La inacción del Gobierno dificulta la devolución de los inmigrantes que llegan a nado a Ceuta

La presión migratoria en la ciudad autónoma de Ceuta a través del mar está anotando cifras sin precedentes en 2025. Desde julio, miles de personas han intentado llegar a territorio español tras lanzarse al agua desde las costas de los municipios más próximos en Marruecos. Una peligrosa travesía a nado que ha ganado fama entre los jóvenes marroquíes, principalmente gracias a la difusión de vídeos en las redes sociales, y que ha disparado un 33,7% las llegadas irregulares. Hasta ahora, 2.890 personas han entrado a la ciudad autónoma por vía terrestre, frente a las 2.162 que lo hicieron en el mismo periodo del año pasado. 

El Ministerio del Interior incluye a los nadadores marroquíes en esa clasificación porque entran caminando por la costa a territorio español, pese a que acceden nadando, en realidad. Además, suponen la mayoría de este tipo de llegadas, habida cuenta de que apenas se han anotado en la valla de Ceuta, más allá de unos cuantos casos aislados, sostienen fuentes de la Guardia Civil, encargada de la vigilancia del perímetro fronterizo. Si bien los intentos por llegar de esta forma a España se han multiplicado, el 90% de los inmigrantes son interceptados en el agua por el instituto armado y devueltos poco después a Marruecos, excepto si son menores, cuya tutela depende automáticamente de Ceuta, tal como estipula la ley de extranjería. 

La demanda de tres ONG en Ceuta

Esta misma norma, sin embargo, podría dar en los próximos meses un giro a la política migratoria que sigue el Gobierno de cara a las devoluciones en caliente de los inmigrantes mayores de edad que llegan nadando a Ceuta, tras varios varapalos judiciales a los que el Ejecutivo ni siquiera ha hecho mención. Todo tiene origen en las demandas que tres organizaciones, Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el Servicio Jesuita a Migrantes, interpusieron contra la Delegación del Gobierno de Ceuta por rechazar en frontera «ilegalmente» a dos inmigrantes que fueron interceptados por la Guardia Civil en el mar o en la playa mientras trataban de acceder a la costa ceutí. 

Estas ONG consideraban que si los inmigrantes habían entrado nadando o en embarcaciones no podían ser rechazados en frontera porque no estaba amparado así en la ley de extranjería. En enero de 2024, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ceuta les dio la razón y, en 2025, hizo lo mismo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tras el recurso de la Administración. En la sentencia, la Sala confirmaba que estas prácticas no estaban amparadas por la figura del rechazo en frontera, porque esta reservada exclusivamente al intento de entrada irregular por las vallas de Ceuta y Melilla. 

De este modo el tribunal consideraba que no se podía aplicar de forma extensiva la disposición adicional décima de la ley de extranjería, que regula el rechazo en frontera, a situaciones en las que los inmigrantes fuesen interceptados en el mar o en la costa ceutí. El TSJA aclaraba que esta figura solo era válida cuando se produjese un intento de superar los elementos físicos de contención fronteriza, como los vallados, y no en contextos donde esos elementos no existen, como es el caso del mar. 

El recurso del Supremo

Ahora, tras el recurso en casación de la Abogacía del Estado, todo está en manos del Tribunal Supremo, que fijará la interpretación definitiva de esta cuestión en la ley. ¿Podrá devolver la Guardia Civil a los inmigrantes que son interceptados en las costas ceutíes o no? Por ahora, según refieren fuentes del Alto Tribunal, ni siquiera se ha decidido si se va a admitir a trámite el citado recurso. 

La Guardia Civil ha redoblado sus esfuerzos desde el verano no solo para interceptar a los inmigrantes, sino también para auxiliarlos. Hasta ahora, más de una treintena han fallecido haciendo esta travesía. Fuentes del instituto armado temen que el posible cambio en la jurisprudencia incremente aún más la presión migratoria que está llegando por el mar. 

«Los agentes arriesgan diariamente sus vidas en condiciones extremas. No queremos felicitaciones de los políticos en las redes sociales, sino acciones que mejoren nuestro trabajo», critica el secretario general la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Ceuta, Rachid Sbihi. Eta organización exige más medios humanos y materiales para hacer frente al desafío migratorio, y acusa a los partidos de utilizar las muertes de migrantes que intentan llegar a la ciudad autónoma «como arma arrojadiza».

La reforma de la ley

Fuentes expertas en materia de extranjería culpan de este escenario a la inacción normativa del Gobierno, que, sostienen, podía haber solventado este conflicto en la última reforma de la ley de extranjería, que ha hecho obligatorio el reparto de menores inmigrantes entre las comunidades autónomas cuando la capacidad de acogida de una esté por encima del 150%. «El Ejecutivo aprobó de urgencia en marzo el decreto con el que modificaba la norma para poder redistribuir a los menas. Este hubiera sido un momento propicio para modificar la redacción de las devoluciones en caliente con referencia expresa a las llegadas por mar y así evitar las dudas ahora pendientes de lo que decida el Tribunal Supremo».

Probablemente, prosiguen las mismas fuentes, «el Gobierno no quiso abrir el debate sobre este tema por lo controvertido que resultan siempre las devoluciones exprés». «No hubiera existido problema desde el punto de vista jurídico pues el Tribunal Constitucional convalidó en 2020 este régimen especial de Ceuta y Melilla al desestimar un recurso de inconstitucionalidad. E, igualmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) estimó ese mismo año  conforme la actuación de España en las devoluciones de 13 de agosto de 2014 en Melilla».