El Gobierno solo ha trasladado a 38 menores inmigrantes desde Canarias en tres meses

La modificación de la ley de extranjería impulsada por el Gobierno no ha logrado agilizar por ahora el traslado de menores migrantes desde Canarias, que todavía tutela a 1.700 jóvenes por encima de la capacidad de acogida que fija la norma. Desde que entró en vigor, a finales del pasado agosto, el Ejecutivo solo ha resuelto el traslado de 38 menores para que sean tutelados por otras comunidades autónomas, lo que supone menos del 2% del total, según denuncian a THE OBJECTIVE fuentes del Ejecutivo canario. A este ritmo, sostienen las mismas fuentes, el proceso para descongestionar los centros de la comunidad autónoma podría alargarse durante años, sin contar con que cada semana llegan nuevos menores procedentes de África a las islas a bordo de cayucos. 

Frente a este escenario, sin embargo, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, puso el foco en Canarias y señaló que solo habían trasladado al Gobierno 432 expedientes de los 2.826 menores en situación de contingencia migratoria, esto es, que deben ser trasladados a otras regiones ante el colapso del sistema. Por este motivo, les pidió más celeridad. Unas declaraciones que no han sentado bien en Ejecutivo canario, habida cuenta de que es realmente el Gobierno central el que se está retrasando en la resolución de expedientes, denuncian fuentes autonómicas.

El principal problema, sostienen las mismas fuentes, está en que el Gobierno tiene que informar a Canarias de dónde quiere mandar a los menores y para ello tiene que hablar previamente con las comunidades autónomas, para las que la ley ha establecido unos cupos de acogida. Un proceso que no se lleva a cabo con rapidez, en unos casos por errores burocráticos y en otros por la negativa de las regiones a aceptar a los jóvenes extranjeros. Por lo que, advierten, no es una cuestión del Ejecutivo canario, que ha mandado a la Delegación del Gobierno ya 449 expedientes —y tiene pendientes otros 1.000—, de los que solo se ha hecho orden de resolución definitiva de traslado de 154. De estos últimos, además, se han archivado 61 porque ya han cumplido la mayoría de edad y han declarado arraigo en la isla.

La ‘cuota’ del TS

En cualquier caso, esos expedientes no son los únicos que gestiona Canarias. A los de la ley de extranjería se suman los de protección internacional: estos son los de menores que después de llegar a las islas han solicitado asilo tras haber huido de su país de origen por razones políticas. Hasta marzo, su tutela dependía de la comunidad autónoma. Sin embargo, el Tribunal Supremo (TS) ordenó al Gobierno hacerse cargo de estos menores, habida cuenta de que la red de protección internacional depende del Ministerio de Migraciones. 

Tras varios choques entre ambas administraciones, que han obligado al TS a pronunciarse en distintas ocasiones durante el último año, el Estado se ha hecho cargo ya de la mayoría de estos jóvenes, a falta de que se resuelvan 70 casos. De los 1.129 menores en esta situación, se hicieron mayores de edad 240, y 344 se han trasladado a la península, mientras que el resto están en recursos del Estado en Canarias. En este último caso, sin embargo, la tutela de los jóvenes extranjeros no se hace en las mejores condiciones, denuncia el Ejecutivo canario.

La cuestión es que no existe una red de protección internacional de menores igual que existe una de adultos. Por este motivo, el Supremo exigió habilitar una para aquellos jóvenes asilados que hubiese que acoger en el futuro. Por este motivo, el Ministerio de Migraciones ha ido abriendo recursos en distintas comunidades autónomas —también en Canarias— para aquellos que alegaban arraigo en la región y no querían dejar las islas después de tanto tiempo allí. Unos espacios que, a juicio del Gobierno canario, no cumplen con los requisitos mínimos para alojar a estos menores.

Las nuevas llegadas

Según explican fuentes del Gobierno autonómico, en las dos últimas semanas han abierto dos centros en Gran Canaria que «no reúnen las características mínimas que se exigen para los centros de menores estables». Al igual que otro espacio, llamado Canarias 50, un espacio habilitado en un principio para adultos inmigrantes en el que se improvisaron barracones para acoger a los menores solicitantes de protección internacional de forma temporal durante 15 días. La realidad es que se ha establecido como centro de uso habitual, lo que preocupa a la comunidad autónoma porque quienes los habitan son niños y niñas con especial vulnerabilidad que no pueden vivir en esas condiciones, denuncian a este periódico fuentes regionales. 

A todo este proceso se suma la llegada de menores a las islas a través de mar. La ley de extranjería contempla que si se da la contingencia migratoria en los siguientes 15 días a esa llegada, los jóvenes tienen que derivarse automáticamente a las comunidades autónomas. Desde que se aprobó la norma, han llegado 200 menores, de los que solo han salido 41. «Nosotros hacemos la entrevista, enviamos el informe, pero la Delegación del Gobierno es la que tiene que asignar el lugar del menor. El problema sigue siendo el mismo: el proceso se retrasa porque las comunidades autónomas están recurriendo cada tutela de los menores. Y el Estado no hace cumplir la ley». 

Por este motivo, el Gobierno canario denuncia que la nueva legislación, lejos de solventar el problema, dilata el proceso migratorio de estos niños: primero están a cargo de la comunidad autónoma canaria, después van a un centro de tránsito y finalmente pasan a ser tutelados por otra región. «Por un lado, se sigue tensionando el sistema y, por otro, se causa perjuicio y confusión a los menores porque no terminan de arraigarse en ninguna parte, y además se van haciendo mayores, mientras todo el proceso se resuelve», denuncian. «La celeridad no debe exigirse a Canarias, sino al Estado, que debe establecer mejores centros y resolver el problema con las comunidades autónomas».