La fiscal del beso a Rubiales será la misma que decidirá si investiga a Julio Iglesias

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se enfrenta a una decisión de alto voltaje jurídico y político que amenaza con tensionar su propia doctrina reciente. La teniente fiscal, Marta Durántez —la misma que ejerció la acusación contra Luis Rubiales por el beso a Jenny Hermoso— será quien deba resolver si el Ministerio Público presenta finalmente querella contra Julio Iglesias por las presuntas agresiones sexuales denunciadas por dos extrabajadoras del servicio doméstico del cantante, según ha podido saber THE OBJECTIVE. Una eventual decisión de judicializar el caso abriría una grieta evidente con los argumentos utilizados por la Fiscalía de Madrid para tumbar el denominado caso Salazar, archivado precisamente por falta de denuncia directa de las víctimas, ausencia de identificación formal y apoyo exclusivo en informaciones periodísticas.

El paralelismo entre ambos asuntos es difícil de ignorar. En el caso del ex alto cargo socialista Francisco Salazar, la Fiscalía Provincial de Madrid fue tajante: sin denuncia de la persona agraviada, sin víctimas identificadas y con una querella basada en testimonios anónimos publicados en prensa, la acción penal no podía prosperar. Ese mismo patrón —con matices— es el que se reproduce en el caso de Julio Iglesias, cuya investigación en la Audiencia Nacional se encuentra aún en fase preprocesal, sin causa judicial abierta y sin que conste, a día de hoy, una denuncia directa ante un juzgado por las mujeres que le acusan.

Sin embargo, a diferencia del caso Salazar, en el que el Ministerio Público optó por cerrar la puerta desde el inicio, en el entorno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se da por hecho que existe una voluntad clara de avanzar. Fuentes fiscales consultadas por THE OBJECTIVE subrayan que la investigación sobre Julio Iglesias «está viva» y que no se descarta la presentación de una querella por parte de la propia Fiscalía, una opción que supondría un giro relevante respecto al criterio aplicado en Madrid y que situaría a Marta Durántez en el centro de una decisión con importantes consecuencias institucionales.

La figura de Durántez no es menor en este contexto. La teniente fiscal fue la responsable de sostener la acusación contra Luis Rubiales en un procedimiento que marcó un antes y un después en la interpretación penal del consentimiento y en el papel de la Fiscalía en causas de fuerte impacto mediático. Su perfil, asociado a una línea activa del Ministerio Público en delitos contra la libertad sexual, refuerza la percepción de que el caso Julio Iglesias podría acabar judicializándose incluso en un escenario jurídicamente discutido.

Competencia y jurisdicción

Uno de los elementos más delicados del debate es el de la competencia territorial. Las presuntas agresiones atribuidas a Julio Iglesias se habrían producido en República Dominicana, país en el que el cantante residía de forma habitual durante los años señalados por las denunciantes. Aunque la Audiencia Nacional puede investigar delitos cometidos en el extranjero por ciudadanos españoles, fuentes de la Fiscalía advierten de que prevalece, como regla general, la jurisdicción del país en el que se cometieron los hechos.

«Lo lógico, desde un punto de vista técnico, sería que el asunto lo investigasen las autoridades dominicanas», señalan fuentes fiscales a este medio. En ese escenario, añaden, la actuación correcta de la Fiscalía española pasaría por recabar información de sus homólogos en República Dominicana para conocer si allí se ha abierto alguna investigación, si el caso fue archivado o si, sencillamente, nunca se presentó denuncia alguna. Solo a partir de esa respuesta debería valorarse la apertura de diligencias en España.

Ese paso previo, sin embargo, podría no llegar a producirse. Las mismas fuentes entienden que, a la vista del papel que ha asumido la Fiscalía en los últimos años en causas de alto impacto público, «no sería extraño que se optara por abrir diligencias en España sin esperar a una respuesta formal del país donde supuestamente ocurrieron los hechos». Una decisión que, de adoptarse, reforzaría la idea de un doble rasero respecto a otros procedimientos recientes.

Víctimas anónimas y denuncia inexistente

Al igual que en el caso Salazar, las mujeres que acusan a Julio Iglesias han mantenido su anonimato y han utilizado nombres ficticios para proteger su identidad. No consta que hayan interpuesto denuncia directa ante un juzgado ni que se hayan identificado formalmente en un procedimiento penal. La Fiscalía ha señalado que prevé tomarles declaración como testigos protegidos, momento en el que se produciría esa identificación, pero por ahora se trata de una hipótesis futura, no de un acto procesal consumado.

Ese matiz es clave. La Fiscalía de Madrid dejó claro en su informe sobre Salazar que no es procedente «imponer, mediante diligencias judiciales, la identificación de las supuestas víctimas contra su voluntad», ni sustituir su iniciativa procesal a partir de querellas de terceros o de informaciones periodísticas. Una doctrina que, aplicada de forma estricta, debería conducir al mismo desenlace en el caso de Julio Iglesias. La diferencia, de nuevo, no está tanto en los hechos conocidos como en la voluntad del Ministerio Público de empujar o no el procedimiento. Y ahí es donde la decisión de Marta Durántez adquiere una dimensión que trasciende el caso concreto del cantante.