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España tiene vacía desde 2020 su nueva embajada en Caracas tras gastar 9 millones

Sorpresa en Exteriores ante el prolongado retraso en la mudanza mientras se sigue invirtiendo dinero en el edificio

España tiene vacía desde 2020 su nueva embajada en Caracas tras gastar 9 millones

Fachada de la nueva embajada de España, sita en el municipio de Chacao, al este de Caracas. | The Objective

El Gobierno español mantiene vacía y sin usar su nueva embajada en Venezuela desde que finalizaron las obras hace casi cuatro años, según advierten fuentes diplomáticas a THE OBJECTIVE. Todo ello tras gastar nueve millones en ella: seis para la compra del edificio a finales de 2018 y tres para la posterior reforma, cuyas obras concluyeron en la primavera de 2020 después de tramitarse mediante un procedimiento de emergencia por razones de seguridad.

Aquellas obras se terminaron con un año de retraso y una desviación presupuestaria del 15% con respecto al proyecto aprobado inicialmente, pero lo sorprendente es que el edificio siga a día de hoy completamente vacío y sin poder utilizarse pese a que la Oficina de Información Diplomática (OID) confirmó a este diario en noviembre de 2021 que las obras se consideraban «finalizadas por parte de la empresa constructora».

Sin embargo, los años van pasando y la mudanza no termina de producirse. La OID subraya ahora que los retrasos se deben «a cuestiones administrativas relativas a permisos y autorizaciones de carácter técnico», si bien confían en que se hayan resuelto «en los primeros meses del año próximo». Mientras llega ese momento, el departamento de José Manuel Albares ha seguido invirtiendo dinero en el edificio. En enero de este año, por ejemplo, se destinaron 149.000 euros (sin IVA) para la instalación de «medidas de seguridad electrónica» en el complejo que albergará la cancillería, el consulado general y el resto de oficinas sectoriales que estaban desperdigadas por la capital.

Los dos últimos contratos de 2023

En abril, hubo otro contrato por valor de 37.954,29 euros (sin IVA) para la reparación de las cubiertas en la cancillería y en agosto, el Gobierno aprobó una partida adicional de 11.869 euros (IVA incluido) para el «servicio de mantenimiento reactivo en el sistema de seguridad» de las nuevas instalaciones.

Las fotografías del lugar a las que tuvo acceso THE OBJECTIVE hace dos años mostraban el edificio completamente remodelado y aparentemente listo para empezar a utilizarse -ver abajo-. Testigos confirmaron a este diario que desde abril de 2021 no había obreros en la zona.

Imagen tomada en 2021 del nuevo edificio de la embajada de España en Venezuela.

Ubicado en Chacao, uno de los centros financieros de la capital venezolana, el inmueble tiene cuatro plantas de 562,7 metros cuadrados de superficie cada una, tres sótanos y una parcela de 1.875 metros cuadrados. Fue adquirido al Banco Nacional de Crédito (BCN)-Banco Universal por el equivalente a seis millones de euros en diciembre de 2018, según se detalló en la escritura de compra-venta, adelantada por El Independiente y OkDiario, y según confirmaron a este medio fuentes diplomáticas.

El interior del edificio también se encontraba aparentemente terminado, sin maquinaria de obra en sus salas y despachos, según pudo comprobar THE OBJECTIVE a finales de 2021. También se observó una pequeña parte del mobiliario de trabajo que necesitarán los diplomáticos y funcionarios de las distintas dependencias de la Embajada cuando se mudasen a la nueva sede, donde está previsto dar servicio público a los casi 140.000 españoles que residen en Venezuela

La compra del inmueble se produjo con Jesús Silva como embajador en Venezuela en diciembre de 2018. Ante la creciente inestabilidad que vivía el país sudamericano, Exteriores decidió comprar el edificio con la idea de juntar, bajo mayores condiciones de seguridad, en un mismo edificio a todo el personal diplomático de la cancillería, el consulado general, así como la consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la oficina comercial y otras agregadurías. La idea y posterior ejecución de esta operación inmobiliaria partió de la entonces subsecretaria, Ángeles Moreno, quien en la actualidad es la número dos del ministerio como secretaria de Estado de Asuntos Exteriores.

En agosto de 2017, el edificio principal de la actual embajada de España en Caracas había sufrido un ataque con cócteles molotov. Además, la legación española tiene varias sedes separadas en diferentes y alejados sectores de la capital venezolana, lo que dificulta su operatividad, y las condiciones de seguridad de todas ellas se consideró «deficiente» cuando se ejecutó la compra y remodelación del nuevo edificio.

«Se puso de manifiesto que las instalaciones de la Representación de España en Caracas no disponían de los elementos imprescindibles para garantizar el normal funcionamiento de la sede diplomática en la situación de conflicto en la que se encuentra el país, ni cuenta con dependencias seguras para que presten sus funciones de protección los funcionarios y cuerpos de policía enviados desde España», explicó el Consejo de Ministros dos años después de la compra del edificio.

Precisamente, por considerarse una situación de «grave peligro», las obras de reforma del inmueble se adjudicaron a dedo mediante un procedimiento de emergencia: el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público permite a la Administración otorgar contratos «sin sujetarse a los requisitos formales establecidos». Una excepción legal contemplada para responder de manera inmediata a «acontecimientos catastróficos», situaciones «que supongan un grave peligro» o «que afecten a la defensa nacional». 

La reforma, inicialmente presupuestada en 2,6 millones de euros, se adjudicó a la empresa Inversiones YC SA sin pedir al contratista ningún informe de solvencia económica antes de otorgarle la obra, según confirmó el propio Ministerio de Asuntos Exteriores en respuesta a una solicitud de información tramitada a través del Consejo de Transparencia. «Al tramitarse el expediente solicitado por el interesado dentro del marco del artículo 120 citado, se prescindió de los requisitos formales», indicó el departamento de Albares en su respuesta.

«La embajada, al frente de la cual se encontraba en ese momento Jesús Silva, seleccionó en el año 2019 a la empresa Inversiones YC SA por ser conocedores de su trabajo, algo que consideró imprescindible en las circunstancias existentes en ese momento», añadieron fuentes diplomáticas consultadas por este diario. 

La desviación presupuestaria

La compra y la remodelación del inmueble que albergará la nueva embajada de España en Caracas no se conoció hasta finales de 2020. Concretamente el 9 de diciembre de ese año, cuando el Consejo de Ministros hizo público un acuerdo para la «ampliación de la declaración de emergencia» de las obras y un aumento del gasto de 396.564 euros con respecto al presupuesto inicial, elevando el coste total de la reforma hasta un total de 3.026.309 euros

Además, en virtud del acuerdo del Consejo de Ministros, se alargaba en al menos cuatro meses y tres semanas la duración de una obra que inicialmente iba a durar diez meses, a contar desde julio de 2019. «Durante el transcurso de las obras de emergencia, que se vienen desarrollando en medio de un clima de inseguridad agravado en los últimos meses como consecuencia de la pandemia de la covid-19, se han detectado nuevas necesidades en las mismas, por lo que el 22 de octubre de 2020, la empresa Inversiones YC SA, con la conformidad de la dirección facultativa, presentó un nuevo presupuesto», explicó el Ejecutivo en un comunicado. 

La nueva Embajada de España en Caracas: una 'emergencia' de 9 millones que nadie usa tres años después
La nueva embajada, una ‘emergencia’ de nueve millones que nadie usa cuatro años después de las obras.

En el momento en que se aprobó la ampliación presupuestaria del proyecto, el embajador Silva ya había abandonado Caracas y al frente de la embajada española se había quedado Juan Fernández Trigo, designado como encargado de negocios y que en la actualidad es el secretario de Estado para Iberoamérica a las órdenes de Albares.

En abril de 2021 el contratista dio por finalizadas las obras. El regreso de Fernández Trigo unos meses después a Madrid dejó descabezada la legación diplomática durante un tiempo, hasta que a principios de noviembre de ese año el Gobierno designó a Ramón Santos como nuevo encargado de negocios de la embajada española en Caracas. Puesto en el que luego fue ascendido a embajador en diciembre de 2022, sin que pasados dos años se haya producido la mudanza de la embajada y el consulado al mencionado edificio. Toca esperar a principios de 2024 para ver si se procede a la inauguración.

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