El Gobierno difunde solo en inglés el acuerdo sobre Gibraltar pactado hace dos meses

El esperado texto del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el futuro de Gibraltar se distribuyó este jueves solo en su versión en inglés, después de que hayan pasado ocho meses de la fumata blanca en Bruselas y dos desde que se anunciara en la capital comunitaria que habían concluido las negociaciones técnicas.

Negociaciones que, por la parte europea, han estado lideradas por la Comisión Europea, pero en las que los diplomáticos españoles han estado trabajando codo con codo junto a los funcionarios comunitarios para que no se incluyese ninguna palabra o coma en un tratado «histórico», en palabras de José Manuel Albares, que pudiera favorecer a los intereses del Reino Unido en el contencioso con España. Bruselas no ha cerrado ningún artículo ni anexo sin el beneplácito del Gobierno español.

De ahí que haya sorprendido en círculos diplomáticos la divulgación de un texto de 1.034 páginas de gran complejidad técnica sin versión al castellano cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores cuenta con un equipo de traductores jurados de primer nivel. Y a menos de 50 días de la aplicación provisional del acuerdo y el desmantelamiento de los controles en la Verja. Unos pasos que se tienen que dar antes del 10 de abril.

Ese día se activa en todas sus fronteras exteriores de la UE un sistema de registro biométrico a todos los ciudadanos de fuera de la zona Schengen, por lo que las colas de gibraltareños que quieran cruzar a España aumentarían de forma considerable. Los cerca de 15.000 trabajadores españoles transfronterizos que trabajan a diario en el Peñón también se verían afectados por una medida británica idéntica como respuesta, de modo que a ninguna de las partes le interesaba llegar a esa fecha sin acuerdo.

El hecho de que Albares no haya distribuido una versión en castellano de un acuerdo político y diplomático tan importante para España ha soliviantado a políticos y funcionarios españoles que han pasado por Bruselas. «No se han debido enterar de que el español es idioma oficial de la UE. Parece que su interés porque lo sea el catalán les ha hecho olvidar el elemento más básico de nuestra política exterior: la defensa del español», plantea uno de ellos. Precisamente, existe una Dirección General del Español en el Mundo dentro de Exteriores y la propia Secretaría de Estado para Iberoamérica y el Caribe tiene la coletilla final de «y el Español en el Mundo».

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, se quejó de este hecho al criticar la «falta de operatividad» de Albares tras remitir a la Junta de Andalucía, la comarca del Campo de Gibraltar y los principales alcaldes españoles de la zona «un documento técnico jurídico de más de 1.000 páginas y redactado en inglés» que, a su juicio, «hace imposible conocer de inmediato cómo va a repercutir en nuestras relaciones y en la vida diaria de nuestros vecinos».

Las citadas fuentes sospechan que el retraso a la hora de publicar el texto del acuerdo, a menos de 50 días del 10 de abril, y el que no haya una versión en castellano busca «deliberadamente» postergar todo lo posible el decisivo voto en el Parlamento Europeo, donde los socialistas son la segunda fuerza y tendrán que buscar aliados. O, si se prefiere, que se produzca dicha votación «como un hecho consumado» tras varios meses de aplicación provisional del nuevo tratado en el que gibraltareños y españoles podrán tener plena libertad de movimientos sin enseñar un DNI o un pasaporte para cruzar de un lado al otro de la Verja.

Fuentes del PP ya advirtieron este jueves que «las prisas son malas» en la cuestión de Gibraltar. «La aplicación provisional, sin someterlo a las Cortes y marginando al primer partido de España como es el PP, busca evitar los nuevos sistemas de control fronterizo europeo que entrarán en vigor el 10 de abril», incidieron.

«Es una vergüenza que el Gobierno de Sánchez haya tenido secuestrado el texto del acuerdo de la UE con el Reino Unido sobre Gibraltar», se queja un eurodiputado del PP después de constatar cómo la Comisión Europea ha retrasado hasta el límite su publicación mientras el ministro principal de la Roca, Fabian Picardo, lo debatía desde hace varias semanas «a puerta cerrada» con las autoridades locales del Peñón. «Sin embargo, el ministro Albares no ha tenido a bien informar de su contenido a nadie. Hurtar el conocimiento y el debate sobre dicho acuerdo al PP y al resto de fuerzas políticas del arco parlamentario es una cacicada impropia de un país democrático», opina este representante popular.

«Lo que sí sabemos es que el Gobierno de Sánchez ha renunciado, en la mejor de las coyunturas posibles para hacer valer nuestros legítimos intereses, a la reivindicación histórica de España sobre la soberanía del Peñón, que conforme a Naciones Unidas sigue siendo un territorio no autónomo, pendiente de descolonización. De esta forma se perpetúa una colonia en territorio europeo, en este caso español», advierten desde el grupo popular español en la Eurocámara.

«Sánchez claudica para que las Cortes no decidan»

En Génova critican a Albares porque cualquier acuerdo sobre Gibraltar «debe ser debatido y votado en las Cortes por razones constitucionales y por sentido democrático». Para ello, se esgrime que «lo que afecta a los españoles se decide en el Parlamento español». Albares ya ha solicitado una comparecencia en este sentido, pero el Ejecutivo evitará someter a voto al tratado entre la UE y el Reino Unido para no arriesgarse a una derrota parlamentaria que comprometería casi seis años de negociaciones.

«El acuerdo dilapida la posición de ventaja que tenía España con el Brexit sobre la soberanía de Gibraltar. Sánchez claudica para que las Cortes no decidan. También quiere gobernar sin el Parlamento en este caso», hace hincapié la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo. Sobre la llamada «prosperidad común» que traerá al acuerdo a la colonia y la zona adyacente española, el PP considera que este concepto se menciona «exhaustivamente» en el texto, pero en ningún momento se detallan «inversiones, programas, qué transferencias se van a realizar… y algo muy importante: no cabe prosperidad compartida sin una equiparación fiscal». De ahí que el eurodiputado popular tilde dicho espacio de «fantasmagórico».

El PP ve varios «peligros añadidos»: el Reino Unido consigue que España asuma la base militar instalada en la colonia en un espacio, además, «ilegalmente ocupado», donde llegan y se reparan submarinos nucleares. «Y el colmo de la capitulación es que se pretende crear una empresa conjunta para gestionar el aeropuerto que puede constituirse en cualquier país de la UE […] menos en España», concluye el principal partido de la oposición.

Exteriores, por su parte, señaló en un comunicado que dicho tratado elimina la Verja, por lo que dejará de existir «el último muro físico de la Europa continental» —el otro está en la isla de Chipre, concretamente en Nicosia—, y garantiza la libre circulación de personas y mercancías. Además, establece un marco de cooperación fiscal, medioambiental y social, manteniendo «intacta» la posición española sobre la soberanía del territorio en disputa. «No habrá controles de pasaporte entre ambos territorios. España asumirá los controles Schengen en el aeropuerto y el puerto de Gibraltar. Asimismo, las autoridades españolas tendrán la última palabra sobre la emisión y renovación de los permisos de residencia», sobre todo en los de larga duración, ya que tendrá derecho de veto, subrayó el departamento de Albares.

El acuerdo incluye como principal novedad la presencia de agentes españoles en los controles fronterizos del aeropuerto y puerto de la Roca, así como la posibilidad de realizar «patrullas conjuntas» dentro de la colonia británica. Durante la negociación del acuerdo, se fijó en un primer momento el despliegue de Frontex junto a la Policía española en Gibraltar para realizar los controles fronterizos de entrada al espacio Schengen durante un periodo inicial de cuatro años. Sin embargo, en el texto final se ha eliminado toda mención a Frontex, por lo que no habrá agentes europeos en dichos controles, sino miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Un hecho inédito desde la pérdida del Peñón hace más de 300 años.