El Gobierno destina cientos de miles de euros a varias fundaciones internacionales de Acciona

¿Les parece normal que una gran empresa española, dedicada a las energías renovables y con múltiples relaciones contractuales con los poderes públicos, tenga una red internacional de fundaciones presuntamente sin ánimo de lucro? Si la respuesta que les nace es un sí, les lanzo otra pregunta complementaria. ¿Les parece normal entonces que se hagan donaciones millonarias públicas a fondo perdido de lo destinado a cooperación para el desarrollo a estas fundaciones que dicen ‘no tener ánimo de lucro‘ para supuestamente realizar la misma labor a la que se dedica la empresa matriz? Para mí, la respuesta es un rotundo no. Esto está sucediendo con Acciona, y lo atribuyen a la cooperación internacional para el desarrollo de esta multinacional española.

Según la propia información de Acciona, esta iniciativa social del grupo está formada por organizaciones sin fines de lucro establecidas en varios países, todas bajo el paraguas de la Fundación acciona.org: la fundación corporativa de Acciona. Es decir, que Acciona no tiene varias ONG independientes, sino que opera su propia red de entidades sin ánimo de lucro vinculadas a su fundación corporativa en diferentes países. Estos entes están orientados supuestamente a proyectos de acceso a energía, agua y saneamiento en comunidades vulnerables. Estamos hablando de una red internacional de «entes sociales» dependiente de la empresa matriz muy bien financiada con dinero público perteneciente a la cooperación internacional para el desarrollo. En concreto, las entidades vinculadas incluyen filiales locales en al menos ocho países:

• Fundación acciona.org (España)
• Fundación acciona.org Chile.
• Fundación acciona.org México.
• Acciona Microenergía Panamá.
• Acciona.org Perú.
• Acciona.org Brasil.
• Acciona.org F. Philippines.
• Acciona.org F. South África.
• Fundación acciona.org Dominicana.

Entro en el análisis económico de una de esas sedes: la fundación acciona.org Foundation Philippines, creada en 2022 y vinculada directamente al grupo Acciona. Este ente ha recibido más de un millón de euros en subvenciones públicas españolas para proyectos energéticos en Filipinas, según datos oficiales del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones (BDNS). Las ayudas, concedidas por la Aecid (del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación), incluyen subvenciones de 320.100, 315.000, 262.500, 135.000 y 112.500 euros, todas ellas a fondo perdido (subvenciones dinerarias sin contraprestación), supuestamente y sobre el papel para la instalación de sistemas solares en zonas rurales del país asiático (Palawan y Cebú).

Aunque formalmente se trata de una ONG sin ánimo de lucro, el beneficiario de este dinero público pertenece al entramado corporativo de una de las mayores multinacionales españolas, con miles de millones de euros de facturación anual, que además usa estos entes para presuntamente «vender su producto» en los lugares mencionados. No pensemos ya en los turbios asuntos en los que presuntamente se ha visto envuelta (mordidas en contratos públicos, etc.).

La cuestión es evidente: ¿tiene sentido que una ONG vinculada a una gran empresa concentre este volumen de dinero público destinado a cooperación internacional? Me surgen dudas sobre la legalidad de esta situación, pero, aunque pudiera ser legal, las cifras obligan a abrir un debate sobre prioridades, criterios de reparto y concentración de fondos públicos, pues la situación es, en mi modesta opinión, claramente inmoral.

Hay muchas partidas de dinero público otorgadas a esta fundación para —presuntamente— el desarrollo de diversos proyectos por el mundo. Buscando datos publicados, he podido conocer uno de esos proyectos, que cito en estas líneas como ejemplo de los muchos que existen. Concretamente, menciono uno en México, consistente en «Agua potable y saneamiento» en Oaxaca. A esto se fueron, presuntamente, 890.000 euros públicos españoles enviados por la Aecid en 2024. Una vez más, parece usarse el etéreo concepto llamado «agua potable y saneamiento» para distribuir cantidades ingentes de dinero público sin un control o auditoría eficaz.