El jefe de la Guardia Civil de Córdoba silenció la denuncia interna sobre el amaño de contratos

El jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba ignoró una denuncia interna sobre el amaño de contratos que se estaba llevando a cabo supuestamente en el seno de la institución que dirigía entre 2022 y 2023. Según la documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, un sargento advirtió de las irregularidades con los expedientes de contratación en diciembre de 2022 al entonces coronel Juan C., pero este último ignoró el aviso y evitó investigar los hechos. Cinco meses después, en mayo de 2023 y ante la inacción de sus superiores, el guardia civil decidió denunciar lo que estaba ocurriendo con los contratos ante el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Benemérita. 

Estas pesquisas de la Guardia Civil dieron lugar después a la causa que instruye el juzgado número seis de Córdoba y que trata de aclarar desde marzo de 2024 la presunta comisión de los delitos de cohecho, malversación y prevaricación en el manejo de dos millones de euros en contratos menores de obras que se acometieron en la Comandancia de Córdoba. Entre los investigados hay siete empresarios, un sargento, Antonio E., encuadrado en el Área de Recursos Materiales y encargado de los trámites iniciales y de los costes de las obras; el exjefe de Personal y Apoyo, el comandante César M., y el que fuera el coronel jefe, Juan C., estos dos últimos como responsables últimos de supervisar, aprobar y firmar los contratos irregulares. 

En su declaración ante la juez instructora hace un año, el exjefe de la Comandancia —ahora destinado en el Estado Mayor de la Guardia Civil— aseguró que firmaba los contratos porque confiaba en sus subordinados y en que todo se desarrollaba conforme a la ley, según publicó El Diario de Córdoba. Por otro lado, en relación con la denuncia del agente subordinado, que grabó el encuentro con el coronel cuando le reveló sus sospechas, Juan C. explicó que expuso la cuestión al comandante César M., también investigado por el amaño de los contratos, y que este último le restó importancia. De este modo, la Guardia Civil no inició en ningún momento acciones internas para dilucidar las presuntas irregularidades.

El conocimiento del denunciante

En este punto, cabe destacar que el sargento que alertó al coronel jefe sobre presuntas anomalías en los contratos y adjudicaciones no era un agente que desconociese el asunto que denunciaba, sino todo lo contrario: era el cajero pagador de la Comandancia de Córdoba. Según la documentación que obra en poder de este diario, el denunciante confeccionaba los documentos contables y tramitaba los pagos de contratos y facturas que previamente habían sido aprobadas por el jefe correspondiente. Al comenzar a sospechar sobre algunas de las facturas que él mismo tramitaba fue cuando decidió sin éxito avisar a su superior de lo que ocurría. Ante la inacción de sus jefes, decidió solicitar un nuevo destino meses después.

Hasta ahora, el foco sobre las presuntas irregularidades en la confección y adjudicación de contratos (supuesto fraccionamiento de licitaciones, sobrecostes en facturas, relaciones personales con los empresarios a quienes se condecían las obras) se había centrado principalmente en el sargento Antonio E., encargado de los trámites iniciales de los expedientes. Sin embargo, los informes del SAI, incorporados al sumario del caso y a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, revelan que el comandante y entonces encargado de supervisar los contratos era conocedor de todo el modus operandi delictivo.

Fraccionamiento de contratos

A través del análisis de los dispositivos informáticos y de las comunicaciones telemáticas entre los investigados «han aflorado ciertas conductas a priori irregulares llevadas a efecto por parte del comandante César M.», advierte el informe de Asuntos Internos. Los agentes han detectado numerosas referencias del citado mando a procedimientos de contratación del periodo investigado, así como órdenes y directrices al sargento investigado. Entre ellas, el fraccionamiento de contratos para eludir los procesos de adjudicación y que, de este modo, se tramitase como un contrato menor para que su resolución quedase en manos de la Comandancia de Córdoba. 

Cobra relevancia en este sentido la conversación mantenida en junio de 2022 entre el suboficial Antonio E. y el comandante César M. en la que queda patente la forma de proceder de ambos para fraccionar los contratos con el fin de sortear el procedimiento legal. En el chat, el sargento adjunta un primer archivo con anotación manuscrita «real» en el que se aprecian varias obras cuyo presupuesto de ejecución sobrepasa el umbral para poder ser gestionadas por la Comandancia de la Guardia mediante un contrato menor, en este caso, 48.400 euros.

Por este motivo, señala el informe de la Guardia Civil, el jefe de Apoyo y Personal insta al sargento a fraccionar el objeto de dichos contratos. «Parte las de 100», le refiere César M, haciendo mención de aquellas obras cuyo coste supera los 100.000 euros. De esta forma, todas las obras anteriormente reseñadas que sobrepasaban el presupuesto máximo quedaban planificadas para que no superaran el importe máximo fijado por la ley, tal y como se puede observar entre las dos tablas que se adjuntan sobre los detalles de la obra y que envía a la conversación el suboficial, la primera como «real» y la segunda como «tuneada».

Adjudicaciones a un empresario de Córdoba

Además de otras conversaciones entre ambos en las que queda claro, a juicio de los investigadores, el papel que juegan ambos guardias civiles en la confección de los contratos para fraccionarlos y aumentar los costes, las pesquisas de los Asuntos Internos también revelan cómo amañaban las adjudicaciones para que siempre recayesen en empresarios próximos. El informe del SAI revela que gran parte de contratos menores para obras de la Comandancia se los llevaron firmas detrás de las que, en realidad, siempre estaba el mismo empresario, Enrique M., con el que los dos guardias civiles comían a menudo en un restaurante de la capital cordobesa llamado La Barraca. 

Con el avance de las pesquisas, los agentes de Asuntos Internos observaron que los expedientes de contratación investigados compartían un mismo patrón: las personas jurídicas y/o físicas detrás de las empresas que aparentaban competir para conseguir los contratos siempre eran del entorno familiar del constructor Enrique M. Buena prueba de la concurrencia ficticia de empresas a través de este grupo empresarial fueron los sellos que los agentes hallaron en la sede social de Construcciones Enrique Moya SL. Todos ellos de diversas firmas vinculadas a los contratos de las obras de la Comandancia. 

Las empresas integradas en este grupo resultaron adjudicatarias de un total de 11 contratos, el 58% de los 19 contratos menores preparados por la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba para hacer obras en el ejercicio de 2022. El montante de estos contratos asciende a 356.794 euros. En sus conclusiones, los investigadores de la Guardia Civil dejan claro que en las conversaciones mantenidas entre el comandante y el líder del grupo empresarial «queda patente el pleno conocimiento por parte del primero de la ejecución por parte del segundo de las obras oficialmente adjudicadas a empresas interpuestas con las que éste no tiene aparente vinculación». En otras palabras, que los guardias civiles adjudicaban contratos aparentemente a otras empresas cuando eran plenamente conscientes de que detrás de las mismas estaban siempre Enrique M.