Defensa investigó a José Bono por sustraer documentos reservados durante su mandato

El exministro de Defensa José Bono, que ocupó la cartera entre 2004 y 2006, ha presumido en multitud de ocasiones de poseer un archivo propio de documentos e informes públicos obtenidos durante su carrera política. De hecho, llegó a cifrar esa ‘biblioteca’ personal en «117.000 documentos». Durante el último tramo del Gobierno de Mariano Rajoy, Defensa llegó a investigar al exministro para averiguar qué tipo de papeles podría haberse llevado y si estos estaban protegidos por algún nivel de clasificación. Bono, según concluyó la investigación, no se había llevado originales en su mayoría, sino fotocopias. Ninguna de sus órdenes a los servicios de reprografía quedó por escrito, aunque se sospecha que aún hoy el socialista tiene en su poder documentos de carácter reservado.

El paso de Bono por Defensa es recordado en el ministerio como una época en la que ciertas normas —escritas y no escritas— saltaron por los aires. Una de ellas, indican, fue la de dejar por escrito qué documentos eran fotocopiados, con qué motivo y cuál era su destino final. Con el socialista manchego, muchas de aquellas peticiones para realizar copias de informes y fotografías no quedaron por escrito. Así lo constató, explican fuentes militares a THE OBJECTIVE, la investigación que Defensa abrió sobre un posible episodio de sustracción de documentos reservados por parte de Bono.

La investigación interna data de 2017 y fue adelantada en su día por Confidencial Digital. Por aquel entonces, Bono había presumido en sus memorias de tener en su poder un fondo de miles de documentos procedentes de Defensa. Algunos, como relató en su libro Memorias de un ministro, los obtuvo según su versión «forzando» un archivador del Estado Mayor de la Defensa aprovechando la ausencia del JEMAD. De aquel incidente, sus protagonistas dejarían por escrito versiones alternativas a la del socialista manchego, como recogió TO recientemente.

Durante meses, en Defensa se revisaron los archivadores, secciones y áreas sobre las que había centrado la inusitada inquietud del entonces ministro por conocer papeles y fotografías. Según el testimonio de quienes fueron cuestionados por aquel entonces, en ocasiones Bono enviaba a por documentos a su edecán, su ayudante de campo, un militar que le acompañaba a todos sus actos. No a por los originales, sino a por fotocopias.

En ciertos casos, Bono no acreditó la «necesidad de saber», un concepto esencial para el acceso a documentos o informes con algún tipo de limitación (reservados, secretos o confidenciales). Es decir, que lo consultado no estaba en concordancia con su actividad o necesidades de información en ese momento. Los ministros, por razón de su cargo, tienen su propia Habilitación Personal de Seguridad (HPS) emitida por la Oficina Nacional de Seguridad dependiente del CNI (por aquel entonces bajo la jerarquía de Bono). Aun así, no todos los cargos políticos tienen la capacidad —explican las fuentes consultadas— para requerir cualquier documento de forma indiscriminada.

La investigación se cerró sin conclusiones ante la imposibilidad de probar que Bono se había llevado documentos reservados, a pesar de que él mismo había entregado centenares de ellos a la Fundación Pablo Iglesias. Además, aseguran las fuentes consultadas, el proceder de Bono dejó un agujero ‘legal’: el artículo 413 del Código Penal recoge que cometerá delito de sustracción de documentos oficiales quien «robe, destruya, inutilice u oculte» algún documento bajo su custodia. Se pena con uno a cuatro años de cárcel. Sin embargo, al realizar fotocopias, Bono no habría ni robado el original ni destruido, inutilizado u ocultado el documento. Por otra parte, cualquier delito de esa índole estaría completamente prescrito en 2026.

Asalto al despacho de un coronel

Existe la sospecha de que lo hizo para cubrirse las espaldas. Bono, años más tarde, cedió parte de esos fondos documentales a la Fundación Pablo Iglesias, pero conservó muchos otros. Sobre cómo los obtuvo existen testimonios significativos, como el del entonces coronel (luego general) Pardo de Donlebún.

Según dejó consignado el propio coronel en un documento al que tuvo acceso TO la pasada semana, el episodio se produjo en la sede del Estado Mayor de la Defensa y no habría ocurrido tal y como lo describe Bono en sus memorias, Diario de un ministro. En ese libro, el dirigente socialista relata que, pocos meses después de asumir el Ministerio tras la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero el 14 de marzo de 2004, acudió al Estado Mayor de la Defensa (EMAD) para exigir diversos informes y documentos relacionados con el Yak-42.

El incidente tuvo lugar el 13 de octubre de aquel año, un día después del primer acto del 12 de Octubre celebrado por el Ejecutivo de Zapatero y apenas dos semanas después de que Bono y el propio presidente se reunieran con la cúpula militar tras la Junta de Jefes de Estado Mayor.

En sus memorias, Bono sostiene que al presentarse en el EMAD para reclamar la documentación, se topó con un archivo cerrado con llave y con escasa colaboración por parte del personal militar presente. Según su relato, terminó «forzando» el archivador donde se guardaban los papeles para llevárselos, y afirma que aún hoy permanecen en su poder.

La versión del otro protagonista, el entonces coronel —posteriormente general de brigada de Infantería de Marina Pardo de Donlebún, hoy retirado— difiere de forma notable. Según dejó por escrito, el ministro acudió al EMAD para «recabar datos del Yakovlev», pero en realidad, «visiblemente alterado, asaltó mis propias dependencias, entrando como un elefante en una cacharrería y llevándose toda la documentación de manera indiscriminada». Añade que el exministro aprovechó que el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) se encontraba ausente para hacer la visita, acompañado de su director de gabinete.

«Lo que sucede a continuación es esperpéntico. El Sr. Ministro y su director de gabinete se lanzan al armario en cuestión y, de manera compulsiva, empiezan a extraer, sin orden ni concierto, cuantos documentos encontraron; prácticamente vaciaron el armario. Yo, perplejo ante la escena, le hice saber que todos esos documentos eran originales; que me indicara cuáles deseaba llevarse y yo mismo me ocuparía de que el gabinete de reprografía del EMAD los fotocopiara para remitírselos tras el preceptivo cotejo del interventor del EMAD, tal como hacíamos habitualmente cada vez que algún juzgado nos solicitaba documentación», señala el general.