El grupo «parapolicial» de Cantabria usaba fotos de cámaras de seguridad y matrículas
Una denuncia interna ha revelado que 150 policías y guardias civiles hacen supuestas investigaciones al margen de la ley
Una captura del chat 'parapolicial'. | TO
El presunto grupo parapolicial integrado por cerca de 150 funcionarios policiales de Cantabria no solo intercambiaba datos personales de los ciudadanos a los que pretendían investigar al margen de todo control y supervisión de los cuerpos a los que pertenecían. Los agentes también compartían en el chat de WhatsApp, denominado Cops Cantabria [Policías Cantabria, en español], imágenes de los supuestos sospechosos sacadas de cámaras de videovigilancia de establecimientos privados y difundían matrículas de vehículos para, a través de la consulta –también irregular– de estos números, averiguar quiénes eran los propietarios.
Así se desgrana de algunas de las conversaciones que un agente ha aportado en una denuncia que revela estos hechos, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE y que fue registrada el pasado mes de julio en un canal interno de la Guardia Civil. El grupo –integrado por policías nacionales, guardias civiles y agentes locales de la citada comunidad autónoma– habría estado en activo durante al menos diez años, siempre bajo el mismo modus operandi. En el escrito, el denunciante explica que los agentes solicitan y aportan información de carácter personal a menudo en el grupo, que define como «parapolicial», con el objetivo de llevar a cabo investigaciones paralelas.
En un principio, crearon el grupo «con el fin de poner en común técnicas y formaciones de orientación profesional a título particular», advierte el documento registrado en el instituto armado. Sin embargo, prosigue, el agente «ha tenido conocimiento de que ha derivado en un grupo parapolicial para obtener información entre diferentes policías sin tener que canalizarlo por el conducto legal y reglamentario».
Las capturas del grupo
La denuncia aporta distintas capturas de «Cops Cantabria» como pruebas de las gestiones que harían guardias civiles y policías cántabros «al margen del control de los mandos naturales de cada cuerpo». El agente enumera graves irregularidades cometidas por los agentes. «Se ponen matrículas de vehículos para consultas e incluso se pasan fotos de ciudadanos obtenidas de sistemas cerrados de videovigilancia de empresas, etc., que luego identifican mediante sus DNI y ponen en el grupo al que todos los componentes tienen acceso», advierte el denunciante.
Cabe destacar que todos los datos que son consultados no son obtenidos en ningún caso de la forma legalmente establecida para su consulta por los agentes, advierte el escrito. Esto es, mediante un escrito motivado y dirigido a otro cuerpo policial para que el jefe del mismo registre y autorice la consulta. Un modus operandi que «vulnera toda la fiscalidad».
Las ‘pesquisas’ de los agentes
En las imágenes incorporadas a la denuncia se ve cómo varios componentes de la Guardia Civil –algunos de ellos «en situación de no disponibilidad para el servicio y, por tanto, con acceso denegado a cualquier base de datos policial»–, inician una conversación en el grupo en la que solicitan datos personales para una presunta investigación por el robo de unos perros. Ante esto, un agente del instituto armado envía imágenes de dos vehículos para identificar a sus propietarios a través de la consulta de las matrículas.
Casi de forma inmediata, otro componente del grupo envía una foto de un ciudadano, adjuntando también su DNI. Poco después, «un guardia civil envía una foto de una persona extraída de un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) de un centro comercial, y le imputa a este ciudadano directamente un hecho delictivo». «Tengo identificado al del Astra. Ha sustraído en Viérnoles –un municipio de la localidad de Torrelavega– también perros», comenta el funcionario policial.
Pero no son las únicas capturas que destacan. En otras a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE los agentes del grupo comparten fotos de más vehículos. Destaca otra conversación en la que un agente resuelve dudas sobre quién es el propietario de un vehículo gris. «Es el del Victor, que trabaja para el P. (una empresa)», dice. «Si correcto, estaba buscando la otra foto», le responde otro. El denunciante insiste en que el grupo opera «sin ningún tipo de control» y puede albergar datos significativos de cientos de personas y tener bases de datos paralelas.
El castigo para los agentes
El Ministerio del Interior ha endurecido las sanciones a los agentes por la búsqueda injustificada en bases de datos. Tanto es así que el número de expedientes disciplinarios se ha multiplicado en los últimos años, pasando de una veintena en 2021 a 78 el pasado año, según datos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). El caso reciente más mediático fue el del guardia civil que consultó la matrícula del coche que Carles Puigdemont utilizó para evitar ser detenido en Barcelona, en agosto de 2024. El agente fue castigado con 15 días de suspensión de empleo y sueldo.
Fuentes de la Guardia Civil advierten sobre el peligro que puede suponer la existencia de grupos como el denunciado, más allá de su modus operandi irregular. «Es imposible controlar el flujo de la información y, sobre todo, quiénes son los receptores finales, una vez que forma parte de los archivos del grupo. ¿Y si al final acaba en manos de otros delincuentes, a través de otros agentes que están en ese grupo?», critican estas mismas fuentes.