Exigen a Interior que declare profesión de riesgo a la Policía Nacional y la Guardia Civil

La asociación Equiparación Real exige al Estado español que se reconozca que la Policía Nacional y la Guardia Civil desempeñan una auténtica profesión de riesgo. Otros cuerpos policiales, como los Mossos d’ Esquadra, la Ertzaintza, así como el resto de policías locales, ya gozan de este reconocimiento.

Según han anunciado este jueves, van a plantear una reclamación administrativa previa ante el Ministerio del Interior. Sin embargo, han asegurado que están dispuestos a llevar sus reclamaciones, no solo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid o la Audiencia Nacional, sino también a la propia Comisión Europea si fuera necesario.

El letrado de la asociación, Miguel Durán -director del despacho de abogados Durán y Durán-, ha recordado que uno de los reconocimientos por ser profesión de riesgo es la jubilación anticipada, «lógica por el trabajo que desempeñan». «No puede ser que haya más de 700 euros de diferencia entre la jubilación de un Policía Nacional y uno local, parecen ciudadanos de segunda división», ha denunciado. Según Durán, el coste de la medida no sería superior a los 1.000 millones de euros, mientras que Interior lo ha tasado en unos 15.000 millones de euros.

«Marlaska miente cínica y obscenamente»

El portavoz de la asociación, Alejo Moreno, exagente de la Policía Nacional, ha avisado de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «miente cínica y obscenamente» al objetar que esta reivindicación no es posible por razones económicas, «cuando tenemos la tasa de recaudación más alta de Europa, y han regalado 42.000 millones de euros en subvenciones a otros países».

Moreno ha declarado que el acuerdo de 2018 (cuando se firmó mejorar las condiciones de trabajo de los agentes), era «un falso acuerdo de equiparación, solo buscaban frenar el ruido». A su vez, ha reprochado que, siete años después, siguen reclamando su aplicación.

«Desde el 15 de abril, 345 agentes de la Guardia Civil de Tráfico murieron. En los últimos años, 165 agentes se han suicidado por las situaciones traumáticas vividas, yo creo que el Gobierno piensa ‘a ver cuánto van a aguantar estos tipos’», ha reconocido. Ha hecho referencia, además, al caso de José Manuel Arcos, que falleció en 2018 en Granada por un disparo, y que su mujer sigue «en batalla con los tribunales».

Este reconocimiento «no es únicamente una cuestión de años de jubilación», sino «de justicia profesional, de dignidad institucional y de coherencia del Estado con sus propios valores democráticos». «No se trata de un privilegio, se trata de proteger a quienes nos protegen, de corregir una omisión histórica y de garantizar un trato igualitario y digno dentro del propio sistema público de seguridad», ha insistido el despacho de abogados.