La empresa de las balizas de la Guardia Civil opera desde Países Bajos y estuvo embargada
El ministro Fernando Grande-Marlaska ha adjudicado un contrato de casi 750.000 euros a Blu Castle Iberia SL
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. | EP
En pleno despliegue de la nueva normativa de seguridad vial que obliga a los conductores a llevar balizas V16 conectadas, el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha adjudicado un contrato de casi 750.000 euros a Blu Castle Iberia SL, una sociedad con apenas empleados, que opera bajo la matriz Blu Castle SA, domiciliada en Países Bajos y que consta como el único accionista de la sociedad, según ha podido saber THE OBJECTIVE. El movimiento ha reavivado el debate sobre la transparencia en los procesos de contratación pública y sobre los beneficios fiscales que estas estructuras internacionales pueden aportar.
El contrato, formalizado bajo el expediente M/0015/A/25/2, fue tramitado por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil para el suministro de un mínimo de 17.000 balizas V16 conectadas, destinadas a diversas unidades del cuerpo en toda España. Según los datos publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público en diciembre, la adjudicación recayó en Blu Castle Iberia SL por un importe de 619.650 euros sin impuestos, lo que eleva el coste total a 749.776,5 euros con IVA incluido.
Lo que hace excepcional este contrato no es únicamente su cuantía, sino el perfil de la empresa adjudicataria. Blu Castle Iberia SL se constituyó en 2012 con un nombre y un objeto social completamente diferentes. Originalmente llamada Agrupados Nectar 6 SL, su actividad inicial se centraba en la promoción inmobiliaria. Apenas tres meses después, la sociedad cambió su denominación y reorientó su actividad hacia la fabricación y distribución de equipos tecnológicos y telecomunicaciones, abriendo así la puerta a su actual protagonismo en el mercado de balizas V16.
La empresa, además, incorpora a dos apoderados de origen chino con amplios poderes de representación, una configuración que sugiere que buena parte de la operativa y producción podrían estar externalizadas en Asia, práctica habitual en el sector tecnológico, pero que genera dudas sobre la supervisión efectiva y la capacidad real de gestión de la sociedad desde España. El administrador único de Blu Castle Iberia SL es Harold Charles Christian Fitch, ciudadano francés nacido en 1971, cuyo nombre aparece en los Papeles de Panamá como accionista de Galadreil International Ltd, una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas entre 2009 y 2015.
Si bien la presencia en estas filtraciones no implica ilegalidad, sí lo sitúa dentro de un ecosistema de estructuras offshore tradicionalmente utilizadas para canalizar operaciones internacionales u optimizar fiscalmente determinados negocios. En este sentido, el hecho de que la matriz Blu Castle SA esté domiciliada en Países Bajos no es irrelevante. Países Bajos ofrece ventajas fiscales que pueden incluir un régimen de tributación favorable para holdings, acceso a tratados internacionales para evitar la doble imposición y facilidades para la planificación financiera de operaciones multinacionales, beneficios que resultan más difíciles de aplicar desde España.
El pasado de Fitch en el sector tecnológico tampoco pasa desapercibido. Antes de liderar Blu Castle Iberia SL, fue director de Comtrend UK Limited, empresa británica del sector tecnológico, hasta su dimisión en 2011. Desde 2016, la compañía española Blu Castle Iberia SL —que tiene como socio único a la holandesa Blu Castle SA— tiene su domicilio social en un bajo de la calle Sancho Dávila 11 en Madrid, compartido con una gestoría y varias sociedades limitadas de actividades diversas. Paralelamente, la empresa promociona otra dirección, en la Avenida Victoria 25, aunque sin registro formal de cambio de domicilio, lo que añade un nivel de opacidad sobre su localización efectiva.
La adjudicación se produjo en un momento especialmente sensible. La nueva normativa de seguridad vial, vigente desde el 1 de enero, obliga a los conductores a sustituir los tradicionales triángulos de emergencia por balizas V16 conectadas, lo que ha generado un mercado estratégico y millonario en España. Interior justificó su decisión argumentando la necesidad de equipar a la Guardia Civil en pleno despliegue de la medida, aunque la elección no correspondió a la empresa que ofrecía el precio más bajo.
Embargo de la empresa
Los antecedentes de la empresa también añaden complejidad a la historia. Según el Boletín Oficial del Estado, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social notificó en octubre de 2022 un procedimiento de acta de liquidación contra Blu Castle Iberia SL, un acto administrativo que sustituye cualquier otro tipo de notificación y que obliga a la empresa a comparecer para conocer el contenido íntegro de la resolución. El anuncio, publicado por la Inspección Provincial de Madrid, se inscribe dentro de un expediente que evidencia que la empresa ha tenido problemas administrativos previos, incluyendo embargos que podrían afectar su capacidad financiera.
El modelo de baliza Helios V16, promocionado por Blu Castle Iberia, se presenta como compatible con los requisitos técnicos de la Dirección General de Tráfico y ha permitido a la empresa consolidar su imagen como proveedor confiable. Sin embargo, la combinación de una plantilla mínima, apoderados extranjeros, administrador vinculado a estructuras offshore y matriz en el extranjero genera dudas sobre la transparencia y la idoneidad de la adjudicación.
Expertos en contratación pública y fiscalidad advierten que la utilización de sociedades matrices en Países Bajos puede permitir optimizar la carga fiscal y agilizar operaciones internacionales, pero también plantea interrogantes sobre el control real de los recursos públicos y la trazabilidad de los fondos.