El Gobierno salvó 'in extremis' el macroproyecto de Forestalia que pide parar la Guardia Civil

El Gobierno salvó in extremis el mayor proyecto eólico de España. Lo hizo el 23 de julio de 2024, cuando autorizó el Clúster del Maestrazgo pese al informe ambiental negativo de la Comunidad Valenciana, de carácter vinculante. El megaproyecto ideado por Forestalia supera los 50 megavatios, por lo que su competencia es estatal. En casos como este, cuando el Ministerio de Transición Ecológica recibe un dictamen desfavorable de las regiones, suspende el procedimiento. Sin embargo, en esta ocasión se derivó de forma insólita a un órgano superior, el Consejo de Ministros, que acabó dando luz verde. La Guardia Civil ha pedido paralizar de forma cautelar su construcción tras los registros y detenciones del pasado martes.

El Clúster del Maestrazgo se extiende por las provincias de Teruel y Castellón. Forestalia comenzó el proyecto a principios de 2021 con una inversión prevista de 800 millones de euros y la creación de al menos 2.500 puestos de trabajo. La iniciativa incluye 20 parques eólicos con un total de 122 aerogeneradores de más de 200 metros de altura. De ellos, 84 se sitúan en la Red Natura 2000, creada para proteger la biodiversidad en ciertas áreas, y varias decenas dentro de una Zona de Sensibilidad Ambiental Máxima, según la definición de Transición Ecológica.

En septiembre de ese año, Forestalia remitió la solicitud para iniciar el proceso de evaluación de impacto ambiental al departamento entonces dirigido por Teresa Ribera, de quien dependía aprobar el proyecto. En ese momento ejercía como subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental Eugenio Domínguez, uno de los seis detenidos por presuntamente amañar permisos a favor de la empresa de Fernando Samper. Los hechos están siendo investigados por el Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción número 1 de Teruel.

Con un informe en contra

Domínguez se jubiló en junio de 2023, pero, para evitar su salida del ministerio, la actual comisaria europea lo contrató como asesor hasta diciembre. Los investigadores lo consideran clave para conceder las licencias. Empleados de Transición Ecológica explican a THE OBJECTIVE que todas las solicitudes salían adelante, pero que eso cambió cuando abandonó el cargo.

La causa tiene su origen en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos. Según los indicios recabados por los investigadores, Domínguez, uno de los altos cargos en el Ministerio de Transición Ecológica en la etapa de Ribera, pudo influir de manera irregular en la emisión de determinadas resoluciones ambientales, tal como adelantó este diario.

Domínguez se encontró con un obstáculo: el informe ambiental negativo al proyecto que elaboró la Comunidad Valenciana. Eso supuso que Transición Ecológica no tuviera capacidad para continuar con el proyecto de Forestalia, con una gran oposición social. Movimientos ciudadanos y Teruel Existe interpusieron denuncias porque suponía alterar el paisaje de una veintena de municipios y perjuicios a la flora y fauna de una de las zonas medioambientales del país, la Sierra del Maestrazgo, que incluye el Geoparque Mundial de la Unesco.

El Gobierno valenciano también presentó un recurso judicial en contra del proyecto. Hacía hincapié en que los delitos medioambientales no tienen reversión, por lo que era necesario pararlos antes de que se produzcan. La misma opinión que expresó Teruel Existe, que reclamó sin éxito a la Justicia detener la construcción del Clúster de Maestrazgo. Sin embargo, el asunto saltó al siguiente nivel, el Consejo de Ministros. Era la primera vez que un proyecto de estas características llegaba tan lejos.

Vendido por 500 millones

En España, toda instalación que supere los 50 megavatios, como es el caso del proyecto del Maestrazgo, la tramita el ministerio. Algo que ha empujado a muchas empresas a trocear sus macroproyectos para que sumen el límite exacto que les permite eludir el control. Algunos gobiernos regionales, muy permisivos con el despliegue de la energía renovable, han dado luz verde a este tipo de planes sin atender con gran rigor al impacto ambiental. Sin embargo, cuando uno se opone, Transición Ecológica debe detenerlo o elevar la cuestión a una entidad superior, el Consejo de Ministros, explican los técnicos a este diario.

Los afectados alertaron del peligro que suponía que el Gobierno autorizara la construcción del mayor proyecto eólico de España. Consideran que el asunto llegó al Consejo de Ministros porque detrás se encontraba Forestalia, que apenas dos años antes había conseguido una ayuda de 17,3 millones de euros de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides) ahora también se encuentra bajo sospecha. El asunto está judicializado en el caso SEPI, una trama para beneficiar a empresas a cambio de contraprestaciones económicas que, presuntamente, lideraba la exmilitante socialista Leire Díez.

El Consejo de Ministros abordó el Clúster del Maestrazgo el 23 de julio de 2024, solo dos días antes de que caducaran los plazos para el permiso de acceso al nudo de conexión del proyecto. Aunque se trata de un órgano colegiado cuyas deliberaciones son secretas, las fuentes consultadas por este diario afirman que los ministros de Sumar se mostraron en contra de autorizar la decisión. Días antes habían sido alertados de la situación por el diputado de la Chunta Aragonesista Jorge Pueyo.

Solo unos meses después, con la autorización en la mano, Forestalia vendió el proyecto por 500 millones de euros al fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). La intención era comenzar las obras en marzo. La Guardia Civil ha solicitado al juzgado que investiga a la empresa de Samper por presuntos delitos de prevaricación medioambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal que paralice las tareas de forma cautelar.