Inquietud en la Policía: un decreto podría retrasar su jubilación hasta los 67 años

La reforma legislativa para que los policías nacionales puedan jubilarse voluntariamente a los 67 años podría estar más cerca que nunca de aprobarse. Siete meses después de que Interior descartase sacar adelante esta medida tras el no —aunque no rotundo— del Ministerio de Hacienda por su inviabilidad presupuestaria, el departamento dirigido por Grande-Marlaska podría estar ahora barajando incluir esta modificación en alguno de los decretos ley que el Gobierno tiene previsto convalidar en el Congreso en las próximas semanas, según revelan a THE OBJECTIVE diversas fuentes policiales. 

La inquietud se ha instalado en la Policía después de que la Dirección General publicase hace dos semanas la convocatoria de 60 vacantes para comisario y no lo hiciese para las 28 que hay previstas de comisario principal, el último escalafón y donde se aglutinan más mandos al borde de la edad de jubilación. La cúpula del cuerpo no ha dado ninguna explicación pese a que es la primera vez que las plazas no se publican al mismo tiempo, aseguran las mismas fuentes, que ven en este movimiento una forma de dilatar los plazos a la espera de que se apruebe la citada reforma y los comisarios principales puedan conservar su rango y puesto dos años más. 

Esta medida ha creado malestar entre policías y comisarios, habida cuenta de que los «ascensos se paralizarían» en caso de que los mandos se acogiesen a la prórroga. Además choca contra las aspiraciones de distintos sindicatos policiales, que reclaman desde hace años una «jubilación digna» para todos los agentes, esto es, de forma anticipada a los 59 años y sin pérdida de poder adquisitivo, para lo que reclaman ser reconocidos como profesión de riesgo. Si sale adelante la propuesta de Interior, que afectaría a unos 800 agentes al año, esta implicaría una reforma de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que fija la «jubilación forzosa» de los policías nacionales a los 65 años. 

Enfado en los sindicatos

Lo que también enfada a los sindicatos es que la Dirección General no haya informado ni contado en ningún momento con las organizaciones policiales para elaborar la propuesta en la que ha trabajado con sumo sigilo la Junta de Gobierno de la Policía durante al menos el último año. Los representantes sindicales de los agentes denuncian que el cambio legislativo se produciría sin equiparar la pensión con la de las policías autonómicas y locales, tal como establece el acuerdo de equiparación salarial sellado en 2018. 

La propuesta de la cúpula policial, que contó en todo momento con el respaldo del ministro del Interior, respondía a varias razones, argumentan fuentes policiales. La principal es que la experiencia y la inteligencia policial suponen un plus a la hora de desempeñar el trabajo, sobre todo en determinadas especialidades como antiterrorismo y crimen organizado. Y la otra, que muchos mandos pueden conservar sus puestos de alta responsabilidad en el Cuerpo. De hecho, esta reforma se intentó agilizar durante el pasado verano para que diversos comisarios principales pudiesen permanecer en la primera línea. Finalmente, no se logró. 

La fórmula del DAO

Ahora, sin embargo, parece más viable que la Policía saque adelante la propuesta. Tanto el director, Francisco Pardo, como su número dos, el director adjunto operativo (DAO), el comisario principal José Ángel González, lo están afirmando ya en distintos foros policiales, aseguran fuentes del Cuerpo. «No podemos perder talento senior», ha señalado internamente en alguna ocasión el propio Pardo. Desde la Dirección General admiten a THE OBJECTIVE que la reforma está sobre la mesa y «la decisión la tiene que tomar el Congreso de los Diputados». 

Lo que no está claro todavía es la forma legal con la que el Ministerio del Interior intentará materializar este cambio en el Congreso. Según revelan fuentes policiales, el plan inicial es introducir la reforma en uno de los decretos ley que el Ejecutivo tiene previsto aprobar en las próximas semanas, o incluir en cualquier proyecto de ley orgánica una disposición en la que se introduzca ese cambio. Fuentes policiales recuerdan que estas fueron las fórmulas con las que el Gobierno intentó colar el retraso de la jubilación del DAO de la Policía Nacional en noviembre de 2024.

Finalmente, lo logró con la primera, porque con la segunda —a través de la Ley de Movilidad Sostenible— los plazos se dilataban, de forma que la aprobación de la reforma era posterior a la jubilación del número dos del Cuerpo. De esta forma, el Gobierno justificó mantener indefinidamente en el puesto al comisario José Ángel González, en el segundo decreto de ayudas por la dana, bajo el pretexto de que el DAO resultaba una figura indispensable en el «despliegue policial para las labores de rescate y recuperación de las zonas afectadas». Según explican fuentes parlamentarias, también existe la opción de que se incorpore en algún real decreto, una vez se convalide en la Cámara baja, si algún partido pide que se tramite como proyecto de ley.