Madrid y Barcelona anularon 29.400 multas por la inconstitucionalidad del estado de alarma
En la ciudad condal se registró un total de 25.368 cargos afectados, y en la capital española se han devuelto 4.414
Un guardia civil da el alto a un vehículo durante la pandemia. | Europa Press
El fallo del Tribunal Constitucional que tumbó determinados preceptos del estado de alarma por la crisis sanitaria del Covid 19 ha provocado la cancelación de algunas de las sanciones impuestas durante marzo de 2020. Según datos oficiales a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, las ciudades de Madrid y Barcelona han anulado en conjunto 29.400 multas durante ese periodo.
En la Ciudad Condal el alcance de las anulaciones ha sido especialmente significativo. El Instituto Municipal de Hacienda de Barcelona registró un total de 25.368 cargos afectados, de los cuales 19.763 fueron directamente anulados. Las otras 5.605 multas corresponden a aquellas que fueron pagadas y tuvieron que ser devueltas.
El impacto económico total de estas decisiones es de 11.263.123,68 euros. Solo en las devoluciones tramitadas constan casi dos millones de euros (1.845.307,79), mientras que en aquellas que fueron anuladas el importe asciende a los 9.417.815,89 de euros.
Inferior en Madrid
En la capital española, el Servicio Sancionador del Área de Vicealcaldía también tuvo que reabrir los expedientes relacionados con las sanciones abonadas de manera reducida por incumplir las restricciones del estado de alarma. Madrid ha procedido a la devolución de 4.414 multas, una cifra muy inferior a la registrada en Barcelona.
El importe global de dichas devoluciones asciende a los 1.326.816 euros. El Ayuntamiento señala que no se puede determinar el total de intereses abonados en cada caso, ya que no existe un registro estadístico del que se puedan extraer estos datos. Para obtenerlos, sería necesario revisar manualmente todos los expedientes, una tarea que «excede los recursos humanos disponibles y constituye una causa de inadmisión conforme al artículo 18.1. C de la Ley de Transparencia».
El Tribunal Constitucional invalidó parcialmente los decretos del estado de alarma al juzgar que la restricción de derechos impuesta era excesiva. Según el criterio inicial, la magnitud de las medidas urgentes requería la declaración del estado de excepción. Sin embargo, esta posición tuvo un cambio de doctrina, siguiendo la línea de otros asuntos reevaluados por la corte de garantías desde que la llegada de Cándido Conde-Pumpido a la presidencia.
La resolución afectó a miles de sanciones impuestas a ciudadanos que incumplieron las restricciones, obligando a los ayuntamientos a revocar sus resoluciones sancionadoras y devolver el dinero recaudado. En el caso de Madrid, el Consistorio aprobó el Decreto de 13 de octubre de 2022, por el que se anulaban de forma generalizada las multas y se iniciaba la devolución de los importes abonados, incluidos los intereses cuando correspondiera.
Estas cifras en las ciudades de Madrid y Barcelona, reflejan el importante impacto económico y administrativo de la sentencia, que obligó a gestionar devoluciones masivas a los ciudadanos y a redefinir los criterios de las restricciones que se adoptaron durante la pandemia.