Un informe de Villarejo afirma que Sánchez usó las saunas para chantajear al exministro 'J. B.'

Un documento policial confidencial, elaborado el 9 de noviembre de 2014 por el comisario José Manuel Villarejo en el marco de las investigaciones internas de la Policía Nacional, alerta sobre la implicación de Pedro Sánchez en la gestión de saunas vinculadas a la familia de su esposa, Begoña Gómez, y sobre el uso presuntamente estratégico de grabaciones comprometedoras de altos cargos del PSOE. Se trata de uno de los documentos que forman parte del caso Villarejo y que Sánchez temía que saliera a la luz, junto a las grabaciones hechas en el interior de las saunas.

THE OBJECTIVE ha tenido acceso a la nota, cuyo contenido se apoya, según el propio documento, en datos recabados por agentes de Asuntos Internos a través de seguimientos, vigilancias discretas y fuentes humanas, muchas de ellas procedentes del propio entorno socialista. Doce años después, una parte sustancial de los extremos que recoge el informe —desde las sociedades mercantiles que utilizaba el suegro de Sánchez hasta la adquisición del piso de Aluche mediante una hipoteca bonificada de Caja Madrid— han podido ser verificados documentalmente.

El informe sitúa el origen de los hechos antes incluso del matrimonio de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en 2006. «Estas fuentes cuya información ha resultado extremadamente preocupante han señalado que Pedro Sánchez, a partir de su unión con Begoña Gómez, antes incluso del matrimonio, ya conocía que en alguna de las saunas que manejaba el suegro se realizaban grabaciones del ámbito político de todo tipo», señala textualmente la nota. Según el documento, los sistemas de grabación permanecían instalados en los locales y el material no se recogía hasta el día siguiente, lo que —según advierten las fuentes citadas— impedía garantizar que los propietarios de los establecimientos no conservaran copias antes de entregar las cintas o archivos originales. «Los encargados de ello no podían asegurar que antes de hacerle llegar la filmación comprometida no hicieran los dueños de los locales una copia de la misma», añade el texto.

Grabaciones de dirigentes socialistas

Uno de los pasajes más delicados del informe apunta directamente a la supuesta existencia de grabaciones que afectarían no solo a adversarios políticos o a figuras vinculadas al independentismo o al entorno abertzale, sino también a altos cargos del propio PSOE. «La información aportada por estas fuentes insiste en que Pedro Sánchez, además de las grabaciones de sujetos políticamente independentistas y/o vinculados a organizaciones vascas de pasado terrorista, se guardó copias de significativos altos cargos socialistas que frecuentaban, entre otras, la sauna Adán».

El documento va más allá y sostiene que algunas de esas grabaciones corresponderían a dirigentes que, a partir de 2004, pasaron a formar parte del Ejecutivo. En concreto, menciona a «dos con las mismas iniciales JB», cuyas grabaciones comprometedoras habrían sido utilizadas, siempre según el informe, para que Sánchez «se vinculase con ambos y ascendiera de manera significativa en la estructura socialista hasta conseguir el puesto de secretario general del PSOE».

La ‘Operación Campamento’ y el piso de Aluche

El informe introduce además una conexión directa entre esas supuestas grabaciones y la adquisición del piso que Pedro Sánchez y Begoña Gómez compraron en 2005 en el barrio madrileño de Aluche, colindante con los terrenos militares de Campamento. «Estas fuentes socialistas señalan la curiosa coincidencia de que poco antes de contraer matrimonio en 2006, con ocasión de alguna de esas grabaciones comprometedoras, gracias a la información privilegiada que obtuvo de todo el proyecto que suponía la llamada Operación Campamento, Pedro Sánchez y Begoña Gómez adquirieron a medias un inmueble en dicha zona», señala el documento.

Según la nota de Villarejo, la entrada para la compra del piso se habría realizado con dinero procedente de la familia de ella, mientras que el resto se financió mediante «una hipoteca de interés mínimo que Pedro Sánchez consiguió como consejero de Caja Madrid», una circunstancia que ha sido acreditada documentalmente en años posteriores cuando estalló la polémica en 2014. El inmueble, de 80 metros cuadrados, fue adquirido con un préstamo hipotecario firmado en septiembre de 2005 por importe de 293.700 euros, con una bonificación del 30% sobre el tipo de interés por la condición de Sánchez como miembro de la Asamblea General de Caja Madrid, cargo al que accedió por su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Esa hipoteca fue ampliada en 2008 hasta los 318.600 euros, manteniendo condiciones ventajosas en plena escalada del euríbor.

El informe sostiene que la operación inmobiliaria se revalorizó «automáticamente», al tratarse de una zona llamada a experimentar un fuerte desarrollo urbanístico con la futura liberalización de los terrenos del Ministerio de Defensa, algo que terminó materializándose años después con el impulso definitivo de la Operación Campamento ya bajo el mandato de Sánchez como presidente del Gobierno. Aunque el documento no identifica explícitamente a las personas a las que se refiere, el contexto temporal y político descrito en la nota —Gobiernos socialistas, Ministerio de Defensa y poder orgánico interno— permite apuntar, según fuentes conocedoras del contenido del informe, a José Bono, exministro de Defensa y una de las figuras más influyentes del PSOE durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.

Sociedades, saunas y dinero en efectivo

La nota de Villarejo enlaza estos hechos con la estructura societaria utilizada por la familia de Begoña Gómez para explotar las saunas, entre ellas RE121 SL y San Bernardo 36 SL, sociedades que, pese a figurar oficialmente como negocios de hostelería, operaban en la práctica como locales de carácter sexual. Parte de estos extremos —incluida la utilización de dichas mercantiles— han sido confirmados a través del Registro Mercantil y documentación administrativa. El informe se suma así a otros documentos policiales y testimonios posteriores que apuntan a la existencia de grabaciones hechas en esos locales y a la presunta utilización de ese material como herramienta de presión, captación de confidentes o protección frente a investigaciones.

Finalmente, el documento concluye con una advertencia operativa. Villarejo califica a Pedro Sánchez como «un sujeto muy escurridizo» y recomienda que los equipos de seguimiento empleados hasta entonces por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional sean sustituidos por otras unidades «más experimentadas», pese a la «habitual buena predisposición» de su entonces jefe, Marcelino Martín-Blas, y a sus «excelentes relaciones» con los mandos del CNI.