El escándalo del ex DAO deja solo a Marlaska: pierde a su tercer cargo de confianza en un año

Si usted le pregunta a cualquier periodista que cubre la información del Ministerio del Interior con qué palabra resumiría los casi ocho años de su titular al frente del departamento, la respuesta sería sencilla: «escándalo». Desde que el magistrado de la Audiencia Nacional aterrizase en Interior, las polémicas se han sucedido casi de manera periódica. Atrás quedan la destitución ilegal del coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid; los asaltos —y tragedias— en las vallas de Melilla y Ceuta; las conversaciones de Prisiones con el entorno de ETA para beneficiar a presos de la banda; o el desmantelamiento de OCON Sur, la unidad de élite especializada en la lucha contra el narcotráfico, que criticó hasta la Fiscalía General del Estado. Una lista extensa, sí, pero a la que, mejor o peor, Fernando Grande-Marlaska ha sobrevivido.

Sin embargo, su último año ha marcado la diferencia y se ha convertido posiblemente en la peor etapa a la que el ministro ha hecho frente. La denuncia de una inspectora por una presunta agresión sexual contra el exdirector adjunto operativo, el comisario José Ángel González, ha puesto la puntilla. Con la dimisión de este exjefe policial, investigado por el Juzgado de la Mujer número 8 de Madrid, Grande-Marlaska ha perdido a su tercer cargo de confianza en menos de nueve meses. A González le precedió el pasado mes de septiembre el comisario jubilado José Antonio Rodríguez, más conocido como Lenin, al frente de la Dirección General de Coordinación y Estudios en el Ministerio. Y a este último, Rafael Pérez, que dimitió a finales de mayo como secretario de Estado de Seguridad. Los tres formaban parte de la cúpula de Interior desde la llegada del PSOE al Gobierno.

Esta semana muchos se han empeñado en defender que el ex DAO no era en realidad un cargo de la máxima confianza del ministro. Que había sido un nombre impuesto y no había apenas relación. Fuentes policiales explican que tal vez fuese así, pero únicamente durante sus primeros meses como máximo mando uniformado del Cuerpo. Pese a las diferencias en las formas, posteriormente la sintonía entre ambos ha sido total. Y la apuesta de Marlaska por él pudo verse hasta finales de 2024, cuando Interior coló en un decreto de ayudas para la dana la reforma que postergaba al DAO en el puesto de forma indefinida. El plan del Ministerio era ejecutar esto mucho antes. Al final, lo hizo a un mes de la jubilación del comisario bajo la excusa de que su papel resultaba crucial para coordinar el despliegue de efectivos en la tragedia de Valencia.

«Mantiene unida a toda la cúpula policial»

El Gobierno sacó adelante ese decreto incluso con el apoyo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Desde Interior y desde la Policía Nacional se justificó después que la permanencia de Jota, como se conocía al ex DAO, era crucial, ante la oleada de jubilaciones de comisarios principales que se iba a producir en 2025. Una de las promociones más numerosas. «No podemos permitirnos quedarnos sin un perfil con tanta experiencia. Y que además mantiene unida a toda la Junta del Gobierno», señalaron desde la Dirección General de la Policía. Hoy, en el Ministerio del Interior, claro está, puede que ya no piensen así, claro. Desde el equipo de Marlaska sostienen que «no sabía nada» y se enteraron de la denuncia por violación la tarde en que todo trascendió. «Ha sido una gran decepción», espetó el ministro el martes pasado en los pasillos del Congreso.

El escándalo del ex director adjunto operativo ha abierto una de las mayores crisis en la Policía. Interior ha abierto una investigación para saber hasta dónde llegó el encubrimiento de los hechos, más allá del asesor y mano derecha del ex DAO, que se ofreció a darle el puesto que quisiese a la víctima a cambio de que no denunciase la agresión sexual. Finalmente, el director adjunto operativo dimitió horas después de que el juez admitiese la denuncia a trámite «para salvaguardar el honor y la imagen de la Policía Nacional» y para «poder ejercer su legítimo derecho de defensa frente a las acusaciones», que el comisario niega tajantemente.

El ‘número tres’ de Marlaska

Las razones que llevaron al comisario José Antonio Rodríguez a dejar su puesto como director general de Coordinación y Estudios no fueron tan claras. Interior decidió relevar a su número tres tras siete años en el puesto y después de que incluso prolongase su periodo de servicio para que pudiese seguir ejerciendo pese a haber alcanzado la edad de jubilación. Desde el área de Grande-Marlaska no se dio ninguna explicación. Directamente, comunico quién sería su sustituto: el ex comisario general de Información Eugenio Pereiro Blanco, ex comisario general de Información de Policía Nacional.

Desde que llegó al departamento en junio de 2018, este comisario había gozado de la máxima confianza de Grande-Marlaska y ha sido una figura clave en el funcionamiento del Ministerio, habida cuenta de que dirigía el órgano que asesora a la Secretaría de Estado de Seguridad en la coordinación y supervisión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y estaba también detrás de cada decisión que toman las direcciones generales de Guardia Civil y Policía Nacional. Al tratarse de uno de los bastiones de Interior y tener, en un principio, el apoyo de Moncloa, por los cargos que había mantenido en el pasado con otros ministros del Interior socialistas, su salida sorprendió en distintos sectores policiales.

Por este motivo, fuentes policiales dieron por hecho que José Antonio Rodríguez se marchaba por su jubilación, al tener 69 años. Por otro, no obstante, se apuntó que no había terminado de encajar con la nueva secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, tras su llegada antes del verano. Al parecer, a Calvo no le gustó que Rodríguez entrase de lleno en la estrategia política del departamento y eso acabó con la salida de Lenin. Tampoco pasó inadvertido en ese momento que el comisario jubilado fue el alto cargo que tuvo que declarar como testigo ante el juez que instruye el denominado caso Koldo por el contrato de 3,6 millones de euros en mascarillas para las fuerzas de seguridad a una de las empresas de la trama. Durante su declaración admitió que facilitó a un subordinado el teléfono del propietario de la empresa de la trama, pero se desmarcó de la adjudicación de la compra. 

La conexión con el ‘caso Koldo’

La conexión con el caso Koldo también pudo haber sido la causa de la dimisión del ex número dos de Interior. Rafael Pérez puso fin a su etapa como secretario de Estado de Seguridad a finales de mayo del año pasado, después de siete años en el equipo más próximo de Grande-Marlaska. Antes había sido jefe de gabinete del ministro. El papel que jugó en este contrato de mascarillas, el entonces Pérez también le llevó a declarar como testigo en la comisión de investigación del Senado sobre el citado caso de corrupción. En la misma, admitió conocer a Koldo García, pero no aclaró si fue él quien propuso en el Ministerio comprar el material sanitario con Soluciones de Gestión SL.

Según publicó este periódico, la mano derecha de Marlaska y Koldo García atesoraban muy buena relación y se reunieron hasta en siete ocasiones en menos de seis meses, a raíz del contrato de las mascarillas. Desde el Ministerio siempre vincularon su salida a una decisión personal. Otras fuentes, en cambio, apuntaron al polémico contrato de balas para la Guardia Civil con una empresa de armamento de Israel que él mismo firmó pese a la prohibición expresa de Moncloa. 

Por otro lado, también resultó llamativo que el número dos de Interior dimitiese en pleno huracán con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por las presuntas maniobras que el entorno del PSOE habría tejido para desacreditar las investigaciones de esta unidad de élite que afectan al Gobierno y «acabar» con uno de sus principales mandos, el teniente coronel Antonio Balas, responsable del Departamento de Delincuencia Económica, según revelaron diversos audios. Horas antes de que Pérez dimitiese, todas las asociaciones profesionales de la Guardia Civil emitieron un comunicado reconociendo la labor de los agentes y censurando las injerencias políticas.