El Gobierno ocultó durante un año el espionaje al teléfono móvil de Sánchez con Pegasus
Israel movilizó un avión a Málaga horas después del pinchazo para evaluar lo sucedido y hacer «contención de daños»
Pedro Sánchez hablando por su teléfono móvil en el Congreso. | EP
El 2 de mayo de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez admitió públicamente que los teléfonos del presidente y de sus ministros de Defensa e Interior habían sido espiados mediante el software de fabricación israelí Pegasus. El robo de información de los dispositivos, según la versión oficial ofrecida entonces por el Ejecutivo —y aún hoy vigente—, se produjo un año antes, en mayo de 2021. Sin embargo, según ha podido acreditar THE OBJECTIVE, Moncloa supo mucho antes que el móvil de Sánchez había sido espiado. Solo 48 horas después del ‘pinchazo’ a Sánchez, un avión privado israelí (con matrícula T7-CPX) vinculado a la compañía NSO, propietaria de Pegasus, aterrizó en Málaga procedente de Tel Aviv. Fue el primero de una intensa ronda de contactos con la inteligencia española para hacer una labor de «contención de daños».
Con esta información, cinco años después de aquel episodio de espionaje, THE OBJECTIVE inicia un serial en el que se conocerán datos sobre quién, cómo y qué información se le sustrajo al móvil de Pedro Sánchez. Y qué ocurrió apenas unas semanas antes del giro histórico en la política internacional que dio el líder socialista en la postura sobre el Sáhara Occidental para contentar —y aplacar— a Marruecos.
«Comparecemos ante ustedes para comunicarles que el Gobierno ha puesto en conocimiento de la Justicia dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, según los cuales los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus que, como saben ustedes, es una herramienta que permite acceder al contenido de los móviles». Así desveló el ministro Félix Bolaños aquel 2 de mayo de 2022, en una rueda de prensa convocada de urgencia a primera hora de la mañana, que alguien había accedido al teléfono de Sánchez y le había robado 2,73 gigabytes de información.
En aquella primera declaración, significativamente, no se habló del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, a quien —como se confirmaría posteriormente— también se le habían extraído 6,8 ‘gigas’ de datos (casi tres veces más material que a Sánchez).
El anuncio de esas «intrusiones consumadas», que Bolaños calificó de «ilegales», «ilícitas» y «externas», fue un shock en lo político. Llegaba tan sólo dos semanas después de que los entonces (y hoy) socios del Gobierno, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, denunciasen ante la Eurocámara que más de medio centenar de independentistas habían sido infectados y espiados por el spyware Pegasus.
Desde el independentismo catalán apuntaron directamente a Moncloa y al CNI (terminarían cobrándose el puesto de su entonces directora, Paz Esteban, tras obligarla a dar cuenta del espionaje ante la comisión de secretos oficiales del Congreso). Tras lo revelado por Bolaños aquel 2 de mayo, el Gobierno se situó en el papel de víctima de ese espionaje y dejó la puerta abierta a que el autor de ambas operaciones —la suya y la de los independentistas— fuese el mismo. Y «externo», como sinónimo de extranjero.
Lo supieron un año antes
El Gobierno señaló entonces que los pinchazos al presidente y varios ministros se habían detectado durante una revisión técnica de seguridad rutinaria de los dispositivos hecha por el Centro Criptológico Nacional «poco antes». Sin embargo, según ha podido constatar este periódico por el testimonio recabado de diversas fuentes del ámbito de la inteligencia, Moncloa lo supo mucho antes. En concreto, un año antes, apenas unas horas más tarde del primer robo de datos, que se produjo el 19 de mayo de 2021.
Las alarmas saltaron nada más producirse el incidente. Y no solo en España, sino también en Israel. Según explican las fuentes consultadas, lo ocurrido se trató como de extrema gravedad por dos circunstancias concurrentes: los objetivos del más alto nivel escogidos para el ataque (presidente y titulares de Defensa e Interior) y por el hecho de que la herramienta utilizada, Pegasus, sólo está disponible para su uso por parte de actores estatales. NSO Group, la empresa israelí fundada por exagentes del Mosad y otras agencias de inteligencia, solo lo vende a gobiernos. Por tanto, se trataba de un acto de espionaje de un país extranjero.
La reacción, tanto española como israelí, al primer pinchazo fue prácticamente inmediata. Y contundente. Así lo demuestra, explican las fuentes consultadas, el hecho de que un avión privado israelí estrechamente vinculado con operaciones de inteligencia viajase a España, concretamente a Málaga, en las horas posteriores al pinchazo. A bordo viajaba un equipo israelí al que se le había encomendado una misión de «contención de daños».
Un avión ‘especial’ en Málaga
Para comprender la importancia de la aeronave T7-CPX, que viajó a la Costa del Sol ese 20 de mayo de 2021 (un día después del espionaje a Sánchez), hay que avanzar en el tiempo hasta octubre de 2024. Y a Colombia. En aquel momento, el presidente Gustavo Petro, en plena ruptura diplomática con Israel, reveló que su antecesor, Iván Duque, había adquirido el software Pegasus por 11 millones de euros con fondos incautados al narcotráfico.
Para sustentar su acusación, Petro reveló con todo lujo de detalles la compra que figuraba en los expedientes de sus servicios secretos. Entre esos pormenores, se encontraba información sobre las aeronaves que viajaron a Bogotá para cerrar el trato, así como sus ocupantes. Fueron dos aeronaves, y una de ellas fue esta T7-CPX.
A bordo viajaban, según desveló el presidente colombiano sobre la base de información de su registro de fronteras, Ran Gonen, director de Seguridad de NSO Group (diseñador de Pegasus), y Oren Zion Maymon, director de Operaciones de la compañía israelí. Iban acompañados de dos ciudadanos israelíes que se identificaron como ingenieros de ciberseguridad de la firma. Parte de esa información fue ofrecida por Petro en una rueda de prensa.
La aeronave es un modelo Gulfstream G-IV SP, con número de serie 1481. Fue vendida en 2023, año hasta el que operó para la empresa Shino Aviation, muy vinculada a operaciones de los servicios de inteligencia israelíes. Es uno de los jets que utiliza Tel Aviv cuando la misión es especial y requiere de total discreción. Un ejemplo: en noviembre de 2020, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, viajó en secreto a Arabia Saudí para reunirse con el rey Mohammed bin Salman Al Saud. Iba acompañado del jefe del Mosad y del secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo. Lo hicieron, tal y como reflejó la prensa israelí, a bordo de esta misma aeronave T7-CPX que viajó a España 24 horas después del pinchazo con Pegasus.
Equipo de «contención de daños»
Volviendo a los días del pinchazo a Sánchez con Pegasus, esta misma aeronave T7-CPX apareció en el espacio aéreo malagueño el 20 de mayo de 2021, poco antes de las siete de la tarde. Había despegado al mediodía del aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv. Según las fuentes en inteligencia consultadas por THE OBJECTIVE, a bordo de esa aeronave viajaba un equipo técnico de NSO Group —y posiblemente emisarios de la inteligencia israelí— que llegaban a España tras decretarse la alerta por el pinchazo a Sánchez.
Su misión, explican, es lo que se conoce como una operación de contención de daños. Una vez ocurrido un desastre, como puede calificarse el hecho de que un cliente de Pegasus utilice esa herramienta para espiar a otro cliente —con el agravante de que ambos son Estados—, es necesario evitar que el asunto escale y vaya a mayores. Y eso, aseguran a TO, fue lo que hizo el equipo de NSO desplazado a España durante los seis días que permanecieron en Málaga, en los que se habrían reunido con representantes del Gobierno y la inteligencia española. El día 26 de mayo de 2021, la aeronave abandonó España rumbo a Israel.
Directivos de NSO, imputados
Esta misma semana se ha producido un hito en el asunto Pegasus y sus ramificaciones en España. Una juez ha imputado por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje al independentismo con Pegasus y Candiru (otro software espía), y ha citado también como investigada a la exdirectora del CNI Paz Esteban, que acumula con esta cinco imputaciones.
En un auto, la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona ha acordado imputar a los exdirectores de la Guardia Civil Félix Vicente Azón y María Gámez, a raíz de una querella presentada por cinco afectados, entre ellos el empresario Joan Matamala. La magistrada Miriam de Rosa Palacio citó asimismo en el auto como investigados a Paz Esteban y a varios directivos de NSO Group. Entre ellos, según ha sabido THE OBJECTIVE, figura uno de los que viajaron a España después del espionaje al móvil de Sánchez.