Sánchez detonó el 'caso Pegasus' para liquidar a la directora del CNI como le pedía Puigdemont

Abril de 2022. El Gobierno de Pedro Sánchez acababa de solucionar de un plumazo su mayor crisis exterior, la que le enfrentaba desde hacía un año con el vecino Marruecos, con su giro inesperado sobre el Sahara Occidental. Culminaba así un año de enfrentamiento directo en el que se había producido un hito aún desconocido entonces para la opinión pública: el móvil del presidente había sido espiado con una herramienta informática llamada Pegasus. Moncloa, que lo supo horas después del incidente, lo ocultó hasta mayo de 2022. Ahora, fuentes de inteligencia califican aquello de «impostura» y recuerdan por qué el Gobierno decidió desvelar en ese momento lo que había tratado hasta entonces como un secreto de Estado. Todo fue un movimiento, apuntan, para justificar una purga en el CNI y aplacar a sus imprescindibles socios políticos, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, que acababan de descubrirse «espiados» con Pegasus por su ‘aliado’ Sánchez.

Las heridas en el mundo de la inteligencia se llevan con discreción, pero nunca se olvidan. Y una de las más profundas y recientes, que golpeó de lleno el orgullo interno del Centro Nacional de Inteligencia, fue que el Gobierno de Pedro Sánchez hubiese dejado expuesto el prestigio del centro para salvar el matchball de Pegasus con sus socios independentistas. Se les señaló por «errores» en la vigilancia de los dispositivos del presidente del Gobierno y sus ministros.

En abril de 2022, el centro de investigación canadiense Citizen Labs, del que luego se demostrarían vínculos con el independentismo catalán, desveló un informe que afirmaba que se había espiado a unos 60 dirigentes políticos y sociales catalanes. Se habían detectado en sus móviles huellas del programa espía israelí Pegasus, que solo pueden comprar clientes nacionales. Es decir, presuntamente, habían sido espiados (entre 2018 y 2020) por el Gobierno de su socio Pedro Sánchez. El Ejecutivo admitió espionaje sobre 18 personas vinculadas con el Tsunami Democràtic, todas ellas —como acreditó el CNI en el Congreso— con su correspondiente autorización judicial.

Sin embargo, la reacción del independentismo, que no hacía ni un año había celebrado los indultos, fue furibunda. Puigdemont fue el más contundente: «No se entendería que después de este escándalo continuase el apoyo a un Gobierno que forma parte de una organización criminal». El escándalo en ciernes era mayúsculo y amenazaba la supervivencia de la mayoría parlamentaria del PSOE.

13 días después, el Gobierno desveló lo que hasta entonces había guardado como un secreto de Estado: que los móviles de Sánchez, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles habían sido espiados. Moncloa difundió que lo había detectado «poco antes» en una revisión rutinaria de dispositivos realizada por el Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del CNI.

En aquella operación política, Moncloa no dudó en provocar la caída de una funcionaria con 39 años de experiencia en el Centro. Y no solo una funcionaria, sino la primera mujer en alcanzar el cargo de directora del CNI, Paz Esteban, que actualmente acumula cinco imputaciones por el presunto espionaje a miembros del independentismo catalán. Era su cabeza la que pedían Junts y ERC desde que se filtró el informe de espionaje al separatismo, que, como aseguran las fuentes consultadas, también habían pedido la cabeza de prácticamente todo el CNI.

La destitución de Esteban se produjo exactamente una semana después de hacer público el espionaje al móvil de Sánchez. El Gobierno destituía a Esteban hablando de «errores», pese a que la versión del Centro no apuntaba a ningún fallo en la cadena de vigilancia. Tampoco la auditoría del Centro Criptológico reveló anomalías. Lógico, ya que, como ahora apunta TO, Moncloa conoció el espionaje a Sánchez un año antes, apenas horas después del pinchazo. La empresa israelí NSO Group, de hecho, envió un avión con un equipo de respuesta ante incidentes.

Quinta imputación a Paz Esteban

Esta misma semana se ha producido un nuevo hito en el asunto Pegasus y sus ramificaciones en España. Una juez ha imputado por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje al independentismo con Pegasus y Candiru (otro software espía), y ha citado también como investigada a la exdirectora del CNI Paz Esteban, que acumula con esta cinco imputaciones.

En un auto, la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona ha acordado imputar a los exdirectores de la Guardia Civil Félix Vicente Azón y María Gámez, a raíz de una querella presentada por cinco afectados, entre ellos el empresario Joan Matamala. La magistrada Miriam de Rosa Palacio citó asimismo en el auto como investigados a Paz Esteban y a varios directivos de NSO Group. Entre ellos, según ha sabido THE OBJECTIVE, figura uno de los que viajaron a España después del espionaje al móvil de Sánchez.