Salvador Illa eximió a un proveedor de su pueblo de etiquetar correctamente las mascarillas

El exministro de Sanidad Salvador Illa no exigió a su proveedor de confianza de material sanitario, la empresa catalana FCS Select, que sus mascarillas dispusieran de un etiquetado de calidad y de ciertos estándares de respirabilidad. FCS Select, con sede en Sant Cugat del Vallés (Barcelona) y con una nave comprada en 2022 en La Roca del Vallés (Barcelona), localidad de la que fue alcalde Illa entre 1999 y 2005, recibió el encargo de traer 508 millones de mascarillas de China. Fue en lo peor de la pandemia y recibió a cambio 217,5 millones de euros gracias a cuatro contratos de Sanidad.

Además de los lotes defectuosos, incumplimientos de plazos y la opacidad de esta sociedad que se dedicaba originariamente al envasado de bebidas alcohólicas, todo ello ya denunciado por THE OBJECTIVE, el Tribunal de Cuentas ha resaltado la falta de calidad del primer lote de mascarillas -107 millones-. El dinero se entregó por adelantado y los traslados en avión fueron realizados por la flota de Inditex.

La empresa FCS Select Products fue una de las denunciadas por el PP en marzo de 2020 ante la Fiscalía Anticorrupción. Los populares reclamaron que se investigaran «nexos de amistad» entre los empresarios de FCS e Illa. Esta supuesta amistad estaba «cimentada por la coincidencia en torno al municipio de La Roca del Vallés, localidad natal del exministro de Sanidad y de la que fue alcalde».

Alegaciones de Darias, gestión de Illa

Por su parte, la exministra Carolina Darias, que ha sido la encargada de rebatir punto por punto el duro informe del órgano fiscalizador, ha alegado que la prioridad en ese momento era el filtrado y no otras consideraciones. Otros de los argumentos de Sanidad, idénticos a otros ministerios y organismos, fue el caos generado por la emergencia sanitaria y la falta de suministros.

El informe del Tribunal de Cuentas, que tiene 351 páginas de las que más de 230 son alegaciones, centra buena parte de su fiscalización en los cuatro contratos millonarios FCS. Las adjudicaciones tuvieron lugar el 23 de marzo y el contratista no tenía experiencia en el ramo sanitario. «El cumplimiento estricto del contrato por este adjudicatario fue bastante irregular y la Administración tuvo importantes dificultades para tratar de conseguir los suministros», destaca el Tribunal.

Retrasos de las mascarillas

Detalla que hasta el 30 de abril de 2020, una vez finalizado el plazo inicialmente previsto de ejecución, solo se habían entregado 106,9 millones de mascarillas (un 21% de las pactadas). La justificación fue el cambio de legislación chino, que obligaba a firmar un documento con el compromiso de no usar el material en uso médico. Las autoridades chinas eran conscientes de las deficiencias de su material en un mercado colapsado. FCS, tras lograr ampliar el plazo de entrega en 16 meses, tampoco cumplió lo pactado. El último lote llegó el 24 de septiembre. No se reclamó el reembolso ni se penalizó. El ministerio estimó que «era un plazo aceptable dadas las necesidades existentes».

Destaca el Tribunal que los defectos más graves tuvieron que ver con los 106,9 millones de mascarillas recibidas hasta abril y encargadas por Illa. «No tenían un etiquetado y envasado que garantizase la suficiente calidad del producto», señala. Tampoco estaba prevista la responsabilidad del fabricante, del representante autorizado y del contratista.

El órgano fiscalizador independiente reconoce que en esos complicados momentos, cuando el responsable de Sanidad era Salvador Illa, se habían establecido una serie de excepciones en relación con la calidad de los productos. Sanidad incide especialmente en esto en sus alegaciones. La UE autorizó el 13 de marzo de 2020 que se permitiese la adquisición de productos sanitarios que no tuvieran el marcado CE.

Fuera del Sistema de Salud

Sin embargo, la recomendación puntualizaba que se debía exigir un nivel elevado de protección y seguridad. Estos productos sin etiquetado solo deberían ir destinados al personal sanitario. Pese a todo, el informe fiscalizador destaca que 28,6 millones de mascarillas fueron distribuidas fuera del Sistema Nacional de Salud. El reparto se realizó a través de las delegaciones del Gobierno, ministerios y ONGs, «sin que se conozca si todos los receptores finales fueron personal sanitario». Hasta el 6 de abril no se aprobaron en España normas que permitiesen la adquisición de mascarillas sin marcado CE27. Esto fue 14 días después de la adjudicación y posterior a la llegada de las primeras mascarillas.

A partir de junio, se empezaron a recibir los 401,1 millones de mascarillas cuyo plazo de entrega se había ampliado, todas las cuales llevaban marcado CE. Tras diversos controles, según recoge el informe, se comprobó que parte del material que había llegado a España a finales de marzo y principios no cumplía el nivel exigible de eficacia de filtración bacteriana y de respirabilidad.

Controles de Illa

Tras los controles y ensayos efectuados, un total de 7,5 millones de mascarillas suministradas por FCS, valoradas en casi 3,2 millones, constan con la indicación «destrucción». Esto sucedió cuando no se pudo garantizar que el producto fuese lo suficientemente seguro para la salud pública. En las alegaciones se afirma que existió un problema puntual de logística en el embarque en origen y posterior almacenamiento. Destacaron que no fue atribuible al ministerio.

Además, el órgano fiscalizado apunta que en algunos momentos se reclamó al adjudicatario que asumiese los gastos de reposición o de transporte hasta España, determinación que, a pesar de figurar en el requerimiento, «no consta que se llevara a la práctica». Tampoco se optó en ningún momento por desistir de recibir la mercancía contratada. Por último, la fiscalización concluye que las mascarillas de numerosos fabricantes no fueron sometidas a controles. Estos controles no eran obligatorios, sin embargo, según el órgano fiscalizador, hubiera sido recomendable al haberse detectado protección bacteriana inferior en otros lotes.