El desprecio de Cataluña al Seprona en plena crisis de peste porcina: «Ni nos han llamado»

La crisis de la peste porcina en Barcelona ha revelado las consecuencias del pacto político que sellaron el Ministerio del Interior y la Generalitat de Cataluña a principios de diciembre de 2024 para desmantelar paulatinamente el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en favor de los Mossos d’Esquadra y los Agentes Rurales. Una maniobra que blindó el apoyo de ERC al Gobierno de Salvador Illa y al de Pedro Sánchez, y que ha permitido que una de las unidades más prestigiosas a nivel internacional se esté desangrando en la región catalana. Ahora, en un momento en el que los guardias civiles resultarían vitales para hacer frente al control de la peste, Cataluña se ha visto obligada a requerir la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME). 

La situación del Seprona es más crítica que nunca. Según revelan a THE OBJECTIVE fuentes de la Guardia Civil, esta unidad está integrada por 45 agentes en toda la comunidad autónoma catalana, cuando el catálogo de puestos está en torno a 100. En otras palabras, falta más de la mitad de la plantilla. Cada seis meses salen vacantes, pero no se cubre ninguna desde hace años. «No se cubrían antes y ahora, con este tipo de medidas, aún lo harán menos. ¿Quién va a venir aquí para que en unos meses te quedes sin trabajo?», denuncian las mismas fuentes.

Las labores para las que Cataluña ha solicitado la presencia de la UME —el control cinegético para impedir la propagación del bote de peste porcina africana— son en realidad una competencia del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. Sin embargo, la Generalitat de Cataluña no ha contemplado en ningún momento que agentes de los destacamentos próximos a la zona infectada trabajen en estas tareas. «Ni nos han llamado, pese a que se trata de nuestro trabajo. Aquí todo es política», aseguran a este periódico fuentes del Seprona. 

Los cambios en las competencias del Seprona

El principal cambio en las competencias que sellaron los gobiernos central y autonómico en el acuerdo es que cualquier investigación de delitos relacionados con el medio ambiente en Cataluña siempre será liderada por los Mossos d’Esquadra y por el cuerpo de Agentes Rurales, cuando hasta entonces esa labor era compartida con la Guardia Civil. Quienes están actuando ahora en la vigilancia y la protección frente a la peste porcina son los agentes rurales y la UME. Un aspecto clave, sin embargo, es que los agentes rurales no son policía judicial, por lo que no pueden investigar esos ilícitos, y por ahora no se ha planteado ningún cambio en su reglamento.

El pacto también estableció que la Guardia Civil tiene la obligación de informar a los Mossos de cualquier hecho relacionado con el medio ambiente para que el cuerpo autonómico asuma la titularidad de la investigación o, como mínimo, forme parte de los equipos de investigación que coordinen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los ilícitos administrativos y penales en la parte que afectase al territorio de Cataluña.  En la práctica, estas medidas han implicado la mutilación de estas unidades en Cataluña, habida cuenta de que sus principales tareas se han visto absorbidas por los cuerpos catalanes. 

La cesión a Cataluña no solo se ha encontrado con la reacción negativa de la propia Guardia Civil, sino también con la de numerosos Ayuntamientos gobernados por partidos independentistas, que creen que su salida les deja sin protección en emergencias y actividades delictivas en la frontera. Diez alcaldes de Junts escribieron una carta a la directora del instituto armado, Mercedes González, y al ministro del Interior, para que frenasen el asunto, sin éxito. El delegado del Gobierno confirmó el inminente fin del Seprona en Cataluña a distintos mandos policiales en una reunión el pasado mes de mayo. 

El recurso de las asociaciones profesionales

La mayoría de asociaciones profesionales de la Guardia Civil han llevado a los tribunales lo que consideran una «transferencia encubierta» de sus competencias a la Policía de la Generalitat de Cataluña. Entre ellas, la Unión de Oficiales, que representa a la escala de mandos. Consideran que la «asignación en exclusiva» a Mossos y Agentes Rurales contraviene la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad e incluso el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en su artículo 144 establece que las competencias en medio ambiente son compartidas por Generalitat y Estado. Por lo que, denuncian las mismas fuentes, «se requiere una ley orgánica para modificar esta previsión y no un simple acuerdo». 

«En los 20 años en los que se viene ejerciendo la competencia de forma compartida, se ha llevado a cabo con una perfecta coordinación entre ambos cuerpos en esa materia, por lo que excluir a la Guardia Civil no solo no mejora la lucha contra la protección del medio ambiente, sino que debilita su protección», denuncia la asociación de mandos. 

El papel de los jueces

Esta organización sostiene que si el departamento de Grande-Marlaska y el de Interior de la Generalitat quieren establecer un nuevo marco regulatorio de las atribuciones legales en materia de medio ambiente en Cataluña, el procedimiento correcto no es el de un acuerdo en la Junta de Seguridad, sino el de una transferencia de competencias como hizo el Gobierno con la aprobación de una ley orgánica el Congreso para materializar el traspaso de Tráfico a la Comunidad Foral de Navarra. «El acuerdo al que han llegado Interior y la Generalitat atenta contra leyes en vigor, es un atajo de dudosa legalidad». 

Además, los mandos de la Guardia Civil advierten de que el acuerdo entre ambos ejecutivos «olvida» que muchas de las investigaciones referidas sobre delitos de medio ambiente son dirigidas por jueces o fiscales, los cuales determinan qué cuerpo se hace cargo de las pesquisas. De este modo, prosiguen, el convenio firmado genera «incertidumbre, inseguridad jurídica y una contradicción: ¿Qué se debe cumplir? ¿El acuerdo o las leyes orgánicas que regulan la materia?».