Los guardias civiles exigen a Marlaska frenar la declaración responsable para la regularización

Seis asociaciones representativas de la Guardia Civil han remitido una solicitud formal al ministro del Interior para que frene la modificación de la ley para la regularización masiva de medio millón de inmigrantes que contempla una declaración responsable de antecedentes penales para aquellos solicitantes que no logren probar este extremo. Las organizaciones advierten de que esta medida «deja sin efecto la garantía para la seguridad de la ciudadanía y genera un riesgo para los agentes de la autoridad». Además, señalan que es una «puerta abierta» para incorporar a la sociedad española a individuos que podrían haber cometido delitos muy graves en otros países.

El proyecto de Real Decreto, pactado por el Gobierno y Podemos, expone que si tras solicitar el certificado de antecedentes a su país de origen no se recibe respuesta en un mes, el solicitante podrá presentar una «declaración responsable» de inexistencia de antecedentes penales. Para las asociaciones firmantes del comunicado (Jucil, Unión de Oficiales, AUGC, AEGS, ASES-GC y la Asociación de Cabos), este mecanismo debe suprimirse del texto final, ya que supone admitir la regularización de personas sin ofrecer garantías reales sobre su pasado delictivo.

«Con carácter excepcional, si el interesado acreditase haber solicitado el certificado de antecedentes penales de las autoridades del país de origen o de aquel donde hubiera residido durante los últimos cinco años, y hubiera transcurrido un mes sin haberlo recibido, el Gobierno, previa solicitud al efecto, podrá recabar la información necesaria directamente de la autoridad del país correspondiente», recoge el texto del proyecto, que detalla: «En caso de no recibir dicha información en el plazo de un mes, la Administración comunicará esta circunstancia al interesado, que podrá presentar declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales. En ese caso, se entenderá […] que el interesado carece de antecedentes penales en los citados países».

En el documento remitido, las asociaciones solicitan formalmente que el Ministro del Interior, como máximo responsable de la seguridad, se oponga a la inclusión de este apartado en el Consejo de Ministros. Las seis organizaciones de agentes, todas ellas con representación en el Consejo de la Guardia Civil, defienden «que no se debe regularizar a ningún inmigrante que no acredite oficialmente, y no mediante una simple firma personal, la carencia de antecedentes penales en sus países de residencia anteriores».

Más de 500.000

Aunque la cifra ofrecida por el Gobierno es de 500.000 beneficiarios de la regularización, esta en realidad se aplicará a cientos de miles más. En primer lugar, porque la cifra está desactualizada, y remite a cuando se impulsó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). El propio colectivo que la promovió, Regularización Ya, avisa de que, según las cifras actuales, los potenciales beneficiarios pueden ser hasta 700.000 personas. Una cifra que otros estudios, como el de Funcas, elevan a casi 850.000. Y en segundo lugar, porque la regularización abre la puerta a la reagrupación familiar. En total, podríamos estar hablando de un millón de beneficiarios de la regularización.

Por lo expuesto, tanto PP como Vox han cargado contra el real decreto aprobado por el Ejecutivo y Podemos asegurando que va a generar un efecto llamada que va a desbordar los servicios públicos. Los de Santiago Abascal han ido más allá y hablan de que Pedro Sánchez busca una «sustitución electoral», Anuncian un recurso ante el Tribunal Supremo para suspender su aplicación, prevista para principios de abril.