Defensa anula la compra de drones chinos señalados por espionaje en EEUU
La compra de 40 pequeños drones queda cancelada por una «infracción no subsanable» del contrato
Drones de DJI operados por el Ejército de Tierra.
El Ejército de Tierra tenía previsto adquirir 40 drones de tamaño ligero para diversas misiones de la Comandancia de Melilla, pero finalmente ha decidido dar marcha atrás y anular la licitación. La decisión podría tener que ver con el hecho de que los modelos elegidos en el pliego del contrato son todos del fabricante chino DJI, que Estados Unidos ha incluido en la denominada Lista 1260H por su presunta vinculación con la inteligencia militar china. Washington sospecha que estos aparatos pueden facilitar información o imágenes a posibles espías. La presencia de marcas chinas señaladas por estos motivos, especialmente la de Huawei en el sistema de escuchas Sitel, ha provocado la amenaza de un bloqueo de inteligencia por parte de Estados Unidos hacia España.
El contrato preveía la compra de 40 drones de diversos modelos del fabricante DJI, incluyendo tanto plataformas ligeras como el DJI Neo FPV —pensado para formación— y el Mini 4 Pro para captura de vídeo, hasta drones más robustos como el Matrice 350 o el Fly Cart 30, destinado al transporte de cargas en condiciones adversas. Adicionalmente, se contemplaba la adquisición de un sistema digital portátil de planificación táctica multimodal, destinado a coordinar operaciones con drones en múltiples ubicaciones.
La empresa china Da Jiang Innovations (DJI), fabricante de estos drones, es una de las señaladas por Washington por presuntamente estar plegada a los intereses del complejo militar chino, como también ocurre con Huawei o la marca de cámaras de videovigilancia Hickvision.
DJI, con sede en Shenzhen, es actualmente el líder mundial en drones de uso civil y profesional, ampliamente utilizado en los programas de modernización del Ejército de Tierra, como en la Legión en Almería, dentro del marco de las iniciativas Fuerza 35 y Ejército 2035. Además, suministra drones de este tipo a Policía Nacional, Guardia Civil y otros cuerpos policiales de carácter autonómico.
Según la resolución de la anulación del expediente, en este se habría «producido una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato, y siendo además necesario proceder a la redacción de un nuevo PPT y PCAP en los que se definan claramente nuevos criterios de evaluación conforme a una mejor relación coste eficacia».
Describen que «habiéndose advertido error por este Órgano de Contratación, que el documento publicado como de ‘Aprobación del Expediente‘ realmente es un documento de ‘Propuesta de Gasto‘, y que la Aprobación del Gasto en sí no está confeccionada».
Sin embargo, la anulación se produce después de haber trascendido la compra de estos 40 drones a esta empresa china señalada por Estados Unidos. Un punto de fricción con Washington que alcanzó su punto culmen con la carta enviada por el Congreso y el Senado estadoundiense a la comunidad de inteligencia del país alertando de que, como había desvelado THE OBJECTIVE, el Ministerio del Interior había contratado a Huawei por 12,3 millones de euros para incluir su tecnología en el sistema de custodia de las escuchas policiales realizadas a través de la herramienta Sitel.