Montero liderará el reparto de ayudas tras el temporal en la precampaña de las andaluzas

María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, liderará el reparto de ayudas públicas tras el temporal que ha provocado graves daños en más de medio centenar de municipios andaluces, según los registros de incidencias elaborados por los servicios de emergencia. El procedimiento, que se prolongará durante semanas, ha arrancado bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior —encargado de activar la vía administrativa y tramitar los expedientes—, mientras que Hacienda asumirá la ejecución económica de los fondos destinados a compensar a los afectados.

Ese reparto de funciones sitúa a Montero en el núcleo financiero de la respuesta estatal en un momento políticamente sensible: Andalucía entra en la recta final de su legislatura. El calendario previsto, analizado por THE OBJECTIVE, sitúa la llegada de las primeras ayudas en paralelo al arranque del ciclo electoral. Esto introduce una dimensión política inevitable en una gestión que responde a procedimientos regulados.

El Ministerio del Interior ha habilitado el marco jurídico que permite a particulares, empresas y ayuntamientos acreditar daños personales y materiales derivados de lluvias intensas e inundaciones. Esta fase inicial es técnica: apertura de solicitudes, recopilación documental y validación de perjuicios a través del sistema de protección civil. Solo tras ese reconocimiento administrativo pueden activarse compensaciones económicas. El proceso exige coordinación con administraciones locales, informes periciales y comprobaciones que garantizan la trazabilidad de los fondos.

Calendario de ayudas por el temporal

El impacto del temporal ha sido amplio y ha ido más allá de daños puntuales. Las lluvias intensas obligaron a desalojos preventivos, cortes de carreteras secundarias y actuaciones de emergencia en distintos puntos de Andalucía, con repercusiones en infraestructuras municipales, explotaciones agrarias y equipamientos públicos. Las autoridades registraron cientos de incidencias relacionadas con inundaciones y anegaciones, lo que ha tensionado servicios locales y redes viarias durante varios días. Este balance preliminar explica tanto la apertura del procedimiento de ayudas como el volumen de expedientes que deberán tramitarse en las próximas semanas.

Una vez validados los daños, los expedientes pasan al circuito presupuestario. Hacienda debe habilitar un crédito extraordinario, asignar recursos y autorizar pagos efectivos, convirtiendo los expedientes certificados en transferencias reales. Este tramo es el que traduce la tramitación administrativa en impacto económico tangible para los municipios afectados. El calendario del procedimiento está marcado por plazos reglados: apertura de solicitudes en las semanas posteriores a la activación legal, evaluación técnica que puede prolongarse según el volumen de casos y, finalmente, liberación de fondos tras el cierre administrativo. Este ritmo responde a criterios de control presupuestario y verificación jurídica, habituales en ayudas por emergencia.

Ese esquema empuja previsiblemente los primeros desembolsos hacia la primavera de 2026. El mandato autonómico expira en junio, lo que obliga a convocar elecciones en las semanas previas. Así, la materialización de ayudas coincidirá con la precampaña, reforzando la visibilidad institucional de la responsable económica del Gobierno. No se trata de una alteración del calendario administrativo, sino de la superposición entre plazos reglados y ciclo político.

Montero, Ribera e Illa

Montero afrontará este proceso compatibilizando previsiblemente su cargo ministerial con su condición de candidata socialista a la Junta hasta la convocatoria oficial. Esta simultaneidad no es inédita: Salvador Illa mantuvo la cartera de Sanidad mientras concurría a las elecciones catalanas, y Teresa Ribera encabezó una candidatura europea sin abandonar responsabilidades gubernamentales. En ambos casos, la exposición institucional derivada del cargo formó parte del contexto electoral, situando la gestión pública bajo escrutinio político.

Los registros muestran que más de medio centenar de municipios sufrieron graves daños en infraestructuras locales, actividad agraria y servicios básicos. Para muchos ayuntamientos, estas ayudas son clave para restaurar equipamientos, reparar redes viarias y reactivar servicios esenciales. El volumen de expedientes anticipa un flujo administrativo exigente que requerirá coordinación entre Estado y entidades locales. La gestión de estas ayudas contribuirá a dar un respiro a Montero, que deberá enfrentarse en la campaña a su esquema de financiación autonómica, que premia a Cataluña.

Elecciones andaluzas

En paralelo, el presidente andaluz, Juanma Moreno, encara el final de legislatura desde una posición de estabilidad institucional, con importantes logros en materia económica y empleo. Moreno presenta un perfil moderado e institucional dentro del Partido Popular y ha evitado rentabilizar políticamente el accidente ferroviario de Adamuz y los temporales. Pese a todo, el auge de Vox constatado en Aragón y Extremadura pesará en su campaña. El reparto de ayudas y otras iniciativas de Hacienda que presentará Montero jugarán a favor del PSOE, en un contexto en el que el partido ha vuelto a optar por que un ministro compatibilice su cargo con una candidatura electoral.