Un informe de la UE alerta de la infiltración de criminales en los cayucos de Argelia

El último informe anual de riesgos de la agencia europea de fronteras (Frontex), el Annual Risk Analysis (ARA) 2025-2026, alerta de la posible infiltración de criminales entre los inmigrantes irregulares que están llegando en cayucos desde Argelia a la península y a las Islas Baleares. Las mafias dedicadas al tráfico de personas «han desarrollado tácticas» para saltarse los controles de las autoridades en los países de origen y garantizar así que las embarcaciones lleguen a su destino. «Esto puede permitir que personas con intenciones potencialmente maliciosas se mezclen con migrantes irregulares, entren en la Unión Europea sin ser detectadas y participen potencialmente en actividades delictivas», advierte este organismo de la UE.

Este documento, que analiza los riesgos asociados al control de fronteras exteriores de la UE y que fue publicado a principios del verano, pone el foco en el aumento de los flujos migratorios de la ruta del Mediterráneo Occidental y en cómo estos últimos se han desplazado desde las costas de Marruecos hacia las de Argelia en los dos últimos años. Un cambio en la tendencia migratoria que coincide en el tiempo con los acuerdos bilaterales de España y Marruecos, que se comprometió a endurecer los controles en las vallas de Ceuta y Melilla a cambio del apoyo español al plan de independencia marroquí para el Sáhara Occidental. Y con la que fue su consecuencia inmediata por parte de Argelia: la ruptura del tratado de amistad con el Gobierno de Pedro Sánchez. 

Desde que el país argelino decidiese romper con España, en 2022, los flujos se han disparado en el archipiélago balear. Ese mismo año, la recepción de cayucos marcó su pico histórico, 2.637 personas arribaron a bordo de 176 embarcaciones. Hasta ese ejercicio, las llegadas anuales al archipiélago se situaban en torno a las 500 personas. En 2024, la tendencia siguió al alza y esa cifra se multiplicó por 12. Este año ese dato se quedará muy atrás. La región está afrontando una presión migratoria sin precedentes. Hasta ahora, han llegado a las islas más de 4.700 inmigrantes irregulares, lo que supone un 120% más que el año pasado, y, si se mantiene este ritmo, las previsiones son que a final de año las llegadas sean en torno a 13.000. Unos datos que consolidan la ruta argelina como vía de entrada a Europa. «Somos las nueva frontera sur», advierten desde el Ejecutivo autonómico

Más presencia de Frontex

Lo cierto es que esta ruta migratoria es la única que crece en todo el país, frente al descenso de los flujos también en Canarias. Un escenario que ha empujado al Gobierno de Marga Prohens a reunirse el próximo mes de septiembre con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, para reclamar apoyo operativo terrestre y marítimo de Frontex. La decisión, sin embargo, solo puede partir de la propia Comisión Europea, que negociaría posteriormente con el gobierno estatal el correspondiente convenio de colaboración, señalan las fuentes consultadas por este periódico. Hasta ahora, la agencia europea de fronteras tiene desplegados efectivos en Canarias, el Atlántico y la Zona del Estrecho.

En el citado informe, el organismo de la UE señala como los flujos migratorios a Baleares han fluctuado «a lo largo del tiempo, con un aumento significativo en 2018, seguido de un descenso hasta 2022». A partir de ese año y de 2023 «se registraron ligeros aumentos en las llegadas de migrantes, que se mantuvieron en el mismo nivel en 2024». En ese ejercicio llegaron de forma irregular 6.000 personas a las islas, una cifra récord. Además, se ha observado «un cambio en la composición de los migrantes debido a una disminución significativa de las salidas desde Marruecos y un aumento de las salidas desde Argelia», lo que ha provocado «un aumento repentino de las llegadas a las Islas Baleares», explican.

Un millón de euros en lanchas

De este modo, la agencia de fronteras sostiene que ha habido un desplazamiento de la presión migratoria de las costas marroquíes hacia las argelinas. Prueba de ello, según advierten fuentes policiales, es que entre los inmigrantes que están llegando a cayuco a las Baleares hay ya más subsaharianos que argelinos. Este cambio en las rutas no ha pillado por sorpresa a las mafias, que han perfeccionado sus operaciones para pasar cada vez más inadvertidos entre las autoridades del país vecino y han adquirido embarcaciones capaces de llevar en apenas ocho horas a los migrantes hasta las costas baleares. La Guardia Civil ha desarticulado precisamente esta semana una organización criminal dedicada al tráfico de inmigrantes irregulares entre Argelia y España que contaba con 15 embarcaciones de gran cilindrada.

El instituto armado ha detenido a 14 personas e investiga a otras ocho en Almería, Sevilla y Alicante por formar parte de esta red criminal, que, según la investigación, llegó a invertir más de un millón de euros para la adquisición y fabricación de embarcaciones de alta velocidad, las denominadas Go Fast. La organización criminal tenía unos roles perfectamente definidos en diferentes facciones, desde patrocinadores hasta colaboradores en el sector náutico. A través de los entramados de empresas, ubicadas en Francia, que utilizaban para canalizar los beneficios, los agentes han descubierto que llegaban a cobrar hasta 7.000 euros por inmigrantes irregular para llevarlos hasta España.

El reparto de menores inmigrantes

El aumento de los flujos migratorios en Baleare ha coincidido, por otro lado, con el inicio del reparto de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas tras la aprobación de la norma que hace la distribución obligatoria cuando una región triplica su capacidad de acogida, como ocurre en Canarias, que acoge a más de 5.000 jóvenes cuando tiene capacidad para hacerlo solo con 700. La comunidad autónoma balear, pese a su situación, deberá acoger una cuota de estos menores en las próximas semanas. Sin embargo, desde el Gobierno de Marga Prohens se niegan en rotundo. 

Por ahora, el Ejecutivo autonómico ha recurrido la norma ante el Tribunal Supremo y ha pedido que se suspenda el reparto de menores extranjeros entre las regiones como medida cautelar, lo que podría afectar al mismo antes incluso de ponerse en marcha. Además, según ha señalado este miércoles la vicepresidenta balear, Antònia Maria Estarellas, la comunidad autónoma pedirá, al igual que Canarias, la situación de contingencia migratoria extraordinaria porque sus centros de acogida están a más del 1.000% de su capacidad. Desde el Ministerio de Infancia y Juventud, sin embargo, ya han adelantado que no cumplen con las condiciones requeridas y amenazan con que la Fiscalía actuará si las regiones no cumplen con la norma.