Marlaska recorta los antidisturbios en Ceuta y Melilla: «Ojalá que no haya un salto masivo»
Interior lo justifica por razones operativas, mientras que la UIP habla de recortes por falta de fondos en las cajas

Un grupo de inmigrantes en la valla fronteriza de Melilla, en 2022. | EP
El Ministerio del Interior reducirá al mínimo la presencia de antidisturbios en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla a partir de la próxima semana. La decisión del departamento dirigido por Grande-Marlaska se debe a un recorte económico, habida cuenta de que no existen fondos suficientes para cubrir los gastos del centenar de agentes que se desplazaban a estas regiones, según revelan a THE OBJECTIVE diversas fuentes policiales. Desde Interior mantienen que «la organización y el despliegue de las unidades son decisiones operativas de cada cuerpo que responden a necesidades de cada momento» e insisten en que la plantilla de Policía está en máximos, tras aumentar un 25% en los últimos siete años.
La reducción de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) ha creado gran malestar entre los policías y guardias civiles de Ceuta y Melilla, que reivindican el «gran trabajo» que realizan los antidisturbios en las ciudades autónomas. Su labor, según explican las mismas fuentes, no solo se centra en el control migratorio y fronterizo; también en la lucha contra el crimen organizado, en operativos contra el narcotráfico, en seguridad ciudadana y en operaciones contra el yihadismo, además de servir de apoyo a las unidades de Información. «Pese a que no se ponga mucho el foco en ello, lo cierto es que nuestro trabajo en las ciudades autónomas es muy necesario», advierte un agente de la UIP en conversación con este periódico.
El cambio en las plantillas de antidisturbios será considerable. Hasta ahora, cada dos semanas un grupo de la UIP compuesto por 50 antidisturbios se desplazaba a cada región para dar el relevo al medio centenar de agentes que había estado previamente trabajando allí. Sin embargo, la Dirección General de la Policía ha decidido que en vez de un grupo completo, se envíe solo a un subgrupo operativo, esto es, unos 15 agentes. Es decir, que del más de centenar de agentes que se destinaban cada 15 días ahora solo irán treinta, un 70% menos. Según las fuentes consultadas, este cambio se materializará durante la segunda semana de octubre, cuando toca relevo en el despliegue de esta unidad de élite.
Sin dinero en las cajas para los antidisturbios
Estas mismas fuentes indican que por ahora Interior solo ha informado de la decisión a la Jefatura de las Unidades de la UIP y no ha estipulado ningún plazo que ponga fin a los nuevos cupos de antidisturbios en las ciudades autónomas. Por este motivo, subrayan, «no encaja que se deba, precisamente, a razones operativas, menos cuando se trata de un recorte de dinero tan importante». La Policía arrastra el problema que vivió este verano, cuando se produjeron retrasos en el pago de las dietas y los agentes tuvieron que adelantar grandes sumas de dinero. Además, subrayan estas fuentes, las dietas actuales —77 euros por día— ya no cubren los gastos de alojamiento y manutención en ninguna ciudad, por lo que se deben afrontar gastos extra.
En un comunicado, la Unión Federal de Policía (UFP) ha criticado la decisión de reducir los efectivos y advierte que detrás de las razones operativas que esgrimen las delegaciones de Gobierno en Ceuta y Melilla «se esconden recortes motivados por una situación económica precaria: la falta de recursos en las llamadas cajas pagadoras». «La seguridad está padeciendo un embargo por falta de financiación, las explicaciones del Ejecutivo son solo un disfraz».
Los pagos pendientes, los retrasos en la dotación de material esencial y las carencias presupuestarias en las cajas pagadoras, denuncia la UFP, «han deteriorado sistemáticamente la operatividad de las unidades policiales». «El recorte de fuerzas en zonas tan sensibles demuestra que la seguridad ciudadana no está siendo tratada como prioridad, sino como variables de ajuste presupuestario. Cuando nos hablan de optimización de recursos, se omite que se está recortando lo esencial: vidas, eficacia y capacidad de actuación», censuran desde esta organización policial.
Las revueltas juveniles en Marruecos
Desde la UIP, que tiene la sede central en Madrid y cuenta con grupos en otras catorce ciudades españolas, las fuentes consultadas advierten del riesgo que puede suponer este recorte de agentes. «Que no haya ningún salto masivo en las vallas… Que haya suerte. Aunque viendo todo lo que está ocurriendo en Marruecos, es de esperar…», dice un antidisturbios de dilatada trayectoria en esta unidad de élite. Desde el pasado fin de semana están teniendo lugar en el país alauí las mayores protestas de los últimos años. Miles de jóvenes han tomado las calles para criticar la incapacidad de la monarquía marroquí y reclamar mejoras en la educación, la sanidad y en el empleo.
El origen de esta revuelta fue la tragedia del hospital Hasán II, en la ciudad costera de Agadir, donde ocho mujeres embarazadas murieron en apenas diez días tras someterse a cesáreas. Según han denunciado organizaciones del país, los centros, además de no contar con apenas personal, presentaban insalubridad y sufrían un desabastecimiento crónico. Desde entonces, la juventud marroquí exige en las calles una educación y sanidad dignas, trabajos mejor pagados y una política menos marcada por la corrupción y la desigualdad. «¡Queremos hospitales, no estudios!» o «¡No queremos el Mundial, queremos sanidad!» son dos ejemplos de las proclamas que se corean en las calles.