Montero deja en mínimos la plantilla de la oficina que vigila los contratos públicos en pleno 'boom'
Apenas 24 funcionarios supervisan la contratación, la mitad de los previstos, lo que demora la tramitación de denuncias
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, de quien depende la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. | Europa Press
El sector público repartió en 2023 un total de 109.516 millones de euros a empresas privadas y públicas a través de 196.794 contratos. Una parte de estas adjudicaciones se realizó a dedo -sin publicidad- o mediante fórmulas que limitaron la transparencia y la competitividad. Tanto el importe como el número de adjudicaciones suponen un récord histórico en un contexto en el que la vigilancia se encuentra en mínimos. Junto a esto, los contratos de emergencia en pandemia dejaron en evidencia los sistemas de control y mostraron lo fácil que resulta saltarse algunos requisitos legales.
La falta de recursos humanos y materiales son un lastre importante para esta supervisión, como lo es el desinterés por las fiscalizaciones que periódicamente realizan el Tribunal de Cuentas y otros organismos independientes sobre el asunto. Buena parte de la inspección de la legalidad de los contratos, cada vez con importes más elevados y con menos empresas aspirantes, recae en la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon).
Este órgano independiente, pero vinculado al Ministerio de Hacienda, nació en 2018 con el objetivo de velar por la correcta aplicación de la legislación en la contratación pública –ver BOE– y promover la concurrencia. Según sus datos, el número de compañías aspirantes a un contrato ha pasado de una media de cuatro empresas en 2021 a tres en 2023. En el último trimestre del pasado año se sitúo en 2,98. Esto hace, entre otras cosas, que la administraciones paguen más caras sus adjudicaciones.
Supervisión de contratos públicos
Sin embargo, seis años después, su plantilla está bajo mínimos y apenas 24 funcionarios se encargan de esta relevante. Según los datos a los que ha accedido THE OBJECTIVE, de los 52 efectivos recogidos en la relación de puestos de trabajo de la oficina, a finales de 2023 solo estaban cubiertos el 46% de los puestos. La cúpula del organismo, que está facultado para hacer llegar a la Fiscalía hechos constitutivos de infracción en los contratos públicos, está compuesta por una presidenta y cuatro vocales. El resto son técnicos, jefes de sección, auxiliares e informáticos. Pese a todo, la preocupante situación, no es la peor que ha vivido la oficina. En pandemia apenas estaban cubiertos un tercio de los puestos.
La OIReScon destaca en su plan de actuaciones la necesidad de dotarse de personal de alta especialización técnica. La Oficina demanda interventores y auditores del Estado, administradores civiles del Estado, de sistemas y tecnologías de la información y estadísticos del Estado. La especialización de estos funcionarios hace que sean muy demandados, de ahí la difícil cobertura.
Denuncias y contratos de servicios
Los datos que muestra en diversos informes el organismo independiente evidencian que las cuestiones relacionadas con la contratación pública tienen un peso cercano al 11% en el conjunto de las denuncias recibidas por las agencias u oficinas antifraude. Mientras, el buzón se sigue imponiendo como medio de denuncia. A través de este medio llegan a la oficina el 68% de los avisos de irregularidades. Por su parte, los contratos de servicios son los más denunciados -53,5%-, «consolidándose como área de riesgo en la materia».
Las causas de denuncia y comunicación en materia de contratación pública predominantes han sido la supuesta existencia de irregularidades en la adjudicación del contrato (36,9%). En este ámbito se incluyen las denuncias cuyo origen es la existencia de supuestas ilegalidades en la tramitación del expediente o problemas con el fraccionamiento de contratos.
Durante 2022, la OIReScon recibió 187 denuncias por irregularidades, un 19% más que un año antes. Los tiempos de tramitación son muy largos -se requiere una investigación- y se prolongan aún más por la falta de personal y recursos materiales. Reconoce que son precisamente estas razones las que impiden cumplir de manera óptima con el tiempo estimado para resolución de estos asuntos. Apenas un par de denuncias llegan a la Fiscalía y un número similar es remitido al Tribunal de Cuentas cada año.
Tramitación de emergencia
El organismo vinculado a Hacienda elabora numerosos informes que están regulados y algunos especiales. Es el caso del que editó para dar cuenta de los contratos tramitados por vía de emergencia, una peligrosa modalidad de tramitación que surgió en pandemia. Su análisis destaca que entre 2018 y 2020 fueron adjudicados 22.379 contratos de emergencia. Cabe destacar dos de las conclusiones de sus informes. Por una parte, la falta de datos y las dificultades para acceder a ellos. Por otra, y más grave, es que reconoce que muchos datos se publican con importante retraso, lo que hace imposible un control adecuado.
