El PP recibe en Bruselas a policías y guardias civiles para impulsar una directiva que los blinde
La propuesta de directiva persigue una reivindicación histórica de los agentes: que se les reconozca profesión de riesgo
Una protesta policial sobre la jubilación digna de policías y guardias civiles. | EP
El Partido Popular Europeo (PPE) sigue avanzando en la directiva europea que blindará a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Una delegación del PP integrada por diversos dirigentes recibió el pasado miércoles en el Parlamento Europeo a todos los sindicatos y asociaciones representativos de Policía Nacional y Guardia Civil en el marco de la presentación de la citada norma, orientada a reforzar la protección laboral y reconocer oficialmente como profesiones de riesgo a diferentes colectivos clave para la seguridad en la Unión Europea. Además de funcionarios policiales, la directiva también incluye a otros colectivos: militares, funcionarios de prisiones y agentes operativos de aduanas y fronteras.
La propuesta legislativa tiene como objetivo establecer un marco común europeo que garantice derechos laborales, protección social y reconocimiento normativo a estos profesionales que se enfrentan a riesgos crecientes y excepcionales derivados del aumento significativo de la criminalidad organizada, el terrorismo y los conflictos violentos. Los sindicatos vienen denunciando que los agentes son, cada vez con mayor frecuencia, objetivo directo de agresiones que ponen en peligro su integridad física y su vida, lo que hace imprescindible un reconocimiento jurídico especifico a nivel europeo.
La directiva del PPE propone una armonización de derechos laborales de todos los Estados miembros, entre los cuales existen actualmente grandes diferencias. Entre las principales medidas contempladas en la norma destacan las compensaciones económicas por el desempeño de funciones en condiciones de riesgo; la reducción de la edad de jubilación sin merma en los derechos de pensión, y la reducción de la jornada laboral y medidas efectivas de conciliación de la vida familiar y profesional.
Asistencia médica y legal
Por otro lado, la directiva subraya la necesidad de que los profesionales tengan acceso inmediato a atención médica durante y después del servicio; programas específicos de prevención de riesgos para la salud física y mental; y asistencia psicológica especializada. Además, el PPE pretende que los Gobiernos europeos garanticen condiciones de trabajo seguridad, dignas y adecuadas; y sobre todo, proporcionen una asistencia legal gratuita en casos de agresiones, así como una protección jurídica en los procedimientos judiciales, habida cuenta de que se han dado numerosos casos en los que los agentes han denunciado sentirse olvidados e ignorados por el Estado frente a causas derivadas de su actividad profesional.
Esta normativa también contaría con mecanismos de control interno, de tal modo que se deberá realizar una recopilación trimestral de datos sobre agresiones y accidentes laborales, y con ellos, «remitir informes bianuales a la Comisión Europea sobre la aplicación de la directiva», según el comunicado facilitado por la mayoría de las organizaciones policiales. Además, «la norma también incluye una cláusula de no regresión, que impide la reducción de derechos laborales ya existentes y permite a los Estados miembros adoptar medidas más favorables, asegurando la coherencia con el acervo comunitario y la protección de derechos adicionales».
La Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial, bajo la que agrupan tres sindicatos de Policía y nueve asociaciones de Guardia Civil, valora «positivamente» la iniciativa, que en caso de aprobarse, supondría «un avance histórico en los derechos sociolaborales de los colectivos que garantizan la seguridad y la convivencia democrática en Europa».
Enmiendas a la propuesta
Jupol, uno de los sindicatos mayoritarios, ha presentado un paquete de 11 enmiendas técnicas a la propuesta de Directiva, estructuradas en tres grandes bloques. El primero de ellos se centra en el reconocimiento del riesgo y la compensación económica, con la propuesta de la creación de un Complemento Europeo Mínimo por Riesgo, de entre el 15% y el 25% de las retribuciones básicas, aplicable a todos los agentes en igualdad de condiciones.
El segundo bloque aborda la salud mental y la jubilación anticipada, y reclama el reconocimiento del trastorno de estrés postraumático y la depresión reactiva como enfermedades profesionales, así como medidas efectivas de prevención del suicidio. En este punto, Rivero ha recordado la sentencia histórica obtenida por Jupol en el Tribunal Supremo, que obliga al Ministerio del Interior a modificar la legislación para igualar las condiciones de jubilación de los policías nacionales con las del resto de cuerpos policiales, denunciando además la discriminación que aún sufren los agentes encuadrados en el sistema de clases pasivas.
El tercer bloque de enmiendas se centra en la operatividad y el cumplimiento efectivo de la Directiva, e incluye medidas concretas como la reducción de jornada en unidades de alto impacto, formación táctica común a nivel europeo y la creación de un Observatorio Europeo que supervise la aplicación real de la norma. Jupol ha reclamado, además, un plazo máximo de transposición de 12 meses y una cláusula de no regresión que impida recortes de derechos bajo el pretexto de la armonización europea.