Leire Díez ideó una 'guerra' entre Policía y Guardia Civil para desactivar causas judiciales

Leire Díez confesó que tanto ella como sus colaboradores más cercanos estaban barajando entrar «como un elefante en una cacharrería» en la Guardia Civil, con el objetivo de hacer caer a muchos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) o de la Jefatura de Información. «Ir contra toda la Guardia Civil», le señaló al comandante Rubén Villalba —imputado por trabajar presuntamente para Víctor de Aldama—, y hacerlo utilizando al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) como ariete contra los mandos de la Benemérita. Una operación de la que estarían informados «los de arriba del Gobierno», que necesitaban «pruebas más objetivas para poder atacar» a la UCO y al «generalato». Díez manejaba una lista de más de media docena de oficiales de la Guardia Civil contra los que se debería actuar, siendo el teniente coronel Antonio Balas —responsable de la investigación económica del caso Koldo— el principal objetivo a batir. También apuntaron al Director Adjunto Operativo (DAO) porque «ya no se fían de él».

El PSOE, tras el que se enmarcaban todos los trabajos que realizaba Díez, según ella misma señalaba a sus confidentes, buscó lanzar a la Policía Nacional contra la Guardia Civil para desestabilizar diversas investigaciones en marcha. Según su versión, el equipo de fontaneros a quienes se les encargaron estas gestiones —entre ellos también se encuentra el empresario Javier Pérez Dolset— «incluso se han planteado ir contra toda la Guardia Civil, como un elefante por una cacharrería, para mover los cimientos», señalaban las notas que Villalba pasó a sus jefes del Servicio de Información tras el encuentro con Leire el pasado 10 de marzo.

En esa conversación, a Villalba se le plantea unirse al equipo como una pieza fundamental: nada menos que el hombre que coordinaría desde dentro de la Guardia Civil una investigación contra los actuales mandos del cuerpo. Se le proponen tres opciones: sentarse con la fiscalía para que describa esas «dinámicas» internas en la Guardia Civil, ser «la mano derecha» de la directora general del cuerpo, o «que me ponen a CNP para destapar todo lo que la UCO y Guardia Civil no está sacando en todas estas causas judiciales, y que irían contra toda la Guardia Civil con toda la información que tienen ellos junto con la que yo pueda contarle». Leire, dice Villalba en sus notas, era partidaria de esta última vía.

Policías investigando a guardias civiles

En esa conversación también se apunta a que la Policía Nacional «va a empezar a investigar, cosa que hasta ahora la judicatura no ha permitido, y que van a forzar que salga todo aquello que no está saliendo».

Sin embargo, y pese a «tener muchas pruebas» contra la Guardia Civil, «Leire lo frenó y dijo de ser selectivos y quitarse a esos elementos subversivos». Esos elementos, según le trasladó, tenían nombres y apellidos y formaban la lista corta de objetivos en la Guardia Civil. El principal de ellos, el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO y hombre clave en la investigación policial del caso Koldo sobre la presunta corrupción en el Gobierno de Pedro Sánchez.

La lista de objetivos en la Guardia Civil

Díez confirmó que Balas, de quien había que obtener información comprometedora, era su objetivo prioritario. Nada nuevo respecto a lo que la propia Díez había revelado en esa videollamada con un empresario investigado, Alejandro Hamlyn, presidente de Hafesa, una compañía salpicada por el fraude. En esa cita fue en la que habló de que «si Balas está muerto, mejor».

Díez, que posteriormente precisaría que se refería a una muerte civil, advirtió en aquella reunión qué era lo que de no tenía «ninguna gana que pase». «Que este señor, Antonio Balas, se convierta en verdugo de todos nosotros. Y de momento lo que está haciendo es convertirnos a todos en presos y carceleros de él».

No es el único nombre que citó en la conversación con el comandante Villalba. La lista de objetivos incluía a otros, como «Corbí, Bonilla [la víctima del bulo de la bomba lapa amplificado por el Gobierno], Pape, el comandante Redondo [exmarido de Macarena Olona], el coronel Rafael Yuste (UCO), el coronel Ismael Abad (Jefatura de Información)…», apuntó el comandante imputado tras hablar con Díez. Las miras incluso se centraron en el Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, de quien le pidieron información porque «ya no se fían de él».

Orden de Sánchez: «Limpiar»

Díez se presentó ante el fiscal Ignacio Stampa como la persona elegida por el PSOE para fiscalizar las malas praxis judiciales. Así consta en la denuncia que presentó el fiscal, en la que se relata cómo la denominada fontanera socialista y el empresario Pérez Dolset le pidieron información sobre supuestas «irregularidades» en los informes policiales incluidos en los procesos judiciales que afectan al partido.

El miembro del Ministerio Público también apuntó directamente al presidente del Gobierno tras verse con ambos interlocutores. Sostiene que las maniobras atienden a una instrucción de Pedro Sánchez, que tras la imputación de su esposa en abril del año pasado dio «orden de limpiar, sin límite».

Stampa relata que sus sospechas «me llevaron a garantizar […] la constancia documentada del contenido íntegro de dicha reunión, sospechas que se fueron confirmando y ampliando cuando no acudió Cerdán». Díez excusó su ausencia afirmando que le trasladaría después todo lo que se dijera. «A mi pregunta inmediata sobre quién era ella, contestó que se trataba de un encuentro en la más estricta confidencialidad y que ella era la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto», subraya la denuncia de Stampa a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

El fiscal requirió entonces a su interlocutora que «detrás de qué». Según la versión de Stampa, Leire Díez contestó: «De las irregularidades en informes policiales y de los fiscales Anticorrupción». La denuncia del miembro del Ministerio Público está incorporada a la investigación que ha abierto el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, contra la denominada fontanera del PSOE, Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias tras la querella de Hazte Oír.