Así funcionaba la trama de guardias civiles que amañó contratos de obras públicas en Córdoba

El Juzgado de Instrucción número seis de Córdoba investiga desde hace casi dos años a un sargento, dos mandos de la Guardia Civil y siete empresarios por el supuesto amaño de contratos relacionados con varias obras por valor de dos millones de euros que se acometieron en la Comandancia del Instituto Armado de la citada provincia entre 2022 y 2023. Esta causa trata de aclarar la presunta comisión de los delitos de cohecho, malversación y prevaricación. Entre los diez investigados está el que fuera coronel jefe de la Comandancia, Juan C.; el exjefe de Personal y Apoyo, el comandante César M., y el sargento primero Antonio E., encuadrado en el Área de Recursos Materiales y encargado de los trámites iniciales de los expedientes de contratación y los costes de las obras.

Hasta ahora, el foco sobre estas presuntas irregularidades en la confección y adjudicación de contratos (fraccionamiento, sobrecostes, relaciones personales con los empresarios adjudicatarios) se había centrado principalmente en el citado sargento, al que el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil detuvo en marzo de 2024. Sin embargo, los informes del cuerpo, incorporados al sumario del caso y a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, revelan que el comandante y entonces encargado de los contratos era conocedor de todo el modus operandi delictivo.

A través del análisis de los dispositivos informáticos y de las comunicaciones telemáticas entre los investigados, «han aflorado ciertas conductas a priori irregulares llevadas a efecto por parte del comandante César M.», advierte el informe de Asuntos Internos. La Guardia Civil ha detectado numerosas referencias del citado mando a procedimientos de contratación del periodo investigado, así como continuas órdenes y directrices al sargento. Entre ellas, el fraccionamiento de los contratos para reducir los costes totales y eludir los procesos de adjudicación para que esta última quedase en manos directamente de la Comandancia de Córdoba. 

Presupuesto «real» y «tuneado»

Cobra relevancia en este sentido la conversación que mantienen en junio de 2022 el suboficial Antonio E. y el comandante César M. en la que queda patente la forma de proceder de ambos para fraccionar los contratos con el fin de sortear el procedimiento legal. En el chat, el sargento adjunta un primer archivo con anotación manuscrita «real» en la que se aprecian varias obras cuyo presupuesto de ejecución sobrepasa el umbral para poder ser gestionadas por la Comandancia de la Guardia mediante un contrato menor, en este caso, 48.400 euros.

Por este motivo, señala el informe de la Guardia Civil, el jefe de Apoyo y Personal insta al sargento a fraccionar el objeto de dichos contratos. «Parte las de 100», le refiere César M, haciendo mención a aquellas obras cuyo coste supera los 100.000 euros. Una orientación que el subordinado ya había tenido en cuenta previamente, según muestra otra anotación manuscrita que envía al mando posteriormente a través de WhatsApp en la que se lee «tuneado». De esta forma, todas las obras anteriormente reseñadas que sobrepasaban el presupuesto máximo quedaban planificadas para que no superaran el importe máximo fijado por la ley, tal y como se puede observar entre las dos tablas que se adjuntan sobre los detalles de la obra.  

El Servicio de Asuntos Internos destaca «la gran aproximación de los presupuestos a la cantidad de 48.400 euros (40.000 euros más IVA), el umbral máximo de los contratos menores de obras, lo que puede observarse en las citadas tablas. Además, señala el informe, se advierte un sobrecoste que asciende hasta los 24.449 euros entre las imágenes de «planificación real» y la «planificación tuneada» del presupuesto, sin que «en ese instante el comandante, en su labor como responsable de los contratos, manifestase objeción alguna», censura la Guardia Civil. Esto, según los investigadores, evidencia la implicación del mando en los amaños.

«Así dejé los 365.000»

Del mismo modo, en otra conversación en julio de 2022 entre ambos guardias civiles, vuelve a detectarse como el comandante da otra orden para ejecutar un fraccionamiento en el objeto de los contratos, aproximándose también a los 48.400 euros. «Así dejé los 365.000 [euros]», le dice al sargento, que le responde: «Ok». En la tabla, puede advertirse como muchos costes (ventanas comandancia, residencia masculina; vestuario, cabos y guardias) quedan ajustados para no superar el umbral máximo que permite la ley. «En esta ocasión, no solo se trata de la ausencia de toda supervisión como responsable, sino que se vislumbra la participación activa de César M. y su voluntariedad a la hora de gestionar los expedientes de contratación de obras de la Comandancia de Córdoba de manera irregular», advierte la Guardia Civil. 

Los investigadores también destacan el hecho de que el comandante cambiase la configuración asociada a su conversación a través de WhatsApp con el sargento Antonio E. y estableciese los mensajes temporales con eliminación automática a las 24 horas. Y sobre todo que lo hiciese en enero de 2024, apenas dos meses antes de que explotase la operación. «A partir de entonces, existe una franja temporal en la que no queda constancia de comunicación alguna entre ambos […]», remarcan. Solo hay dos mensajes que el mando envía al sargento el mes de su detención y que aparecen como eliminados en el informe de extracción del dispositivo. 

Vínculos con las empresas de Córdoba

La culminación del presunto modus operandi irregular que ambos guardias civiles llevaban a cabo en la confección de los contratos estaba, posteriormente, en la «ejecución final de los mismos que se adjudicaban directamente a favor de empresarios determinados, y que simulaba al mismo tiempo una competencia ficticia entre sociedades que nunca tenía lugar […]», explica Asuntos Internos. El informe revela que gran parte de contratos menores para obras de la Comandancia se los llevaron firmas detrás de las que, en realidad, siempre estaba el mismo empresario, Enrique M., con el que los dos guardias civiles comían a menudo en un restaurante de la capital cordobesa llamado La Barraca. 

En este sentido, advierte el instituto armado, entre otros encuentros fuera del entorno horario y entorno laboral, es importante la reunión que mantienen los dos funcionarios policiales en julio de 2022 con el constructor Enrique M., tan solo un día más tarde de haber resultado adjudicatario de un expediente de contratación a través de su cuñado, León H. y la sociedad administrada por el mismo, Yesur Córdoba 2016 SL. 

Competencia ficticia

Con el avance de las pesquisas, los agentes del SAI observaron que entre los expedientes de contratación investigados se compartía un mismo patrón: las personas jurídicas y/o físicas detrás de las empresas que aparentaban competir para conseguir los contratos siempre eran del entorno familiar del constructor Enrique M. Buena prueba de la concurrencia ficticia de empresas a través de este grupo empresarial son los sellos que los agentes hallaron en la sede social de Construcciones Enrique Moya SL. de diversas firmas vinculadas a los contratos de las obras de la Comandancia. 

Las empresas integradas en este grupo resultaron adjudicatarias de un total de once contratos, el 58% de los 19 contratos menores preparados por la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba para realizar obras en el ejercicio de 2022. El montante de estos contratos asciende a 356.794 euros. Por otro lado, los investigadores dejan claro en su informe que en las conversaciones mantenidas entre el comandante y el líder del grupo empresarial «queda patente el pleno conocimiento por parte del primero de la ejecución por parte del segundo de las obras oficialmente adjudicadas a empresas interpuestas con las que éste no tiene aparente vinculación».

En otras palabras, que los guardias civiles adjudicaban contratos aparentemente a otras empresas cuando eran plenamente conscientes de que detrás de las mismas estaban siempre Enrique M. En distintos chats puede observarse cómo ambos conversan sobre la evolución de distintas obras que no siempre se habían adjudicado a Construcciones Enrique Moya SL. «Buenas! Ya ha terminado. Muchas gracias, ajústame cuentas y te hago el pago», le dice el mando de la Guardia Civil, al empresario. Él contesta: «Ya me paso por ahí y hablamos». En otra ocasión, el sargento le comenta: «¿Hoy no vienen los albañiles?». Y Enrique M, le dice: «No creo. A ver si abre algo el tiempo. Es que trabajar así es un problema».

Declaraciones ante la juez

Por su parte, prosigue el dosier policial, su superior, el comandante jefe de Personal y Apoyo de la Comandancia «tenía pleno conocimiento del fraccionamiento de los contratos, así como de la concurrencia ficticia de empresas y la facturación a la Guardia Civil a través de sociedades interpuestas del grupo empresarial liderado por Enrique M, evitando tanto la competencia como la transparencia exigible en el marco de una correcta gestión pública, lo cual choca de plano con la optimización del gasto público». Y finalmente, todo derivó en el incremento de sobrecostes en la facturación de los expedientes. Todavía queda por cuantificar cuáles fueron todos esos sobrecostes, en otro informe de peritaje encargado por la juez. 

En sus declaraciones ante la juez instructora —que ha prorrogado la investigación del caso de nuevo—, según refieren a este periódico fuentes judiciales, el sargento y los empresarios imputados se acogieron a su derecho a no declarar. Por su parte, el comandante negó su implicación en los hechos. Y el entonces coronel jefe de la Comandancia, Juan C., investigado por ser el último responsable de los contratos, aseguró que firmaba los mismos por su confianza en sus subordinados, según publicó El Diario de Córdoba.