El Gobierno ascenderá al teniente coronel Antonio Balas para apartarlo del 'caso Ábalos'

El teniente coronel Antonio Balas, figura clave de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el hombre que está al frente de la investigación del caso Ábalos, que pone bajo la lupa al exministro de Pedro Sánchez y a varios ex altos cargos del Gobierno por el presunto cobro de comisiones en la compraventa de mascarillas durante la pandemia, está a punto de ser ascendido. Según fuentes del Instituto Armado consultadas por THE OBJECTIVE, el ascenso de Balas a coronel está programado para los próximos meses: un movimiento que, lejos de ser un reconocimiento rutinario a su trayectoria, responde a una estrategia del Ejecutivo para apartarlo de una investigación que incomoda al núcleo duro del poder socialista. «El Gobierno está deseando que ascienda y así se lo quitan de en medio», aseguran las mismas fuentes, que ven en esta maniobra un intento de rebajar la presión sobre los implicados en el caso.

El proceso de ascenso de Balas comenzará a tomar forma entre enero y mayo del próximo año, cuando se le calificará para el ascenso. A partir de julio, se iniciará el ciclo formal para su promoción a coronel, un rango que, dado su currículum y trayectoria, está prácticamente garantizado. «Balas es de los mejores, su expediente es impecable y será de los primeros en ascender», explican desde la Guardia Civil. Sin embargo, esta promoción, que en cualquier otro contexto sería un reconocimiento a su labor, levanta sospechas en el seno del Instituto Armado. El timing del ascenso coincide con un momento crítico del caso Ábalos, que avanza a toda velocidad y mantiene en vilo a figuras clave del PSOE, como el exministro José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización Santos Cerdán y otros casos como el de la mujer del presidente, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez.

El caso Ábalos no es un asunto menor. La investigación, liderada por Balas, ha destapado un presunto entramado de comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia, un escándalo que salpica a figuras de peso del Gobierno y del PSOE. La UCO ha demostrado una tenacidad que ha incomodado a las altas esferas. Los informes elaborados por su equipo han sido clave para avanzar en la instrucción judicial, y aún están pendientes de salir a la luz documentos que podrían implicar a más nombres, como el del exministro Ángel Víctor Torres. En este contexto, el ascenso de Balas no parece una casualidad, sino una jugada calculada para neutralizar a un investigador que se ha convertido en una amenaza para el Ejecutivo.

Cambios en la cúpula de la UCO

El movimiento en torno a Balas no es un hecho aislado. Se enmarca en una renovación más amplia de la cúpula de la UCO, impulsada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El actual jefe de la unidad, el coronel Rafael Vicente Yuste, número uno de su promoción, está a punto de ascender a general de brigada tras completar el curso correspondiente junto a otros coroneles. Sin embargo, no todos los candidatos lograrán el ascenso, ya que las plazas son limitadas y la decisión final recae en los ministerios del Interior y Defensa. Según fuentes de la Guardia Civil, Marlaska aprovechará esta oportunidad para acelerar cambios en la estructura de la UCO, a pesar de que estas maniobras alimentan las sospechas de injerencia en una de las unidades más prestigiosas y respetadas del país.

El relevo de Yuste ya está en marcha, y el nombre que suena con más fuerza para sustituirlo es el de la teniente coronel María Dolores Gimeno Durán, tal y como adelantó este periódico. Gimeno Durán es una pionera en el cuerpo: fue la primera comandante en cursar el Estado Mayor, ascendió a teniente coronel en 2018 y, un año después, fue elegida por Marlaska para liderar el Área de Mujeres e Igualdad de la Guardia Civil. Más tarde, dirigió el Departamento de Análisis Criminal de la Unidad Técnica de Policía Judicial, un puesto desde el que manejó información sensible sobre la criminalidad en España. Actualmente, es asesora del propio Marlaska en temas relacionados con el Instituto Armado, lo que la sitúa en una posición privilegiada para asumir la jefatura de la UCO. Su ascenso a coronel, previsto para marzo, la convertiría en la primera mujer en alcanzar este rango en la Benemérita, un hito histórico que, sin embargo, no está exento de controversia.

Fuentes internas señalan que el Ejecutivo podría estar buscando con estos movimientos un mayor control sobre la UCO, especialmente en un momento en que la unidad tiene bajo investigación a figuras clave del PSOE. Las mismas fuentes aseguran que el Gobierno se equivoca si cree que estos cambios frenarán el avance del caso Ábalos. «Si esperan controlar el caso Koldo con este movimiento, se equivocan», sentencia un alto mando de la Guardia Civil consultado por este periódico. La razón es sencilla: la investigación está demasiado avanzada, y la profesionalidad de la UCO hace improbable que un cambio en la cúpula pueda desviar su rumbo.

La presión sobre Balas: un objetivo a batir

El ascenso de Balas, aunque esperado, plantea un problema logístico para el Gobierno. Yuste dejará la jefatura de la UCO de manera inminente, mientras que el ascenso de Balas no se materializará hasta agosto del próximo año. Esto significa que Balas no podrá asumir el mando de la unidad de inmediato, lo que abre la puerta a Gimeno Durán. Sin embargo, existe una posibilidad, aunque remota, de que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, encargado de supervisar el caso, solicite que Balas permanezca al frente de la investigación pese a su ascenso. Esta opción, según las fuentes consultadas, es poco probable, ya que lo habitual es que un ascenso implique un cambio de destino. Para entonces, sin embargo, el caso Ábalos estará tan avanzado que cualquier intento de influir en la instrucción será inútil, aseguran desde la Guardia Civil.

La incomodidad del Ejecutivo con Balas no es nueva. La fontanera del PSOE, Leire Díez, dejó claras sus intenciones en una conversación que ha sacudido los cimientos de la Guardia Civil. «A Balas le quiero muerto», afirmó Díez, según consta en las grabaciones obtenidas por THE OBJECTIVE. Aunque posteriormente aclaró que se refería a una «muerte civil», sus palabras revelan la obsesión del entorno socialista por neutralizar al teniente coronel. En una videollamada con el empresario Alejandro Hamlyn, presidente de Hafesa, una compañía salpicada por el fraude, Díez fue aún más explícita: «Si Balas está muerto, mejor». Y añadió: «Que este señor, Antonio Balas, se convierta en verdugo de todos nosotros. Y de momento lo que está haciendo es convertirnos a todos en presos y carceleros de él».

Díez no se limitó a señalar a Balas. En una conversación con el comandante Rubén Villalba, imputado en la trama, reveló un plan para «entrar como un elefante en una cacharrería» en la Guardia Civil, con el objetivo de derribar a varios mandos de la UCO y de la Jefatura de Información. «Ir contra toda la Guardia Civil», aseguró, utilizando al Cuerpo Nacional de Policía como ariete contra los mandos de la Benemérita. Según Díez, la operación contaba con el respaldo de «los de arriba del Gobierno», que necesitaban «pruebas más objetivas para poder atacar» a la UCO y al «generalato». En su lista de objetivos figuraban nombres como el coronel Rafael Yuste, el coronel Ismael Abad, el comandante Redondo y hasta el Director Adjunto Operativo, Manuel Llamas, de quien, según Díez, «ya no se fían».

El plan de Díez incluía una lista de más de media docena de oficiales de la Guardia Civil contra los que actuar, con Balas como prioridad absoluta. La fontanera del PSOE manejaba información comprometedora sobre estos mandos, en un intento desesperado por debilitar a una institución que, con su rigor y profesionalidad, ha puesto contra las cuerdas al poder político. Las grabaciones de Díez, que han salido a la luz en el marco de la investigación, son un reflejo de la tensión entre el Gobierno y la Guardia Civil, una institución que, lejos de plegarse, sigue adelante con una investigación que puede cambiar el tablero político.