Exteriores ha vendido siete inmuebles en el extranjero por 6,3 millones en la última década

El Ministerio de Asuntos Exteriores se ha desprendido de siete inmuebles en el extranjero en la última década, por los que ha obtenido 6,3 millones de euros, según datos facilitados por el departamento de José Manuel Albares en una resolución del Portal de Transparencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Cinco de ellos —en las localidades belgas de Malinas (175.000 euros), Lieja (399.181,25 euros) y Bruselas (2.167.500 euros), junto con un inmueble en Cartagena de Indias (Colombia, por 1,7 millones de euros) y otro en Vila Real de San Antonio (Portugal, por 450.000)— se vendieron entre 2015 y 2018 con el Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que los dos últimos —en Le Sentier (Suiza, por 515.700 euros) y Fráncfort (Alemania, por 894.219,75 euros)— lo fueron en 2020 y 2024 ya con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Los 6,3 millones en total quedan lejos de las tres operaciones de compra que ha realizado Exteriores en este tiempo. En 2016 se adquirió una plaza de garaje en Buenos Aires (Argentina) por 28.000 euros y luego llegaron las compras de las embajadas en Caracas (Venezuela) y Londres (Reino Unido) por 6,7 millones y 91,5 millones de euros, respectivamente. Ambas con importantes sobrecostes en cuanto al anuncio inicial.

El edificio de Caracas se inauguró el año pasado, pero las obras habían terminado cuatro años antes. Al final, se gastaron nueve millones de euros: los 6,7 para la compra del mismo a finales de 2018 y tres para la posterior reforma, cuyas obras concluyeron en la primavera de 2020 después de tramitarse mediante un procedimiento de emergencia por razones de seguridad… y que a la postre no fue tan urgente a tenor de las dilaciones.

Ubicado en Chacao, uno de los centros financieros de la capital venezolana, el inmueble cuenta con cuatro plantas de 562,7 metros cuadrados de superficie cada una, tres sótanos y una parcela de 1.875 metros cuadrados. Fue adquirido al Banco Nacional de Crédito (BCN)-Banco Universal, según se detalló en la escritura de compra-venta, adelantada por El Independiente y OkDiario, y según confirmaron a este medio fuentes diplomáticas.

Las obras de la nueva embajada tuvieron una desviación presupuestaria del 15% con respecto al proyecto aprobado inicialmente, pero lo sorprendente es que el edificio estuvo completamente vacío y sin poder utilizarse durante cuatro años pese a que la Oficina de Información Diplomática (OID) confirmó a este diario en noviembre de 2021 que las obras se consideraban «finalizadas por parte de la empresa constructora».

En el caso de la embajada española en Londres, el Gobierno de Sánchez pagó finalmente un total de 91.545.195,89 euros por la compra del inmueble. Se trató de una cifra mucho mayor, más del doble, que la inversión anunciada inicialmente de 39 millones que se fijó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022.

Los diputados del PP Carlos Floriano y Pablo Hispán preguntaron a principios de 2024 al Ejecutivo si se había adquirido el inmueble y en caso afirmativo, cuál había sido el precio final a desembolsar por el Estado español y si se trataba de una «adquisición definitiva» del palacete de estilo victoriano «o por un plazo determinado». La respuesta del Ejecutivo dijo de forma escueta lo siguiente: «En relación con la pregunta formulada, se indica que el Estado ha adquirido de manera definitiva el inmueble en el que se ubica la Embajada de España en Londres por un importe final de 91.545.195,89 euros».

La embajada en el distrito de Belgravia

La cifra es muy llamativa porque el Gobierno dio a entender en octubre de 2021, cuando se consignaron 39 millones en la propuesta de los PGE, que el grueso del montante sería el fijado en aquel momento. Si bien Hacienda autorizó a Exteriores a modificar sus límites de gasto «con cargo a ejercicios futuros» para proceder a la compra del edificio que alberga la legación diplomática en Londres, los 91,5 millones pagados por el erario público suponen más del doble que lo anunciado hace dos años.

Precisamente, el PP inquirió en 2023 al Gobierno si se había cerrado el contrato para la adquisición del inmueble en Londres y el Ejecutivo respondió al principal partido de la oposición que se trataba «de un acuerdo de celebración de compraventa con varias fases y aún pendiente de determinados permisos y licencias exigidas por la normativa inmobiliaria británica», por lo que todavía no se podía determinar «el precio definitivo».

Exteriores respondió en ese momento que ya se había procedido «a la celebración de un acuerdo» sobre el contrato de compraventa para la adquisición del inmueble en Londres, situado en el número 39 de Chesham Place, en el distrito de Belgravia, una zona en la que se ubican varias embajadas. En ese momento se puntualizó desde el departamento de José Manuel Albares que se trataba de una compraventa «con varias fases», que aún estaba pendiente «de determinados permisos y licencias exigidas por la normativa inmobiliaria británica», por lo que todavía no se podía determinar «el precio definitivo». La sorpresa, para el PP, fue que el montante final de 91,5 millones de euros es mucho mayor que los 39 millones de los que el Ejecutivo habló en octubre de 2021.

La construcción del inmueble data de mediados del siglo XIX y se trata de un edificio «muy representativo», explicó Exteriores en otra respuesta parlamentaria sobre los detalles de la cancillería y la residencia del embajador. La superficie del solar de la cancillería es de 750 metros cuadrados y la superficie construida total asciende a 2.800 metros cuadrados repartidos en tres plantas, un sótano y un semisótano.

En cuanto a la residencia del embajador, está situada en el número 24 de Belgrave Square, en el distrito de Belgravia al igual que la cancillería. El edificio de la residencia sigue un estilo grecorromano y fue construido alrededor del año 1840 por el arquitecto londinense Henry Edward. Se trata de una edificación antigua, protegida por la normativa británica de carácter representativo, y con una superficie del solar de 800 metros cuadrados, repartidos en cuatro plantas y sótano, donde se ubica la zona de servicio.

Todo el complejo de la legación española estaba sujeto a un contrato de arrendamiento con la empresa británica Grosvenor Estate, firmado en junio de 1928 por un periodo de 98 años y nueve meses, por lo que iba a expirar el 25 de marzo de 2027 y el Estado corría el riesgo de quedarse sin el inmueble. El Gobierno deseaba mantener la embajada en el mismo emplazamiento, por lo que optó por proceder a la compra del mismo por considerarlo la alternativa más idónea.