Ábalos presentó al PSOE 800.000 euros de gastos para «complementar su salario»

El exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos presentó 800.000 euros de gastos ante el partido. Así lo desvelan a THE OBJECTIVE desde Ferraz y confirman fuentes de la investigación judicial al exministro de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez. Es el secreto mejor guardado en una sede socialista donde siempre han mantenido ocultas las facturas de Ábalos, pese a las informaciones que apuntaban a que sus gastos llegaron a alcanzar los 9.000 euros al mes, publicadas por este periódico en 2021.

Sin embargo, los nuevos datos apuntan a un montante que triplica esa cantidad: cerca de 27.000 euros mensuales durante los 30 últimos meses en la Organización del PSOE. Fuentes judiciales explican que esa desorbitada cifra tendría su origen, presuntamente, en comisiones ilegales abonadas por empresarios a cambio de adjudicaciones públicas, que Ábalos transformaba en fondos de apariencia legal, presentando como propios gastos de comidas y desplazamientos. De este modo, el partido habría sido utilizado como herramienta para blanquear capitales con la connivencia de dirigentes socialistas, y parte de esas cantidades acababan retornando a Ferraz en forma de donaciones.

Según fuentes socialistas, esta desorbitada cifra surgió de un acuerdo entre el gerente del PSOE, Mariano Moreno, y el propio Ábalos, a raíz de una queja reiterada de este: «Estoy harto de nombrar a altos cargos que cobran más que yo». Los ministros y demás miembros del Gobierno que tenían un puesto en la Ejecutiva federal del partido no percibían remuneración por parte del PSOE. «Ábalos siempre se quejaba de que no tenía dinero», explican las fuentes consultadas. Y esto motivó que el gerente del partido permitiera a Moreno «complementar su salario con una especie de sobresueldo». Lo acordado entre ambos consistía en que la gerencia podría abrir la mano presentando gastos imputables al secretario de Organización del PSOE, y a las personas que estaban a su cargo, de manera que se le retribuyeran gastos de representación que no le correspondían directamente a él pero sí a personas dependientes de la Organización del partido.

El encargado de autorizar esos gastos era Mariano Moreno, una persona afín a la entonces vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, quien estuvo con Pedro Sánchez desde sus inicios en la secretaría general del partido en 2014 como responsable del departamento de Atención al Militante y Desarrollo de la Organización. En 2017, tras la victoria en las primarias de la ‘reconquista’, fue premiado con la dirección de la gerencia del PSOE, el órgano que valida la contabilidad financiera de la organización. Tras el pacto alcanzado entre ambos, las hojas de gastos de Ábalos empezaron a engordar.

La persona que presentaba esos gastos en nombre del ministro era Koldo García. Él entregaba una hoja con montones de tickets grapados de comidas, cenas y alojamientos. Según desveló THE OBJECTIVE en noviembre de 2021, a finales de noviembre de 2019 «a Jose se le fue la mano con los gastos», presentando facturas de hasta 9.000 euros al mes. Ello motivó que algunas personas hablaran con el todopoderoso número tres del partido para intentar reconducirle. Una persona que fue informada de esa situación fue el entonces mano derecha de Ábalos, el coordinador territorial del PSOE, Santos Cerdán.

Fuentes del PSOE adelantaron en su día a este periódico que fue este el motivo por el que Cerdán solicitó a Pedro Sánchez cambiar al gerente del partido cuando el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE le ofreció sustituir a Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE antes del 40º Congreso Federal del PSOE en octubre de 2021. Sin embargo, lo que la investigación judicial y las grabaciones reveladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han revelado es que Cerdán no solo estaba informado del descontrol en los gastos de Ábalos, sino que él participaba de un presunto entramado criminal destinado a cobrar comisiones por amañar contratos de obra pública. Según contó a este periódico un empresario que fue testigo directo del modus operandi, las comisiones ascendían al 20% de los contratos adjudicados: Cerdán era «el testaferro de Ábalos» y a quien reportaba Koldo García «a diario». En ese contexto se explican los 90.000 euros que otra empresaria, Carmen Pano, entregó a finales de 2020 en Ferraz, según reveló a este periódico y confirmó posteriormente en sede judicial.

¿Financiación ilegal?

Una operativa que describe una presunta financiación ilegal del PSOE, de la cual el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, tiene «indicios suficientes». Fuentes judiciales consultadas por este periódico explican que la cuantía bajo sospecha procedería presuntamente de las supuestas comisiones ilegales que diversos empresarios abonaban a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública por parte del Gobierno. Ese dinero, recibido por José Luis Ábalos y su entorno más próximo de forma opaca, «en B», era posteriormente transformado en capital de apariencia legal, «en A», mediante un procedimiento tan rudimentario como eficaz: la presentación de gastos ficticios o inflados ante la sede socialista de Ferraz.

Según fuentes de la investigación, el exministro adelantaba gastos vinculados a comidas, cenas o desplazamientos que, en muchos casos, no se correspondían con su actividad estrictamente política, pero que se facturaban al partido como si se tratara de representación legítima. De este modo, la organización utilizaba al PSOE como vehículo de blanqueo de capitales, con la connivencia necesaria de cargos de la gerencia. El engranaje consistía en convertir facturas procedentes de restaurantes –como, por ejemplo, La Tragantía en Madrid– o de alojamientos privados en gastos imputables a la Secretaría de Organización, logrando así que fondos opacos se transformaran en retribuciones regularizadas por la contabilidad del partido.

De hecho, este periódico publicó en su momento un correo electrónico firmado por Juan Manuel Rojo Valverde, responsable de administración, con destino a las secretarias de Organización, informando de las últimas liquidaciones pendientes que se habían pasado al banco con fecha de 27 de julio de 2021. «He tenido que repartirlas en varias liquidaciones», sostiene el miembro del departamento ante las elevadas cantidades de gastos presentadas por el ex número tres del PSOE. Entre las anotaciones, se recogen importes al restaurante La Tragantía de Madrid, donde era asiduo el ministro Ábalos, pero sobre todo, su asesor, Koldo García, y Víctor de Aldama. Se trata de un establecimiento que frecuentan altos mandos de la Guardia Civil con los que querían establecer relación los investigados. «Con fecha de hoy también se ha pagado a La Tragantía 2.520 euros», recoge la nota. Poco después, añade: «El anterior pago ya se realizó por 2.805,32 euros… más Tragantía por 840».

Lo relevante para los investigadores no es solo el volumen de esas operaciones, sino la trazabilidad que permite vincular los pagos de empresarios beneficiados por obra pública con la facturación presentada en la sede socialista. Fuentes jurídicas señalan que, de esta manera, la presunta red lograba un doble objetivo: por un lado, dar salida a las mordidas obtenidas de forma ilícita y, por otro, dotar al partido de una financiación extra al margen de los cauces establecidos por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. De hecho, parte de ese dinero que Ábalos transformaba en gastos justificados acababa retornando al propio PSOE en forma de donaciones formalmente registradas, cerrando así el círculo que permitía a la organización nutrirse de recursos irregulares bajo el amparo de una apariencia legal. Para el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, según ha podido saber este periódico, esta dinámica constituye un indicio de peso de que la estructura del partido no fue únicamente un escenario pasivo de irregularidades, sino un instrumento activo en el modus operandi.

La base documental que sostiene esa afirmación es el material incautado en las entradas y registros de las constructoras Servinabar, Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR) el pasado mes de junio y los gastos que el propio Ábalos presentó en la sede del PSOE entre 2017 y 2021. La trazabilidad del dinero permite a los investigadores afirmar la existencia de una contabilidad opaca en la que jugaban un papel crucial las facturas que el PSOE giraba a determinados establecimientos que se convirtieron en una especia de sede social de la trama.