El jefe de la UDEF presume de evitar la presión del Gobierno al no investigar la corrupción
El precio de la tranquilidad es alto: una Policía Nacional ausente y una Guardia Civil sobrecargada

Fernando Alonso, jefe de de la UDEF. | UIMP
Fernando Alonso, jefe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), se jacta en privado de haber evitado la presión política del Gobierno. Lo hace, según sus propios compañeros, porque ha renunciado a investigar la corrupción. El jefe de la UDEF ha trasladado en círculos cerrados: «Nos estamos librando de todo esto», transmiten fuentes policiales a THE OBJECTIVE, resignadas ante el desmantelamiento de una de las unidades de élite de la Policía Nacional.
En los despachos de la Comisaría General de Policía Judicial, donde la UDEF tenía su centro neurálgico, el ambiente ha cambiado. Los agentes que hace apenas unos años desentrañaban redes de blanqueo y sobornos a gran escala reconocen hoy su frustración: «Ya no estamos en ninguna investigación importante», confiesan a este periódico. «No estamos en ninguno de los tres casos más relevantes de la actualidad. Hemos pasado a hacer asuntos nimios». Esa deriva, aseguran, no es fruto del azar, sino de la línea marcada por su jefe, Fernando Alonso, un comisario que llegó al cargo a mediados de 2022 bajo el paraguas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y que —según diversas fuentes policiales y judiciales— ha dejado claro que no quiere conflictos políticos.
El «no quiero líos»
En los pasillos de la Policía Nacional, Alonso es conocido con el sobrenombre que lo define: el no quiero líos. El apodo nació tras un episodio que muchos agentes aún recuerdan: un policía destinado en Canarias comenzó a investigar la trama del Tito Berni, una red de sobornos y favores vinculada al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. El agente, al detectar ramificaciones que afectaban al Gobierno, pidió que el caso se elevara a Madrid para su coordinación desde la UDEF. Según relatan varias fuentes, la respuesta de Alonso fue tan breve como reveladora: «No quiero líos». Esa negativa marcó un antes y un después. Desde entonces, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha tenido que asumir las causas de corrupción política que antes investigaba la UDEF, hasta el punto de que se encuentra «colapsada de trabajo». «El problema no es solo que no trabajen, es que además el jefe presume de ello», lamentan las mismas fuentes.
Lejos de ocultar la inacción de su unidad, Fernando Alonso presume de haber logrado la calma institucional. Fuentes policiales consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que en reuniones internas y conversaciones privadas ha llegado a manifestar que se están librando de la presión política, en contraste con la que soportan sus homólogos de la Guardia Civil. «El jefe de la UDEF ha trasladado en círculos cerrados: ‘Nos estamos librando de todo esto’».
El alivio personal del comisario contrasta con la frustración de los agentes que durante años convirtieron a la UDEF en un referente internacional en la lucha contra la corrupción. «Ya no levantamos alfombras», confiesa otro funcionario. «La UCO está investigando lo que antes era nuestro trabajo, y él lo ve como una ventaja, porque así no le llaman del ministerio ni le piden explicaciones». En la práctica, la Policía Nacional ha desaparecido del mapa de la corrupción. Fuentes judiciales lo confirman: «Casi ni le conocemos en la Audiencia Nacional ni en la Fiscalía Anticorrupción». Y rematan con ironía: «La tierra es para quien se la trabaja, y la Guardia Civil lo hace».
Una desaparición silenciosa
La UDEF fue durante años la joya de la corona en la lucha contra el crimen económico. De sus investigaciones nacieron macrocausas como Malaya, Gürtel, Pujol, PDVSA, Idental, Neurona, Viu Europa y Tito Berni. Sin embargo, hoy no figura en ninguno de los casos más relevantes de la actualidad: ni en la trama Koldo, sobre las adjudicaciones del Gobierno durante la pandemia; ni en la causa que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno; ni en el caso del hermano de Pedro Sánchez, ni en los sumarios del caso Negreira, Rubiales o Soule, todos ellos de fuerte impacto mediático y político. Todas esas investigaciones están en manos de la UCO.
A la desaparición de su protagonismo judicial se suma la reducción drástica de plantilla. La UDEF ha perdido la mitad de sus efectivos desde que Fernando Alonso asumió la dirección. Decenas de agentes especializados han solicitado traslado a otros destinos, hartos de no poder desarrollar su trabajo. «Muchos se han ido porque ya no hay horizonte profesional», confirman fuentes policiales. «Prefieren marcharse a otras unidades antes que seguir en un sitio donde investigar está mal visto».
Fuentes judiciales y policiales consultadas por este periódico coinciden: la actual pasividad de la UDEF no es fruto de la improvisación. Obedece a una estrategia que busca rebajar el perfil de la Policía Nacional en las causas que puedan comprometer al PSOE. En la práctica, significa dejar fuera de juego la unidad que durante años investigó a partidos de todos los colores políticos y que se convirtió en un instrumento incómodo para el poder. El resultado es un modelo de dirección en el que la ausencia de conflictos se confunde con la eficacia. «Él lo vende como un logro: dice que ahora la unidad está tranquila, que no hay presiones ni sobresaltos. Pero eso pasa porque no se investiga nada», añade otra fuente policial.
Fernando Alonso, según confirman personas de su entorno, considera un éxito haber logrado la «paz institucional» en la UDEF. Lo expresa en privado como si fuera una muestra de gestión inteligente: mantenerse lejos de los focos, evitar los titulares, esquivar los problemas. Pero para los veteranos de la unidad, ese orgullo es la prueba de su renuncia. «Presume de no recibir llamadas del ministerio, pero eso solo ocurre cuando dejas de hacer tu trabajo», sentencia un agente. El precio de esa tranquilidad es alto: una Policía Nacional ausente de los casos de corrupción que más afectan al país, una Guardia Civil sobrecargada y una sensación generalizada de impunidad.
