La agente que denunció al ex DAO apunta a Marlaska y pide que investigue la Guardia Civil

La inspectora que se querelló contra el ex DAO de la Policía Nacional no se fía de sus compañeros. Su abogado ha entregado este viernes en el juzgado una grabación de 40 minutos, mensajes y partes médicos que acreditarían la agresión sexual que sufrió la agente en abril del año pasado. En caso de que estas pruebas sean impugnadas, solicita que la Guardia Civil se encargue del «cotejo, análisis forense y verificación» de su autoría y validez probatoria. La petición que pone en entredicho el papel del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que el pasado miércoles en el Congreso prometió dimitir si la presunta víctima «no se ha sentido protegida» o entendía que le había fallado. Como avanza este diario, su departamento no habilitó ningún canal interno para atenderla.

El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, David Maman, admitió a trámite el pasado martes una querella contra el ex DAO, José Ángel González Jiménez. El número dos de la Policía renunció a su cargo unas horas más tarde «para salvaguardar el honor» de la institución y ejercer su derecho a la defensa. Marlaska aseguró que no tuvo conocimiento de lo sucedido hasta que saltó el asunto a los medios de comunicación. Una versión de la que dudan en el Cuerpo, donde se maniobró para que el asunto no trascendiera.

 «Al mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, se le habría pedido la renuncia y el cese inmediato», aseguró Marlaska el miércoles en el Congreso. El PP se lanzó en tromba contra el ministro del Interior para pedir su dimisión, aunque este regateó la situación: «De la única persona que podré aceptar críticas es de la propia víctima; si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, yo sí que renunciaré, sí que dimitiré».

El futuro de Marlaska

El abogado Jorge Piedrafita reprochó a Markaska el pasado jueves en Antena 3 que pusiera su futuro en manos de su clienta: «Bastante hundida está y bastantes ataques está recibiendo como para que ella tenga que afrontar la decisión sobre si debe dimitir el ministro». También le recriminó que, aunque no supiera lo que estaba pasando, «hay cosas que te tienen que hacer sospechar», como el hecho de que no se controlara a un agente al que se le ha retirado el arma. Un día más tarde, el letrado reconoció que el dirigente socialista le había llamado y se había abierto un canal de comunicación con Interior.

La víctima relata en su querella varias cuestiones que dejan al descubierto la desprotección que sufrió desde que padeció la presunta violación en abril del año pasado. La inspectora alude en el escrito al que tuvo acceso THE OBJECTIVE a la presión psicológica que sufrió por parte de su jefe y presunto agresor durante meses y al temor a represalias. Explica que en esas coacciones intervinieron terceras personas, como el asesor del ex DAO, el comisario de Policía Óscar San Juan, que el pasado miércoles fue apartado del puesto.

La inspectora tuvo que incorporarse a un nuevo destino en el mismo edificio en el que trabaja su presunto agresor. La víctima comunicó en julio a la subdirectora Gema Barroso que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental, momento en el que se le retiró el arma reglamentaria y se le dio de baja laboral. El ex DAO habría maniobrado para mandar a la agenda a un destino dorado en el extranjero. Incluso hizo el encargo a Alicia Malo, jefa de la división de Cooperación Internacional.

Este diario relata este sábado en exclusiva que la Policía Nacional incumplió su propio protocolo y paralizó el proceso interno que debía haber puesto en marcha después de que la inspectora cogiese la baja laboral tres meses después de la presunta violación. Las fuentes policiales afirman que la víctima debía haber sido entrevistada por un equipo especializado de psicólogos en un plazo máximo de cinco semanas para realizarle una valoración, conocer las circunstancias de su estado de salud y dar parte a las autoridades en caso de advertir la comisión de un delito. Sin embargo, eso nunca ocurrió.

Presunta dejación de funciones

El servicio sociosanitario de la Policía, responsable del control del absentismo laboral, incurrió en una presunta dejación de funciones y evitó citar a la inspectora. La omisión de este protocolo impidió que se le hiciesen entrevistas, se aportasen informes médicos y psicológicos y pruebas objetivas a su caso y, en última instancia, que se elevara su expediente a Servicios Sanitarios Centrales, Tribunal Médico, Régimen Disciplinario o Asuntos Internos.

La presunta violación se remonta al 23 de abril del año pasado. La víctima, de guardia ese día, relata en la querella que recibió la orden de acudir con un vehículo camuflado a un restaurante en el que se encontraba el ex DAO. A continuación, le habría ordenado que le trasladara a su vivienda oficial, propiedad del Ministerio del Interior, donde se habría producido la agresión sexual con penetración. La inspectora reconoce que en el pasado había mantenido una relación afectiva con González Jiménez «caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder institucional».

«Esta situación de subordinación institucional fue sistemáticamente instrumentalizada por el querellado para generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima, quien en múltiples ocasiones manifestó su voluntad inequívoca de finalizar la relación, viéndose impedida para materializar efectivamente dicha decisión» por «la presión psicológica y el temor a represalias», indica la querella.

La querellante asegura que la relación acabó por decisión suya y que el ex DAO utilizó «recursos materiales y humanos del Cuerpo para mantener contacto y control sobre la víctima». La inspectora denuncia que recibió múltiples llamadas y ofrecimientos para comprar su silencio. Una estrategia en la que también habría intervenido San Juan. El comisario le contactó en julio para ofrecerle que eligiera «a qué destino/puesto de trabajo» quería ir, pero ella evitó responder. El entorno de González Jiménez niega la agresión sexual y vincula la denuncia a su negativa a acceder a varias peticiones de cambio de destino por parte de la presunta víctima.