España bajo Sánchez: se multiplican los delitos más graves mientras la seguridad se derrumba

En un contexto donde la percepción de seguridad pública es un tema recurrente en el debate social, los datos del Ministerio del Interior ofrecen una visión cruda de la evolución de la criminalidad más grave. Según el Balance de Criminalidad correspondiente al cuarto trimestre de 2025, publicado el viernes 20, aunque escondido bajo el escándalo del exDAO, el total de infracciones penales en la categoría convencional —excluyendo ciberdelitos— se situó en 1.984.908 casos, lo que representa una ligera disminución del 3% respecto a 2017, cuando se registraron 2.045.784. Sin embargo, esta cifra global esconde un incremento notable en los delitos más graves, aquellos que afectan directamente a la integridad física y la libertad de las personas, revelando una degradación en aspectos clave de la seguridad ciudadana. 

Tomando 2017 como año de referencia, el anterior a la llegada de Pedro Sánchez al poder gracias a la moción de censura apoyada por un PNV que acababa de respaldar a Rajoy, al que acusó de una corrupción que ahora parece no existir, los homicidios dolosos y asesinatos consumados han pasado de 307 a 376, aumentando un 22,5%. Más preocupante aún es el salto en los intentos de homicidio, que lo hicieron en un 76,8%, pasando de 799 a 1.413. Estas cifras indican una mayor incidencia de violencia letal intencional. De manera similar, los delitos graves de lesiones y riñas tumultuarias (las que resultan en heridos de diversa consideración) se han elevado un 74,1%, alcanzando los 31.481 casos frente a los 18.086 de hace ocho años. Los secuestros, por su parte, han aumentado un 65,2%, de 69 a 114, un incremento que, pese a su bajo volumen, subraya vulnerabilidades en la protección de la libertad personal.

Uno de los aspectos más alarmantes es el repunte en los delitos contra la libertad sexual, que han crecido un 85,2%, pasando de 11.692 a 21.659 casos. Dentro de esta categoría, las agresiones sexuales con penetración han experimentado un incremento exponencial del 286,7%, de 1.387 a 5.363, mientras que el resto de delitos sexuales subieron un 58,1%, hasta los 16.296. Este fenómeno podría atribuirse, en parte, a una mayor propensión a denunciar gracias a campañas de sensibilización y cambios legislativos, pero también refleja un problema estructural que no puede ignorarse y, sin duda, también a la aplicación de una ley que ha soltado a más agresores sexuales que ninguna otra antes. Expertos y sindicatos policiales, como Jupol, han señalado que estos datos desmontan narrativas optimistas sobre la bajada general de la criminalidad, destacando que el descenso en delitos patrimoniales —como robos con fuerza en domicilios, que cayeron un 29,3%— compensa las subidas en categorías graves.

El tráfico de drogas, otro indicador vinculado a la violencia organizada, ha aumentado un 75,4%, de 12.958 a 22.731 casos, posiblemente influido por operaciones policiales más intensas, pero, también posiblemente, por el desmantelamiento de Ocon Sur, la unidad especializada en tráfico de drogas de la Guardia Civil, ordenada por el ministro del Interior en septiembre de 2022. En el panorama general, incluyendo cibercriminalidad, el total de infracciones en 2025 alcanzó los 2.474.156, un 0,8% más que en 2024, con la ciberdelincuencia creciendo un 5,3% hasta los 489.248 casos. La tasa de criminalidad convencional se mantiene en 40,4 delitos por mil habitantes, una de las más bajas en la serie histórica, lo que sugiere que España sigue siendo un país seguro en comparación con el resto de Europa. No obstante, el tercer año consecutivo de repuntes en delitos graves —como homicidios, que subieron un 7,7% respecto a 2024— apunta a desafíos persistentes.

Esta degradación selectiva en la seguridad no implica un colapso general, pero exige una respuesta equilibrada. Políticas preventivas, mayor inversión en fuerzas de seguridad y un análisis profundo de las causas subyacentes son esenciales para revertir estas tendencias. Los datos oficiales invitan a un debate informado, lejos de sensacionalismos, pero reconociendo que la protección de los derechos fundamentales requiere atención prioritaria. En última instancia, estos indicadores no sólo miden crímenes, sino el pulso de una sociedad que aspira a mayor cohesión y tranquilidad.