo, incluyendo informes sobre ampliaciones de plazos, valoraciones de infraestructuras y cumplimiento de los contratos.

Aunque la Autoridad Portuaria justifica esta decisión en la «falta de medios técnicos internos», el contexto judicial y el momento exacto del encargo permiten otra lectura: el Ministerio de Transportes ha intervenido de facto el control de los grandes contratos del Puerto de Valencia, con la intención de blindar desde dentro las adjudicaciones más relevantes del Mediterráneo occidental.

El encargo prevé reuniones periódicas entre Ineco y la dirección del puerto, visitas técnicas con actas, seguimiento de inversiones y plazos, y la presencia permanente de técnicos de la empresa estatal en las oficinas del puerto, lo que consolida su rol como pieza estructural del control operativo.

Fuentes oficiales del Puerto de Valencia justifican el encargo a Ineco como una práctica habitual «ante puntas de trabajo o expedientes complejos que requieren personal técnico especializado». Sin embargo, en este caso se trata de unos trabajos que se prolongarán durante dos años (el tiempo oficial que le resta a la legislatura), lo que excede con creces el marco de una colaboración puntual. Desde la Autoridad Portuaria alegan que la intensa actividad actual —como el desarrollo de la terminal norte, nuevas concesiones náutico-deportivas o solicitudes de ampliación de plazos— ha obligado a recurrir a medios adicionales «sin sobredimensionar la plantilla», pese a que actualmente hay múltiples vacantes en puestos directivos clave. También subrayan que Ineco no forma parte de la dirección facultativa de la obra adjudicada a Acciona, y recuerdan que esta sociedad pública ya había colaborado anteriormente en otras tareas técnicas.

Ahora bien, la amplitud de funciones descritas en el documento oficial —que abarca desde la elaboración de informes vinculantes hasta el control de inversiones, la validación documental y la supervisión directa de obras— supera con creces lo que sería una simple «asistencia técnica». A ello se suma un hecho llamativo: varios miembros del consejo de administración aseguran que la presidenta del Puerto, Mar Chao, no informó sobre este contrato en la última reunión del órgano, pese a su envergadura. La coincidencia temporal con la publicación del informe de la UCO sobre la presunta trama de mordidas, y el papel privilegiado de Acciona en las adjudicaciones bajo investigación, alimentan la sospecha de que el Ejecutivo ha optado por una intervención discreta pero directa en uno de los enclaves logísticos más estratégicos del Mediterráneo.