Sánchez fracasa con la oficialidad del catalán en la UE durante la Presidencia española

El Gobierno de Pedro Sánchez no podrá sacar adelante la oficialidad de catalán, euskera y gallego en la Unión Europea durante la Presidencia semestral española que concluye este mes de diciembre. Los ministros de Asuntos Exteriores abordarán este martes en Bruselas, por cuarta vez en los últimos tres meses, la petición registrada por el Ejecutivo en septiembre, pero no se espera una votación ante la oposición de una decena de países a los planes de Madrid, según admiten fuentes diplomáticas consultadas por THE OBJECTIVE.

El jefe de la diplomacia, José Manuel Albares, se ha encontrado «con muchas dificultades» para sacar adelante la iniciativa y en el futuro, una vez perdida la oportunidad del semestre español de la UE, el Gobierno tendrá más complicado reunir el consenso unánime que exige una decisión de este calado, por lo que las citadas fuentes vaticinan que la iniciativa «dormirá el sueño de los justos» a partir de ahora.

Aunque inicialmente figuraba en la agenda como un punto para adopción, finalmente se limitará a un «intercambio» de puntos de vista en el que España hará valer sus argumentos de que el estatus de las tres lenguas cooficiales es un «caso único» en la Unión Europea que no puede ser extrapolado a otras regiones, explicaron fuentes europeas a Europa Press.

Por lo tanto, este martes se prevé un breve debate entre los Veintisiete, donde España se arriesga a que surjan voces críticas. Albares no estará en la reunión ya que asistirá al Consejo de Ministros y dejará el asiento al secretario de Estado para la UE, el diplomático Pascual Navarro.

Una decena de países -entre ellos Francia y los países bálticos- han pedido un informe al servicio jurídico del Consejo de la UE sobre las consecuencias de introducir el catalán, euskera y gallego en las disposiciones de los tratados, por lo que la delegación española sabía desde hace unos días que no podría someter a votación una cuestión tan delicada sin tener este documento sobre la mesa.

Además, el uso del catalán, gallego y euskera en las instituciones de la UE tendría un coste anual de 132 millones de euros que serían asumidos por España. Esta es la cantidad que viene reflejada en un informe interno de la Comisión Europea desvelado por el diario El País, que recoge que cada una de las lenguas cooficiales tendría un coste de 44 millones por año por la contratación de traductores e interpretes, adaptar las bases de datos y los sistemas técnicos.

El informe de Bruselas sobre la factura anual de meter las tres lenguas oficiales en las instituciones europeas causó sorpresa en Exteriores por su «alta cuantía» y no ha ayudado al Ejecutivo de Sánchez a defender la iniciativa. En el entorno del ministro se cree que la Comisión ha inflado la cifra en un intento por poner palos en la rueda. «Lo han recargado, es una barbaridad de millones», subraya una fuente a este diario.

La oficialidad de catalán, euskera y gallego fue un compromiso del PSOE con Carles Puigdemont para conseguir el respaldo de Junts a la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso. El expresidente de la Generalitat exigió «hechos comprobables» sobre esta cuestión y el primero de ellos llegó de la mano de Albares, quien solicitó por carta el reconocimiento de las tres lenguas dentro de la UE.

Fue la primera vez que se presentaba una solicitud de estas características y, desde entonces, la Presidencia española ha incluido el debate de este asunto en las últimas cuatro reuniones de ministros de Exteriores. Una insistencia que ha incomodado a varios socios europeos con el argumento de que un país debe ser «neutral» en la organización de los trabajos del Consejo cuando preside las reuniones en Bruselas.

Hasta el momento, ninguna delegación ha expresado su rechazo de plano a explorar la modificación del reglamento pero sí han sido numerosas las que han dejado claro sus dudas, por el temor a que abra la puerta a un efecto dominó entre otras regiones europeas. También se han resistido a entrar en un debate de fondo, mientras no haya sobre la mesa informes detallados de las consecuencias legales, prácticas y financieras del cambio.