Los 'influencers' críticos con el Gobierno ven un intento de «censura» en la ley de rectificación
Bolaños quiere obligar a los creadores de contenido de más de 100.000 seguidores a rectificar a petición del afectado
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. | EP
El Gobierno ha anunciado este martes que remite al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho a la Rectificación, que incluye, entre otras medidas, la posibilidad de que los influencers rectifiquen informaciones en un plazo de tres días siempre y cuando la persona afectada lo solicite. Los creadores de contenido a los que se aplicaría la norma son aquellos que aglutinan más de 100.000 seguidores en una red social o más de 200.000 si tienen presencia en más de una plataforma. Afectaría en total a más de 12.000 influencers españoles.
Muchos de ellos, sobre todo los que son más críticos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, perciben con recelo esta iniciativa. Intuyen que se trata de una medida que, bajo un manto de protección del derecho al honor y para combatir las fake news, busca en realidad «la censura». El abogado Jesús Santorio, conocido como Sr. Liberal en X, considera que «el Gobierno no trata de combatir bulos, sino de establecer herramientas de censura digital contra las voces críticas que no puede controlar»: «Es una forma de silenciar a quienes denuncian corrupción y abusos de poder».
«Es una aberración jurídica que le da más poder al Estado sobre el individuo porque es quien decide los criterios de rectificación, además de equiparar a un influencer con un gran medio de comunicación sin tener los mismos derechos ni la misma capacidad de defensa», considera Isaac Parejo, que tiene centenares de miles de seguidores en YouTube y X como Infovlogger. En declaraciones a THE OBJECTIVE, el influencer denuncia que se trata de «una forma de censura y autocensura a los influencers críticos para seguir avanzando en su agenda totalitaria».
«No somos medios»
Santorio afirma tener «una opinión muy crítica y negativa sobre la reforma del derecho de rectificación impulsada por Félix Bolaños, especialmente en lo que afecta a cuentas grandes en redes como la mía»: «No somos medios de comunicación, no tenemos sus recursos, ni queremos serlo. Somos activistas que precisamente nos hemos ganado la credibilidad de nuestros seguidores a base de compartir opiniones e información veraz frente al control de la información por parte de la mayoría de medios».
La norma equipara en cierto modo la labor de los medios de comunicación con la de los influencers, aunque es más restrictiva con los primeros. Por ejemplo, el plazo para enviar rectificaciones será de diez días para la prensa tradicional (antes eran siete) y de 20 para los medios online y los influencers. Una vez que el medio digital o el influencer accedan a publicar la rectificación, en el primer caso deberá llevarse a cabo en un nuevo enlace con relevancia similar a la información anterior; mientras que en el caso de las redes sociales, deberá publicarse junto a la primera información, en un lugar visible.
La norma también facilita los procedimientos judiciales en el caso de que el medio en cuestión o el influencer se nieguen a rectificar. Los afectados podrán interponer una demanda sucinta, es decir, sin necesidad de contratar abogado ni de que medie un procurador. Además, el tribunal podrá estimar parcialmente la reclamación, es decir, darle la razón al afectado en unas cuestiones aunque no en otras.
«Censura mediática»
«Hace unos días Ursula von der Leyen pedía la censura previa ante lo que ellos consideran informaciones falsas, pero lo cierto es que nunca mostró los mensajes de su teléfono privado con el dueño de Pfizer cuando compró 35.000 millones de euros en vacunas. Ahora Sánchez, el presidente más mentiroso de la historia de España, quiere poner la mordaza a los medios de comunicación libres, los que no vivimos del dinero público, al resto, ya les tiene comprados», considera Albert Castillón, el comunicador que suma más de 300.000 seguidores en su canal de YouTube Castillón Confidencial.
«Están descolocados porque en España el 56% se informa por YouTube y el 40% por redes sociales o digitales», abunda Castillón: «Los españoles ya saben que muchos medios oficiales les mienten a diario, todo cambió en pandemia y posteriormente con el Gobierno más corrupto de la democracia. No conseguirán con esta censura mediática frenar la verdad». La última palabra la tendrá el Congreso en un momento en que la legislatura agoniza por la falta de apoyos parlamentarios de Sánchez.