ARP, el único sindicato policial que apoya ceder Vía Laietana: «Forma parte de la historia negra»

Fueron los únicos policías que defendieron la necesidad de reformar la ley de seguridad ciudadana, más conocida, como ‘ley mordaza’; y ahora, dos años después, plantean frente al resto de sindicatos la misma idea con una futura cesión del edificio que alberga la Jefatura Superior de Policía, en Vía Laietana 43, Barcelona, a los partidos independentistas catalanes. La Agrupación Reformista de Policía (ARP) está a favor de entregar este inmueble porque, dicen fuentes de esta organización, «forma parte de la historia negra de la institución» y es una buena oportunidad para reclamar al Ministerio del Interior un nueva sede «moderna e inteligente». 

Construir un centro de memoria es lo que desde hace años lleva reclamando ERC. De hecho, el acuerdo que firmó con el PSOE para investir a Pedro Sánchez como presidente apunta a una la creación de una comisión entre el Ejecutivo central y autonómico para la cesión de inmuebles bajo la titularidad del Estado para adaptarlos a las necesidades del Gobierno catalán. A juicio del resto de sindicatos policiales, sin embargo, esto significaría un «paso más» en la perdida de competencias de Policía Nacional en la comunidad autónoma. 

Frente a estos últimos, ARP, del que forman parte un millar de agentes, señala que «no se puede negar» el uso que pretenden dar los partidos ‘indepes’ a la comisaría de Vía Laietana: «Fue un edificio donde se dieron episodios de detenciones manifiestamente ilegales, torturas y muertes en algunas ocasiones, ocasionadas por miembros de la policía al servicio de la dictadura». «Es una realidad del pasado, que debemos adaptar al presente. Nosotros lo único que queremos es que nos haya problemas entre policía y población civil», explica el portavoz, Manuel Soler. 

«Se atentó contra los derechos civiles»

En Vía Laietana, prosiguen desde este sindicato policial, «se atentó contra los derechos civiles y humanos de los ciudadanos». «No cabe duda de que este edificio forma parte de la historia negra de la institución, como así ha ocurrido con otros tantos, en ningún momento imputable a la era de la desmilitarización y democratización de la Policía, en la etapa de la transición política». En este sentido, desde ARP, recuerdan que algunos sindicatos policiales, «una vez legalizados», se opusieron a seguir trabajando en esa Jefatura. 

Además, insisten, un ejemplo de lo que podría ocurrir con el edificio de la Policía Nacional ya ocurrió en 1985 cuando el Gobierno cedió «la Dirección General de la Seguridad, a la Comunidad de Madrid». Un inmueble en el que, «como también se sabe, ocurrieron hechos gravísimos, contratados por las propias víctimas y por el reconocimiento oficial del propio estado». 

Un edificio moderno

En estas circunstancias, el sindicato aboga por que Interior atienda las reclamaciones de los agentes y diseñe un «edificio moderno e inteligente, dotado de la máxima seguridad, medios suficientes en materia de riesgo laboral, y una dotación de personal suficiente para garantizar los servicios encomendados que desarrollan». 

La cesión de Vía Laietana, según sostiene ARP, contribuiría a que la Policía Nacional «no fuese objeto de «señalamiento social y menos de sus miembros destinados actualmente, en un edificio heredado del franquismo ajenos a los hechos repudiables que ARP, nunca ha dudado reconocer». Se trata de un «gesto de la sociedad democrática y de sus instituciones que, en estos momentos, debe servir para cerrar desencuentros entre la población civil catalana y la policía nacional». 

‘Ley mordaza’

Hace dos años, la Agrupación Reformista de Policías fue el único sindicato que defendió la derogación de la ‘ley mordaza’. En esta reforma, la ARP veía «única forma de recuperar los derechos y libertades sociales que fueron recortados por el Partido Popular en 2015» y de devolver, con ello, «el prestigio arrebatado a las instituciones policiales». «Nos han utilizado para reprimir manifestaciones y protestas en la calle por los recortes sociales que ellos mismos han causado», criticaron desde este sindicato minoritario.

Pese a los intentos de los socios del Gobierno en la pasada legislatura, el Congreso tumbó la reforma de la ley de seguridad ciudadana. ERC y EH Bildu pedían eliminar de la norma las pelotas de goma como material antidisturbios y las devoluciones en caliente, frente a la negativa del PSOE. Lo que provocó que, finalmente, la votación en la Comisión de Interior se quedase en eso. 

Sin embargo, PSOE y Sumar anunciaron en su acuerdo de gobierno un nuevo plan: cambiar «aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión» e introducir «un sistema de sanciones restaurativas y reparadoras, que contemple la capacidad económica de los sancionados».