La Guardia Civil licita un macrocontrato para reforzar el control de la inmigración y los narcos

La Guardia Civil ha puesto en marcha una de las mayores licitaciones tecnológicas de los últimos años en el ámbito de la seguridad del Estado. El Ministerio del Interior ha activado un macrocontrato con un presupuesto superior a los 90 millones de euros para reforzar el control de la inmigración irregular y el del narcotráfico mediante sistemas avanzados de vigilancia, captación y análisis de información en las costas españolas.

A diferencia de las fases preliminares conocidas en meses anteriores, el procedimiento está en fase de licitación, según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público, lo que lo sitúa en una etapa decisiva desde el punto de vista operativo. El contrato prevé el suministro e integración de soluciones tecnológicas de alto nivel para mejorar la capacidad de detección, seguimiento y análisis de movimientos vinculados tanto a redes de narcotráfico como a flujos de inmigración irregular.

El alcance del expediente sitúa esta licitación entre las principales apuestas estructurales del Ministerio del Interior para modernizar los sistemas de control fronterizo y de lucha contra el crimen organizado. No se trata de una adquisición puntual, sino de un despliegue tecnológico de largo recorrido, concebido para reforzar de forma permanente las capacidades de la Guardia Civil en zonas de alta presión operativa.

Del control físico al dominio de la información

El contenido del pliego refleja un cambio de enfoque en la estrategia policial. El objetivo ya no es solo incrementar la presencia física o los medios materiales clásicos —patrulleras, vehículos y efectivos—, sino potenciar el control de la información, la integración de datos y el análisis avanzado de patrones de comportamiento.

Las organizaciones criminales que operan en el Estrecho han demostrado en los últimos años una notable capacidad de adaptación, apoyándose en estructuras fragmentadas, comunicaciones sofisticadas y una elevada movilidad. Frente a este escenario, Interior apuesta por sistemas capaces de cruzar información en tiempo casi real, mejorar la trazabilidad de movimientos y anticipar rutas y operativas emergentes.

Desde el punto de vista contractual, el volumen económico del macrocontrato abre la puerta a la participación de grandes integradores tecnológicos y empresas especializadas en soluciones de seguridad avanzada, lo que refuerza el carácter estratégico del expediente.

Un contexto de presión criminal sostenida

La activación de esta licitación se produce en un momento de intensificación de la presión policial en el sur peninsular. El estrecho de Gibraltar y su entorno inmediato concentran desde hace años buena parte de la actividad de redes dedicadas al tráfico de drogas, especialmente hachís y cocaína, así como a la inmigración irregular.

Las Fuerzas de Seguridad han venido alertando de la creciente profesionalización de estas organizaciones, muchas de ellas con conexiones internacionales y capacidad para operar simultáneamente en varios países. Este contexto explica la prioridad presupuestaria y operativa otorgada a la zona por el Ministerio del Interior.

Un segundo pliego para el Campo de Gibraltar

Al margen de este macrocontrato de alcance general, Interior ha adjudicado otro pliego específicamente orientado al Campo de Gibraltar. Se trata de un expediente independiente, con su propio objeto y tramitación, diseñado para reforzar la vigilancia en un territorio especialmente sensible y dificultar los movimientos de las mafias que operan en el Estrecho en un momento en el que las familias que controlan el negocio de la droga en Cádiz han multiplicado las rutas y han aumentado su violencia para proteger los alijos.

Este segundo contrato, de menor cuantía económica —630.000 euros—, pero alto valor operativo, está centrado en el suministro de sistemas de captación, posicionamiento y análisis de información y audio con destino a las unidades implicadas directamente en la lucha contra el narcotráfico en la zona. Su finalidad es mejorar la capacidad de detección y seguimiento en un entorno en el que las organizaciones criminales han incrementado su sofisticación técnica.

Según la documentación oficial, el expediente del Campo de Gibraltar responde a necesidades operativas concretas, con plazos de ejecución más cortos y procedimientos ajustados a la urgencia del despliegue. No sustituye ni forma parte del macrocontrato de 90 millones, pero se complementa con él dentro de una misma estrategia de refuerzo tecnológico.

Dos contratos, una estrategia común

La coexistencia de ambos expedientes refleja una doble lógica de actuación por parte del Ministerio del Interior. Por un lado, un contrato de gran escala, concebido como refuerzo estructural y transversal de las capacidades tecnológicas de la Guardia Civil. Por otro, pliegos específicos y focalizados, dirigidos a zonas críticas donde la presión criminal exige respuestas inmediatas.

Esta combinación permite cubrir tanto las necesidades de largo plazo como las urgencias operativas, sin renunciar a la flexibilidad que requiere la lucha contra organizaciones altamente dinámicas. Desde el punto de vista presupuestario, consolida además al Estrecho como una de las principales prioridades en materia de seguridad.

Tecnología, control y supervisión

El despliegue de sistemas avanzados de vigilancia y análisis plantea también retos en términos de control y supervisión, especialmente en lo relativo al tratamiento de información sensible. La ejecución de estos contratos estará sujeta a los mecanismos habituales de fiscalización y a los límites establecidos por la legislación vigente en materia de protección de datos y garantías legales.

En un contexto de creciente inversión en seguridad, el equilibrio entre eficacia operativa y control democrático se convierte en un elemento central del debate. Esta licitación marca un nuevo paso en esa dirección, con un peso presupuestario que previsiblemente atraerá la atención tanto de los órganos de control como del ámbito político.