El sindicato mayoritario de la Policía impugna convertir la jefatura de Cataluña en un memorial

El sindicato mayoritario de la Policía, Jupol, ha dado un paso más en su ofensiva contra la decisión del Gobierno de convertir el edificio que alberga la Jefatura Superior de Cataluña, en la Vía Laietana de Barcelona, en un memorial histórico. Jupol ha presentado una serie de alegaciones ante el Ministerio de Política Territorial Memoria Democrática para paralizar este procedimiento. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en julio, el Ejecutivo declaró la sede policial como lugar de memoria democrática por ser un espacio donde se habían cometido «crímenes de lesa humanidad o contrarios a los derechos humanos» durante la dictadura franquista. 

En el escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la organización policial considera que esta iniciativa forma parte de una «maniobra perfectamente orquestada para expulsar a la Policía Nacional de Cataluña y que obedece a intereses ajenos al servicio público y a la seguridad de los ciudadanos, sin tener en cuenta en ningún caso criterios técnicos u operativos». Si bien el Gobierno solo ha declarado las instalaciones policiales como lugar de memoria, el cierre de la Jefatura es una vieja reclamación de los partidos independentistas catalanes.

Sin ir más lejos, el pasado miércoles el concejal de ERC Jordi Castellana propuso en el pleno municipal de Barcelona que Vía Laietana deje de funcionar como comisaria y se transforme en un lugar dedicado a la memoria «Es inadmisible que la Jefatura tenga el mismo uso policial que tenía durante el franquismo en vez de ser un espacio de memoria», dijo el edil, que enmarcó la propuesta en la conmemoración del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

«Símbolo de la democracia española» en Cataluña

Jupol denuncia que el acuerdo de incoación publicado en el BOE «carece de la motivación, el rigor documental y la transparencia exigibles en un expediente de tal trascendencia». El texto «se basa en estimaciones, generalidades y afirmaciones sin sustento probatorio, aludiendo a ‘centenares de detenidos’ o ‘condiciones insalubres’ sin que se aporten pruebas concretas, estudios técnicos ni documentación contrastada que vincule directamente esos hechos al inmueble actual», dice el documento del sindicato mayoritario. 

Del mismo modo, prosiguen, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática «no acredita la singularidad del edificio respecto a otros inmuebles históricos, ni se justifica por qué debe recibir esa declaración y no otros con similares antecedentes». Los policías defienden que el edificio de Vía Laietana no es un símbolo del franquismo, sino un «símbolo de la democracia española y de la seguridad ciudadana». «Es un espacio operativo esencial para la coordinación de unidades, la investigación criminal y la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia organizada», sostienen. 

Una placa conmemorativa

Por este motivo, Jupol exige que el procedimiento iniciado por el Gobierno «se ajuste a derecho, se amplíen los plazos de audiencia, se aporte toda la documentación» y que se descarte expresamente cualquier medida que implique «traslado limitación o alteración del uso policial del inmueble». El sindicato afirma que la declaración como Lugar de Memoria Democrática «no puede ser utilizada como instrumento para vaciar de contenido la presencia del Estado ni para imponer restricciones que dificulten el funcionamiento operativo de la Policía Nacional». Como solución, los policías proponen que se estudie la instalación de una placa o señalización exterior conmemorativa, sin poner en peligro la función policial ni alterar la seguridad de las dependencias.

Entre tanto, el sindicato exige que el Ministerio del Interior actúe con firmeza y defienda la titularidad, el uso y la función policial del edificio. «Ni un solo metro de Vía Laietana debe ser entregado a quienes buscan borrar la presencia del Estado. Este edificio no pertenece al pasado, pertenece al presente y al futuro de la seguridad pública», insiste el secretario general de Jupol, Aarón Rivero, en declaraciones a este periódico. «Pretenden convertir esta sede en un museo o en un centro memorial es una agresión institucional sin precedentes. Supone debilitar la presencia del Estado en Cataluña y enviar un mensaje de desprecio a miles de policías nacionales que han servido allí con profesionalidad, honor y respeto a la ley». 

La Confederación Española de Policía (CEP) también ha impugnado la resolución el Gobierno. Este sindicato considera que la declaración del inmueble exclusivamente como «’lugar del terror franquista’, sin ponderar su condición de sede policial en un Estado democrático de derecho, genera un efecto de estigmatización» hacia los policías que trabajan en las instalaciones». Los agentes, advierte el CEP, «se ven públicamente señalados en su lugar de trabajo como herederos de un relato histórico negativo, lo que afecta gravemente a su dignidad profesional, a su clima laboral y a su integridad moral».