Indignación en la Fiscalía: ir contra Netanyahu es absurdo mientras esté en el cargo
Los fiscales consideran que goza de inmunidad personal por su condición de primer ministro israelí
Dolores Delgado felicita a García Ortiz en su toma de posesión en septiembre de 2022. | Eduardo Parra (Europa Press)
La decisión de la Fiscalía General del Estado de abrir diligencias por los presuntos crímenes cometidos en Gaza y encomendar la investigación a Dolores Delgado ha generado un profundo malestar en el seno del Ministerio Público. Según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes fiscales, la iniciativa ha sido recibida como un «movimiento político» y, además, choca con la doctrina internacional más reciente sobre la inmunidad de los jefes de Estado y de Gobierno.
El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha autorizado a Delgado —exministra de Justicia y exfiscal general— a coinvestigar junto al jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, los hechos relacionados con la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza. El decreto se apoya en un informe elaborado por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, unidad dirigida desde 2024 por Javier Antonio Susín Bercero, ascendido al cargo por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El documento policial recoge testimonios de testigos protegidos «en el que también se aportan importantes elementos probatorios sobre las acciones y circunstancias en el terreno», apuntando a posibles delitos de genocidio y lesa humanidad en Gaza.
Sin embargo, fuentes del Ministerio Público explican que los responsables de la Fiscalía saben que no pueden investigar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, porque son conocedores de que goza de inmunidad absoluta y no admite excepciones, incluso si está acusado de crímenes de guerra o lesa humanidad, mientras esté en el cargo. Varias fuentes fiscales consultadas por este periódico consideran que el paso dado por García Ortiz y Delgado constituye «un abuso de recursos públicos», al abrir una investigación que, en el estado actual del derecho internacional, no tiene recorrido. «Se trata de una malversación indirecta de medios de la Fiscalía: dedicar horas, personal y fondos a una causa que jurídicamente no puede prosperar», afirma una de las voces críticas.
La doctrina de la inmunidad internacional
El malestar se explica en gran parte por la sentencia dictada el pasado 25 de julio de 2025 por la Asamblea Plenaria de la Corte de Casación francesa, el máximo tribunal del país. Aquella resolución, de enorme trascendencia, fijó con claridad los límites de la jurisdicción penal internacional en relación con los gobernantes extranjeros. El fallo estableció que, aunque la inmunidad funcional (la que protege a exdirigentes por actos cometidos en ejercicio de sus funciones) puede decaer en casos de crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio, la inmunidad personal de los jefes de Estado, primeros ministros y ministros de Exteriores en ejercicio es absoluta y no admite excepciones.
La decisión se adoptó tras analizar dos causas abiertas en Francia por los ataques químicos en Siria, una de ellas dirigida contra el propio presidente Bashar al Assad. La Corte concluyó que mientras Assad estuviera en el poder no podía ser procesado por tribunales extranjeros, aunque se le atribuyeran los crímenes más graves. «Esa sentencia es inequívoca y sienta un precedente al que se acogerán muchos tribunales europeos», explican las fuentes consultadas.
El problema para la Fiscalía española es que Benjamín Netanyahu sigue siendo primer ministro de Israel desde diciembre de 2022. Esto significa que, conforme a la doctrina de la Corte de Casación, goza de inmunidad personal plena frente a tribunales nacionales extranjeros. Por ello, en la práctica, ningún juez español, francés o alemán podría procesarlo ni dictar una orden de arresto mientras continúe en el cargo, aunque esa inmunidad desaparecería automáticamente en el momento en que deje de ser primer ministro, cuando sí podría abrirse una causa penal en el extranjero. Sin embargo, la inmunidad tampoco se aplica ante tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI), que mantiene abiertas investigaciones por los sucesos en Gaza.
«Es una investigación condenada al archivo antes de empezar», resumen en la Fiscalía. «El señor Netanyahu, como primer ministro en ejercicio, está blindado por el derecho internacional». Las diligencias ordenadas por García Ortiz suponen movilizar a fiscales especializados en derechos humanos, cooperación internacional y terrorismo. También implican pedir información a organismos internacionales y mantener contactos con la CPI. Todo ello, según los críticos, «con cargo al presupuesto público y sin posibilidades reales de prosperar». «Estamos ante una investigación que, de facto, nunca podrá sentar en el banquillo a Netanyahu mientras esté en el cargo. Se gastará tiempo y dinero en informes, viajes y reuniones, pero no se avanzará nada. Es una forma de malversación indirecta», sentencia una de las voces consultadas.