Estupor en la prisión de Estremera con el nuevo director por su polémico pasado en la cárcel

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) ha designado a Raúl Ors nuevo director del Centro Penitenciario Madrid VII, situado en la localidad madrileña de Estremera. El departamento dirigido por Ángel Luis Ortiz ha elegido a este funcionario, que hasta ahora era administrador en la prisión de Valencia, para relevar a José Ángel Laso, que fue destituido como responsable hace dos semanas tras un año y medio en el puesto y protagonizar distintas polémicas, entre ellas el trato de favor a su mujer, a la que dio distintos puestos de responsabilidad en el penal, tal como publicó THE OBJECTIVE. Una situación que creó gran malestar entre la plantilla de funcionarios. 

La llegada de Ors no ha eliminado el descontento entre el personal, por su polémico pasado en el centro madrileño. Este alto funcionario, graduado en Enfermería y Psicología, fue administrador de Madrid VII entre 2019 y 2021. Una época en la que, bajo la dirección de Enrique Valdivieso, se habrían cometido numerosas irregularidades en la prisión: presunto fraccionamiento de contratos, adjudicaciones directas a empresas vinculadas entre sí, facturación por servicios presuntamente no ejecutados, facturas emitidas con anterioridad a dichas adjudicaciones y una deliberada elusión de los procedimientos de control del gasto público. 

Distintos funcionarios denunciaron estos hechos ante la Inspección Penitenciaria, que tras tener conocimiento de los mismos abrió una información para investigar a todos los implicados; también al entonces administrador Raúl Ors. Según aseguran a este diario fuentes próximas al caso, Prisiones mantiene aparcada desde hace años esta investigación y nunca ha pasado a fase de expediente, es decir, no se ha avanzado en la misma ni se ha propuesto ninguna sanción contra los supuestos implicados. Estas mismas fuentes aseguran que en esa época se «producían constantes acosos y amenazas» contra los funcionarios para la gestión interesada de obras y suministros del centro.

El cese de Laso en Estremera

El paso de José Ángel Laso por el penal, que llegó en mayo de 2024, tras la salida de Valdivieso, cesado poco después de que un interno muriese a manos de su compañero de celda, Dilawar Choudhary, de 42 años, en prisión por el triple crimen de Morata de Tajuña (Madrid), tampoco fue agradable para muchos trabajadores. En octubre, este periódico publicó que Laso resolvió una comisión de servicios para una jefatura de interior en favor de su mujer, también funcionaria de prisiones, en contra del criterio que había aplicado ese momento en el centro. 

Fuentes penitenciarias señalaron que lo común en ese tipo de casos es que una vez se convocaba la plaza, se adjudicaba a la persona que desempeñaba previamente ese cargo. En este caso, la responsable llevaba dos años como jefa de servicios. Sin embargo, el director decidió darle el puesto a su esposa. En cualquier caso, esa jefatura no ha sido el único cargo que la citada funcionaria ha ostentado en la prisión de Estremera en el último año. También ha sido jefa de gabinete del director —esto es, de su marido— durante unos meses, cuando el puesto estaba vacante, así como otros en el área de administración. 

Mención honorífica

Por otro lado, el entonces director de Madrid VII distinguió el pasado mes de septiembre a su mujer con una «mención honorífica» por su labor en el centro en el Día de La Merced, la patrona de instituciones penitenciarias. Una distinción que no lleva aparejado ningún beneficio profesional, pero que, advirtieron fuentes del centro penitenciario, «fue la puntilla de una situación del todo surrealista», cuando la funcionaria, jefe de servicios de interior, apenas llevaba 12 meses en la prisión. Las concesiones del director generaron «gran enfado e indignación» entre la plantilla. Además, los presos habían mostrado recientemente su descontento por algunas medidas puestas en marcha por Laso.

Hace unas semanas, también denunciaron al responsable de Estremera ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por supuestamente ordenar destruir varios nidos de una especie de ave protegida del edificio de jefatura de la prisión. El escrito, al que tuvo acceso este diario, revelaba que los hechos ocurrieron el mismo día de la celebración de Instituciones Penitenciarias. El responsable mandó presuntamente limpiar las citadas instalaciones y en concreto varios nidos de golondrinas «porque ensuciaban los cristales». Una orden que se ejecutó poco después «usando una manguera contraincendios» y que provocó la eliminación de la mayoría de esas nidificaciones. Varios trabajadores, según detallaba la denuncia, fueron testigos.

La destrucción de estos nidos está prohibida por las legislaciones europea y nacional, y puede acarrear multas de hasta 200.000 euros, incluso si se encuentran deshabitados. Estas nidificaciones están protegidas por la Directiva Europea de Aves, así como distintas normas españolas, entre ellas la ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.