Hacienda tiene sin cubrir el 37% de los puestos de supervisión de contratos públicos
Los últimos datos proporcionados por la institución reflejan que 18 de las 48 plazas adjudicadas no han sido asignadas
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | Europa Press
La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de Contratos (OIReScon), el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda encargado de vigilar y controlar la legalidad y transparencia de los contratos públicos del país, tiene sin cubrir el 37,5% de los puestos. Según la resolución del Portal de Transparencia a la que ha podido acceder este periódico, a fecha de 1 de agosto de 2025 quedaban 18 plazas vacantes de las 48 adjudicadas para desempeñar ese trabajo, lo que corresponde a más de un tercio de la plantilla.
Desde el año 2018, la institución ha ido ampliando su personal de manera gradual, comenzando con cinco trabajadores, hasta llegar a 30 en 2024. De 2018 a 2019 la plantilla creció más de un 50% pasando de cinco a 13 empleados. En 2020, la cifra se mantuvo exactamente igual, probablemente porque la pandemia paralizó la contratación en muchos sectores, mientras que en 2021 se incorporaron seis personas, aumentando a 19 el número de trabajadores.
El único año en el que se ha reducido la plantilla con respecto al anterior fue 2023. La tabla proporcionada por la OIReScon indica que ese año hubo 24 personas encargadas de supervisar las contrataciones públicas frente a las 25 del año anterior, 2022. Sin embargo, en 2024, que es el último año registrado según la información proporcionada a este medio, fue cuando más trabajadores ha habido hasta la fecha.
La OIReScon fue creada en noviembre de 2017 para cumplir con las directivas europeas en materia de contratación pública. Su función principal, aparte de la mencionada anteriormente, es elaborar informes periódicos sobre las contrataciones para detectar posibles riesgos de corrupción u otro tipo de irregularidades. Para garantizar la neutralidad y objetividad de los puestos responsables de revisar los contratos, su composición es la siguiente: la oficina está compuesta por un presidente y cuatro vocales, que son propuestos por el titular de Ministerio de Hacienda y nombrados por el Consejo de Ministros. El mandato tiene una duración de seis años, sin posibilidad de ser reelegido.
Además, para ser elegido presidente el candidato tiene que ser funcionario de carrera del subgrupo A1 y que cuente con al menos 10 años de experiencia profesional en el campo de la contratación pública. El presidente y los vocales están completamente protegidos por la independencia e inamovilidad de su cargo, por lo que solo podrán ser cesados en casos muy concretos, como el fin de su contrato o la pérdida de la nacionalidad, por ejemplo.
Contratación pública en España
La contratación pública en España representa alrededor de un 20% del PIB, por lo que contar con un organismo que prevenga irregularidades es fundamental. Esta Oficina surgió como respuesta a una exigencia de la Unión Europea, que pedía precisamente a España un órgano completamente autónomo que vigilase las adjudicaciones, garantizando la transparencia en los contratos y los fondos públicos. Desde su creación, son varios medios de comunicación que se han hecho eco de la escasez de medios y personal de la institución.
En sus múltiples informes, la OIReScon ha advertido de problemas persistentes como el uso de adjudicaciones directas, o el fraccionamiento injustificado de contratos menores. En el publicado a finales de 2024 sobre la contratación pública de 2023, observaron múltiples irregularidades, como prestaciones sin cobertura contractual, procedimientos de adjudicación indebidos, el incumplimiento de obligaciones de publicidad o los pagos con retraso a proveedores, entre otras. Aunque no todo son aspectos negativos. También registraron una mejora en los criterios de adjudicación, un refuerzo de la transparencia, publicando datos completos, incluidos los costes… Además, hubo más profesionales cualificados para ejercer la labor de contratación, y una mejora de la planificación contractual para reducir licitaciones desiertas, según señala el informe.
Dimisiones por falta de recursos y personal
La falta de recursos y personal de esta institución pública ha estado en el punto de mira los últimos años y ha provocado la dimisión de algunos de los altos cargos de la misma por la imposibilidad de hacer su trabajo de manera eficaz. María José Santiago es un claro ejemplo de ello. La primera presidenta de la OIReScon dejó su puesto tras dos años en julio de 2020 porque reclamaba más medios para que el organismo pudiera cumplir sus funciones, según indicó el diario Cinco Días. La profesional exigía que durante la pandemia se publicaran todos los detalles de los contratos de emergencia para poder verificar si se ajustaban a la normativa, hecho que no sucedió, lo que provocó su dimisión.