La Guardia Civil ve una «explosión controlada» en el 'caso Plus Ultra' para blindar a Zapatero

Las imágenes publicadas por El Debate sobre el encuentro del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con el detenido de Plus Ultra Julio Martínez Martínez, 72 horas antes de que lo arrestara la Policía, suponen la confirmación de una sospecha que recorre los círculos de la Guardia Civil desde que el pasado jueves la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entrara en la sede de la aerolínea y detuviera también a su presidente y su consejero delegado. Fuentes policiales consultadas por THE OBJECTIVE, tanto de la Benemérita como de la propia Policía Nacional, sospechan de la existencia de una «explosión controlada» por parte de la cloaca policial cercana al expresidente Zapatero para «controlar la investigación» sobre Plus Ultra, y cortar el paso a las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Las citadas fuentes creen que se trata de un intento por hacer «explotar la investigación por parte de las cloacas policiales vinculadas al expresidente del Gobierno». Señalan a quien fuera su director de seguridad en Moncloa, el comisario Segundo Martínez, actual responsable de seguridad en Huawei, y a través de quien logró implantar a la tecnológica de origen chino en varios contratos con el Estado; y Francisco Pardo, actual director de la Policía Nacional, persona muy vinculada al exministro de Defensa, José Bono, cercano a Zapatero.

Las fuentes consultadas ponen el acento en el último encuentro de Zapatero con Martínez, tres días antes de su detención, en el marco de una causa que investiga el blanqueo de capitales vinculado al rescate de la aerolínea Plus Ultra. Las mismas fuentes explican que es cierto que ambos quedaban con asiduidad para practicar deporte, pero, sin embargo, tras su última cita se produjo un borrado de correos y mensajes de Martínez para «obstaculizar la investigación» que tanto preocupa al exjefe del Ejecutivo socialista en la medida en que se trata de una persona de máxima confianza.

La correlación de ambos hechos —la reunión de Zapatero y Martínez y el borrado posterior de sus dispositivos— no es casual para los investigadores de la Guardia Civil, que creen que se ha producido un chivatazo por parte del expresidente del Gobierno, que ha obtenido información, no por parte del Gobierno, sino por parte de sus tentáculos en la Policía Nacional.

Un caso controlado por Segundo Martínez

Fuentes policiales detallan que el circuito por el que fluye la información dentro de la Policía Nacional sigue un esquema perfectamente definido. Los agentes de la UDEF elevan sus informes y avances de investigación a su superior directo, el comisario Fernando Alonso. Conviene recordar que Alonso fue designado en el cargo por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y que, desde su llegada, tal y como viene denunciando este periódico desde hace años, la unidad investigadora de la Policía Nacional ha ido desapareciendo de las principales causas judiciales. De facto, sostienen estas fuentes, la UDEF ha sido neutralizada, quedando el grueso de las investigaciones relevantes en manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Según estas mismas fuentes, el comisario Alonso traslada posteriormente las diligencias a su superior jerárquico, el comisario general de Policía Judicial, Luis Fernando Pascual, nombrado en el puesto hace apenas dos años. A partir de ahí, la información asciende hasta el máximo responsable operativo del cuerpo, el director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, conocido internamente como Jota. Este último, subrayan los investigadores consultados, mantiene una estrechísima vinculación con Segundo Martínez, a quien señalan como «el hombre de Zapatero para controlar Interior». «Martínez es quien eligió al DAO», aseguran de forma tajante estas fuentes, que describen este entramado jerárquico como una estructura diseñada para filtrar y condicionar las investigaciones sensibles. «Esta es la auténtica cloaca de Interior», denuncian, una acusación que no procede únicamente de la Guardia Civil, sino también de agentes en activo de la propia Policía Nacional.

Una operación controlada

Es más, conviene recordar que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional debería haber abandonado el cargo hace ahora un año. El 16 de diciembre de 2024 cumplió 65 años, la edad legal de jubilación forzosa establecida con carácter general para los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Sin embargo, su salida no se produjo. No fue una casualidad ni una excepción administrativa ordinaria, sino el resultado de una modificación legal introducida expresamente por el Gobierno para permitirle continuar en el puesto de máxima responsabilidad operativa dentro del cuerpo policial.

El cambio normativo se incorporó de forma discreta en el Real decreto de ayudas a los afectados por la dana, una norma de urgencia que nada tenía que ver, al menos formalmente, con el régimen de personal policial. Aprovechando ese texto, el Ejecutivo alteró el apartado b) del artículo 5.2 de la Ley Orgánica 9/2015, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, introduciendo una excepción específica para el DAO. Hasta ese momento, la ley establecía con claridad que la jubilación forzosa se declararía de oficio al cumplir los 65 años de edad, siempre que se cumplieran los requisitos exigidos por el régimen de la Seguridad Social aplicable.

La nueva redacción añadió, sin embargo, un párrafo clave: «No obstante lo anterior, alcanzada la citada edad por la persona titular de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, esta podrá permanecer en la situación de servicio activo mientras ostente dicho cargo, pasando a la situación de jubilación en el momento en que se produzca su cese por las causas establecidas en la normativa vigente». La consecuencia práctica de esta modificación es evidente: el DAO deja de estar sometido a una jubilación automática y pasa a depender exclusivamente de la voluntad del Gobierno, que puede mantenerlo indefinidamente en el puesto hasta que decida cesarlo.

Esta reforma ad hoc ha sido interpretada por distintas fuentes policiales como una maniobra para blindar la actual cúpula de Interior y asegurar el control de los resortes clave de la investigación policial. En ese contexto, sostienen, se encuadra el desarrollo del caso Plus Ultra y el modo en que se está conduciendo la investigación que, según estas fuentes, termina funcionando como un cortafuegos en torno a la figura de José Luis Rodríguez Zapatero.

Objetivo: proteger a Zapatero

Aunque por el momento existen vínculos documentados entre personas del entorno del expresidente y el detenido Julio Martínez Martínez —a quien los investigadores sitúan como presunto testaferro—, las fuentes consultadas temen que el recorrido judicial de la causa se vea limitado. Apuntan, en ese sentido, al precedente del caso Morodo. En aquel procedimiento, el condenado fue finalmente Raúl Morodo, exembajador de España en Venezuela durante el mandato de Zapatero, pero la investigación nunca escaló hacia responsabilidades políticas de mayor nivel.

Raúl Morodo acabó alcanzando un acuerdo con la Fiscalía por un fraude fiscal de aproximadamente 4,5 millones de euros relacionados con ingresos procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Aceptó una pena de diez meses de prisión y el pago de 1.475.000 euros en concepto de responsabilidad civil, beneficiándose de las atenuantes de confesión y reparación del daño. Su hijo, Alejo Morodo, aceptó asimismo una condena de dos años de cárcel. El foco judicial se cerró ahí. Sin embargo, el episodio más inquietante del caso fue la muerte de un directivo de PDVSA que tenía intención de confesar y «contar todo lo que sabía» ante la Audiencia Nacional. Apareció ahorcado apenas dos días antes de su declaración.

Las fuentes policiales consultadas sostienen que Zapatero ha demostrado a lo largo de los años una notable capacidad para neutralizar investigaciones que podían comprometerle, y consideran que aún podría estar en condiciones de hacerlo. «Cada uno obedece a los intereses de quien le ha puesto», resume una de ellas. «Marlaska no dirige el Ministerio. Ha delegado de facto la gestión de Interior en la gente de Zapatero, y todos los puestos clave están ocupados por personas de su máxima confianza», añaden. Desde dentro de la propia Policía Nacional, el diagnóstico es pesimista. «En estos momentos, yo confiaría más en la UCO que en la Policía», afirma una de estas fuentes. «La Policía está viciada, contaminada por la cloaca policial. El 90% del cuerpo son profesionales impecables, pero la cúpula está controlada por el entorno del expresidente». Un control que, advierten, puede acabar frustrando una investigación que, de otro modo, podría haber seguido un recorrido muy distinto.