La Guardia Civil designa al coronel investigado en Córdoba para el curso de ascenso a general
El mando, investigado por el amaño de contratos en la Comandancia andaluza, es uno de los 14 coroneles seleccionados
El mando investigado, en un acto, en 2022. | Europa Press
La Dirección General de la Guardia Civil ha designado al exjefe de la Comandancia de Córdoba investigado por el amaño de contratos entre 2020 y 2023 para hacer el curso de capacitación para el ascenso a general. Según la resolución, publicada el 30 de octubre en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa y a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el mando Juan C., destinado ahora como jefe de área del Estado Mayor de la Guardia Civil, es uno de los 14 coroneles seleccionados por la cúpula del instituto armado y del Ministerio de Defensa que inició la citada formación el pasado 10 de noviembre con vistas a subir en el escalafón del cuerpo.
Si bien este curso no asegura el ascenso a general de brigada, es un paso imprescindible. La elección de los candidatos, además, no es automática. El Consejo Superior de la Guardia Civil, integrado por tenientes generales y generales de división en activo, se encarga de evaluar y seleccionar a los asistentes. Después, el resultado de evaluación se eleva a la directora del cuerpo, Mercedes González, que aprobó la relación definitiva de participantes. Lo llamativo del caso de este coronel, según revelan fuentes de la Benemérita, es que se trataría de la primera vez que un mando investigado judicialmente es designado para cursar los altos estudios de Defensa Nacional.
Tener la condición de investigado en una causa judicial no impide hacer estos cursos, al menos los de ascenso en la escala de oficiales, esto es, los mandos del Instituto Armado. El Reglamento de evaluaciones y ascensos de la Guardia Civil, aprobado en 2017, no contempla esa situación procesal ni ninguna otra para excluir a los candidatos de las formaciones, según ha podido verificar este periódico. No obstante, hay una excepción: para el ascenso de guardia civil a cabo, esto es, el escalafón más bajo, la orden que lo regula sí descarta a aquellos que «están incursos en algún procedimiento judicial por delito doloso como persona procesada, investigada judicialmente o acusada con declaración de apertura del juicio oral correspondiente».
Silenció una denuncia interna
Otras fuentes de la Guardia Civil explican a este diario que el hecho de estar investigado no debe afectar a la asistencia del curso porque no predetermina una condena, y de no hacer participar en esa formación, posiblemente el coronel quedaría definitivamente postergado respecto a su promoción. «No recuerdo un caso de este tipo, pero lo normal es que haga el curso y, posteriormente, en función de la evolución del procedimiento judicial, si tiene alguna responsabilidad penal, no se proponga su ascenso a general de brigada», explica un alto mando del cuerpo.
Según ha revelado THE OBJECTIVE este martes, el entonces jefe de la Comandancia de Córdoba ignoró una denuncia interna sobre el amaño de contratos que se estaba llevando a cabo supuestamente en el seno de la institución que dirigía. De acuerdo con diversa documentación consultada por este diario, un sargento advirtió de las irregularidades con los expedientes de contratación en diciembre de 2022 al entonces coronel Juan C., pero este último evitó investigar los hechos. Cinco meses después, en mayo de 2023 y ante la inacción de sus superiores, el guardia civil decidió denunciar lo que ocurría con los contratos al Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Benemérita.
Su declaración en el juzgado
Estas pesquisas de la Guardia Civil dieron lugar después a la causa que instruye el juzgado número seis de Córdoba y que trata de aclarar desde marzo de 2024 la presunta comisión de los delitos de cohecho, falsedad documental, malversación y prevaricación en el manejo de dos millones de euros en contratos menores de obras que se acometieron en la Comandancia de Córdoba. Entre los investigados hay siete empresarios, un sargento, Antonio E., encuadrado en el Área de Recursos Materiales y encargado de los trámites iniciales y de los costes de las obras; el exjefe de Personal y Apoyo, el comandante César M., y el que fuera el coronel jefe, Juan C., estos dos últimos como responsables últimos de supervisar, aprobar y firmar los contratos irregulares.
En su declaración ante la juez instructora hace un año, el exjefe de la Comandancia aseguró que firmaba los contratos porque confiaba en sus subordinados y en que todo se desarrollaba conforme a la ley. Por otro lado, en relación con la denuncia del agente subordinado, que grabó el encuentro con el coronel cuando le reveló sus sospechas, el mando explicó que expuso la cuestión al comandante César M., también investigado por el amaño de los contratos, y que este último le restó importancia. De este modo, la Guardia Civil no inició en ningún momento acciones internas para dilucidar las presuntas irregularidades.
Fraccionamiento de contratos, sobrecostes…
El informe de Asuntos Internos, por otro lado, demuestra que el sargento Antonio E. y el ex jefe de Apoyo de la Comandancia de Córdoba, César M. se coordinaban para añadir sobrecostes y fraccionar los contratos de obras en las instalaciones policiales para que las adjudicaciones quedasen en sus manos como contratos menores, sin superar nunca el límite de los 48.400 euros, tal como establece la ley. Además, los funcionarios simulaban una competencia ficticia entre empresas, detrás de las que, en realidad, siempre estaba el mismo empresario o familiares de este último.
Con el avance de las pesquisas, los agentes de Asuntos Internos observaron que los expedientes de contratación investigados entre 2020 y 2023 compartían un mismo patrón: las personas jurídicas y/o físicas detrás de las empresas que aparentaban competir para conseguir los contratos siempre eran del entorno familiar del constructor Enrique M. Prueba de la concurrencia ficticia de empresas a través de este grupo empresarial fueron los sellos que los agentes hallaron en la sede social de Construcciones Enrique Moya SL, todos ellos de diversas firmas vinculadas a los contratos de las obras de la Comandancia. En total, se les adjudicó el 58% de todos los contratos menores en obras, según asegura el informe de la Guardia Civil.