Ribera obligó a frenar un plan para aves en extinción que era incompatible con Forestalia
El proyecto del Maestrazgo recibió la autorización y paralizó la reintroducción del quebrantahuesos en Teruel
Aves volando en los alrededores de un molino eólico. | Europa Pressecoli
La comarca del Maestrazgo (Teruel) fue el escenario elegido por Forestalia para desplegar el mayor proyecto eólico de España hasta la fecha. La iniciativa, tal y como ha informado THE OBJECTIVE, salió adelante a pesar de tener informes negativos (y vinculantes) de la Generalitat Valenciana, también afectada por el macroproyecto. El Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera dio luz verde al plan a pesar de que afectaba directamente a un plan de reintroducción del buitre quebrantahuesos, una especie en peligro de extinción. Fue la primera vez que en España se paralizó un programa de suelta de ejemplares al chocar frontalmente con los intereses empresariales de la empresa de Fernando Samper.
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en 2023 la denominada Ley de Bienestar Animal. Esta normativa prohibía, entre muchas otras cosas, adquirir y tener como mascota un hámster o un conejo. La norma, impulsada por Podemos, decretaba otras situaciones cuando menos extrañas para el mundo del campo, como la obligación de que los perros pastor durmiesen bajo techo y no con los rebaños a los que cuidan, como han hecho durante milenios. Aquello se eliminó finalmente del texto, pero puso en pie de guerra al sector del campo y de la caza. Aquel mismo año, el Ejecutivo no tuvo tanto reparo con otra especie: el quebrantahuesos.
Esta ave carroñera, cuya existencia peligra en toda Europa por una drástica reducción de su población, encontró en Teruel un potencial refugio para su supervivencia. La UE impulsó un plan para reintroducir el quebrantahuesos en esta comarca aragonesa (así como en zonas de Andalucía y Picos de Europa). Áreas ecológicas protegidas de la denominada Red Natura 2000. Pero cuando el plan estaba en marcha y ya se habían soltado una docena de ejemplares en el Maestrazgo, un expediente administrativo se cruzó en el Ministerio de Transición Ecológica: el proyecto eólico de Forestalia.
Un subordinado de Ribera
El Ministerio de Ribera, hoy comisaria europea, aprobó la declaración de impacto ambiental que permitiría desplegar más de un centenar de aerogeneradores de casi 200 metros de altura en esa comarca turolense de enorme valor natural. Salió adelante desde el despacho de un alto cargo llamado Eugenio Domínguez, que en diciembre de 2022 dejó sellado que el proyecto de Forestalia no afectaba a la fauna local. Esta misma semana, fue detenido por la Guardia Civil por presuntamente allanar el terreno a esta empresa a cambio de acciones en diversas sociedades gestionadas por Forestalia.
La decisión del departamento de Ribera trastocó severamente los planes de la principal organización que llevaba a cabo la introducción del quebrantahuesos en esa comarca aragonesa. La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), cuyos técnicos coordinaban la reproducción y suelta de esta ave cuya supervivencia está amenazada, anunció que paralizaban su proyecto. Las sueltas eran incompatibles con el proyecto de Forestalia: estaban creando hábitats en el lugar exacto donde iban a instalarse los molinos, tras la luz verde de Transición Ecológica.
Los técnicos del proyecto advirtieron al Ministerio de Ribera que las simulaciones informáticas habían sacado conclusiones claras de la hipotética convivencia de los quebrantahuesos con los molinos de Forestalia: iban a volar a la misma altura que las palas de estos, y en los mismos collados donde estaría ubicado el centenar amplio de aerogeneradores.
El resultado de esas simulaciones de hábitat apuntaba a más de 700 colisiones y muertes contra los molinos por parte de las aves. Ante la constatación de que todo esfuerzo por salvar a esas aves iba a ser en vano, la FCQ decidió paralizar el proyecto. Fue, explicaron, la primera vez que un plan para salvar a una especie animal fracasaba al chocar frontalmente con los intereses de una empresa eólica, cuyo plan sería impulsado desde el Gobierno incluso con informes medioambientales negativos. Los impulsores de aquel plan, que luego se recuperaría cuando fracasó el proyecto de Forestalia (coincidiendo con la pérdida de sus padrinos políticos), apuntaban al Ministerio como causante de aquella situación.
Un pelotazo de 500 millones
El negocio eran las licencias, no los parques eólicos. Así explican fuentes del sector a THE OBJECTIVE el escenario que se abrió para Forestalia en el Ministerio de Transición Ecológica. Una lógica empresarial que se basaba en lograr declaraciones de impacto ambiental positivas por parte del Gobierno para la instalación de molinos eólicos en diversos puntos de España (principalmente Aragón) para luego vender esos derechos a otras empresas para que los construyesen.
En esos años, Forestalia se convirtió en una auténtica garantía de que los proyectos saldrían adelante. Incluso en zonas de la Red Natura 2000 o en áreas con especies animales protegidas. Fuentes del sector de las renovables cifran las potenciales ganancias de Forestalia y sus filiales durante esos años en miles de millones. Todo gracias a una sorprendente facilidad para obtener esas licencias ambientales que ahora ha pasado de sorprendente a sospechosa.
Forestalia, titular del proyecto al que el Gobierno acababa de dar autorización, mantendría las licencias medioambientales en sus manos durante poco tiempo. A finales de ese año, el proyecto pasó a manos del fondo de inversión danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Según las fuentes consultadas, esa maniobra generó un movimiento de unos 500 millones de euros en favor de la empresa de la familia Samper, cuyo patriarca fue detenido esta misma semana en la operación de la Guardia Civil.
El proyecto del Maestrazgo se presentó en Transición Ecológica en enero de 2021 con una inversión prevista de 800 millones de euros y la creación de al menos 2.500 puestos de trabajo. En septiembre de ese año remitió la solicitud para iniciar el proceso de evaluación de impacto ambiental a Transición Ecológica, de quien dependía aprobar el proyecto. La iniciativa incluye 20 parques eólicos con un total de 122 aerogeneradores. De ellos, 84 se sitúan en la Red Natura 2000, creada para proteger la biodiversidad en ciertas áreas, y varias decenas dentro de una Zona de Sensibilidad Ambiental Máxima, según la definición de Transición Ecológica.